La oposición al presidente francés, Emmanuel Macron, ha fracasado en su intento de anular la impopular reforma de las pensiones y derribar al Gobierno. La moción con más posibilidades de prosperar, auspiciada por un pequeño grupo de centristas y regionalistas y apoyada por la izquierda y la extrema derecha, obtuvo 278 votos y se quedó a nueve de los 287 de la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. La otra, presentada por el partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional, todavía con menos probabilidades de prosperar, fue respaldada más tarde solo por 94 votos.
Tras conocerse el resultado, se convocaron manifestaciones no autorizadas en París y otras ciudades. Algunas de estas protestas, como ha sucedido en los últimos días, acabaron con disturbios. La policía detuvo a 287 personas; de ellas 234 en París, según fuentes policiales citadas por la agencia France Presse.
El fracaso de las mociones de censura significará que, por ahora, la primera ministra, Élisabeth Borne, sigue en su cargo y que la ley que aumentará la edad de jubilación de los 62 a los 64 años ha superado el último obstáculo parlamentario. La oposición, tras un debate eléctrico en la Asamblea Nacional, no ha sumado votos suficientes en contra de la reforma, que habría caído automáticamente en caso de vencer la moción. Pero queda muy cerca, más de lo esperado. Le quedan otras vías para torpedear la ley: plantear recursos ante el Consejo Constitucional, lo que podría ocurrir desde este martes. Y recoger en un plazo de nueve meses los 4,87 millones de firmas necesarias para forzar la convocatoria de un referéndum, una opción más compleja legal y políticamente.
Que el resultado fuese tan ajustado es consecuencia de que 19 diputados de Los Republicanos (LR), el partido de la derecha tradicional, sumasen sus votos a la izquierda, la extrema derecha y los regionalistas y centristas. LR tiene en total 61 diputados. “¡Dimisión! ¡Dimisión!”, corearon, tras anunciarse el resultado, los diputados de La Francia Insumisa (LFI), primer partido de la coalición de izquierdas que integra a socialistas, ecologistas y comunistas. La izquierda ya había anunciado que no sumaría sus votos a la moción de Reagrupamiento Nacional. Los diputados macronistas salieron del hemiciclo con semblantes serios, pese a la victoria numérica.
El resultado no es motivo de celebración para Macron, inamovible en el cargo hasta el fin del segundo y último mandato, en 2027, pero a partir de ahora en peligro de convertirse en un pato cojo. Sí, ha dado un paso decisivo para promulgar la madre de todas las reformas, una promesa en la campaña que hace un año le llevó a la reelección, y ha demostrado que su ímpetu transformador no se ha agotado.
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Un país en contra
Pero el precio es elevado. El presidente se ha puesto al país en contra: el 70% de franceses rechazan la reforma. Ha ignorado a los sindicatos durante el proceso de discusión de la ley. Al recurrir, la semana pasada, al artículo 49.3 para imponerla sin pasar por el voto parlamentario, ha agravado el abismo que le separa de la opinión pública y ha alimentado las acusaciones de autoritarismo, aunque el procedimiento sea democrático y constitucional.
“Esta decisión [la aplicación del 49.3] es el apogeo de una negación de democracia inaceptable en su constancia y su desprecio por nuestras instituciones y nuestros cuerpos sociales”, dice el texto de la moción que obtuvo más votos. El texto de Le Pen afirmaba: “Mientras que los franceses se manifiestan masivamente en oposición a esta reforma, la representación nacional no ha podido votar en ningún momento este texto, lo que, pese a la legalidad del proceso, es un ataque a los principios democráticos”.
Macron, silencioso en las últimas semanas, podría tomar la palabra con un discurso a la nación en los próximos días. El domingo, en víspera de la votación, expresó en un mensaje a los presidentes de la Asamblea y el Senado su deseo de que “el texto sobre las pensiones pueda llegar hasta el final en su andadura democrática, respetándonos todos”, según el palacio del Elíseo. Los sindicatos y la oposición exigieron al presidente que retirase la ley.
El futuro de la primera ministra
La incógnita más inmediata es que ocurrirá con la primera ministra Borne, una tecnócrata adscrita al ala socialdemócrata del macronismo y en el cargo desde el pasado mayo. En Francia, al primer ministro lo llaman el fusible del presidente, el primero que salta cuando las cosas van mal dadas. Macron podría relevarla y cambiar el Gobierno para marcar el inicio de una nueva etapa. Pero no es seguro que lo haga enseguida. Y, en todo caso, seguirá teniendo el mismo problema que ha tenido con la reforma de las pensiones: los partidarios de Macron, aunque forman el primer grupo en la Asamblea Nacional, no tienen mayoría. A menos que formalicen un acuerdo con la derecha moderada, o una parte de ella, toparán de nuevo con el mismo problema: la falta de votos para aprobar cualquier iniciativa de calado.
Mientras tanto, el presidente afronta un país en tensión creciente. Desde que en enero Borne presentó el proyecto de ley, se han celebrado ya ocho jornadas de manifestaciones masivas convocadas por los sindicatos. El jueves será la siguiente. Las huelgas en sectores como las refinerías o el transporte continúan esta semana.
La indignación contra la reforma, que una mayoría de franceses considera injusta, se redobló el jueves pasado cuando el presidente decidió activar el artículo 49.3. Desde ese día, cada noche se producen altercados entre manifestantes y la policía en París y otras ciudades y se viven escenas de violencia (incendios, asaltos a edificios oficiales o a oficinas de parlamentarios). Existe el riesgo de una radicalización del movimiento social, que hasta la semana pasada fue ampliamente pacífico. El fantasma de los chalecos amarillos, la revuelta de 2018 y 2019, recorre de nuevo Francia.
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