La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han abierto un nuevo capítulo de la polémica acerca del plagio de su tesis de licenciatura. Un tribunal colegiado ha acabado este viernes con la suspensión solicitada por la ministra, que prohibía al ente universitario difundir anuncios sobre las investigaciones del plagio; sin embargo, minutos después, un juzgado de Ciudad de México ha notificado una segunda suspensión que obliga a detener de nuevo la difusión de las informaciones.
El Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón —una entidad perteneciente a la UNAM— fue la encargada de realizar un peritaje de la tesis de Esquivel, presentada en 1987. El organismo concluyó que el trabajo fue una copia “sustancial” de otra presentada en 1986 por el exalumno de la Facultad de Derecho Édgar Ulises Báez. En la comparativa, la FES valoró “elementos de construcción, desarrollo, estilo, contenido, temporalidad, congruencia y manejo de la información de ambas tesis, así como el análisis de los archivos físicos y digitales institucionales y la documentación exhibida por las partes involucradas”.
La polémica que comenzó a girar en torno a Esquivel no se quedó solo ahí. En febrero, EL PAÍS llevó a cabo un trabajo de investigación en el que pudo concluir que la ministra también plagió en su tesis del doctorado, presentada en 2009, con el que la Universidad Anáhuac le otorgó el grado de doctora. Su trabajo de titulación, en este caso, contó con el plagio de 209 de las 456 páginas que componían el trabajo. Esta tesis, Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa, mostraba contenido que correspondía a trabajos publicados anteriormente por 12 autores.
Los plagios de la ministra desembocaron un aluvión de críticas en su contra. Tres días después de la revelación de este diario, la comunidad académica presentó una carta firmada por 180 intelectuales, mexicanos y extranjeros, en la que rechazaban los argumentos del representante de la jueza. Alejandro Romano aseguraba que lo ocurrido con el trabajo fue un problema de “citación”. “Es un insulto al rigor, a la honestidad y a un trabajo intelectual que se ha venido construyendo a lo largo de siglos desde la academia”, apuntaba el escrito.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país
