El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el que habla de la presunta financiación irregular del PSPV durante las campañas de 2007 y 2008, y en el que deducen que fueron varias empresas las que se hicieron cargo de gastos electorales de esos años, ha provocado inquietud en el Gobierno valenciano a apenas a seis meses de que se celebren los próximos comicios autonómicos. Un auto dictado por la jueza que instruye el caso después de recibir este informe señala que la investigación sigue abierta por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación y falsedad documental, pero no cita ni la financiación irregular ni el posible delito electoral que se hubiera derivado de ella.
Aun así, la preocupación por el daño y el desgaste político es evidente. Sobre todo, entre filas socialistas, aunque este mismo viernes, la vicepresidenta del Consell y dirigente de Compromís, Aitana Mas, no ha dudado en manifestar igualmente su preocupación. Mas ha señalado que “a cualquier institución le ha de preocupar la corrupción” y ha hablado de aquellos años como de un “época muy negra” de la que, según ha dicho, “hemos aprendido mucho”. “Me preocuparía mucho más que ocurriera en un tiempo en el que ya hay mecanismos”, ha indicado, refiriéndose a los instrumentos de transparencia y a lo que ha denominado como “cortafuegos” para las corruptelas que se han puesto en marcha desde la llegada del Botánico a la Generalitat. “En 2008 no había ningún mecanismo. En ese momento, la opacidad era lo que reinaba”, ha añadido. Hace apenas dos días, el diputado de Podem, Ferran Martínez, llamó a los socialistas a “hacer autocrítica”.
El informe de la UCO ha sido aprovechado por el PP para tratar de desviar el principal foco de la trama, que se sitúa en sus propias filas, con el exvicealcalde del PP de Valencia, Alfonso Grau —número dos de Rita Barberá durante 20 años—, como uno de los principales implicados por el presunto cobro de dos millones de euros en mordidas, además de varios inmuebles, junto al cuñado de la propia Barberá, el abogado José María Corbín, al que la fiscalía le atribuye ser “comisionista” de las adjudicaciones que se realizado durante 10 años en el Ayuntamiento de Valencia, entre 2005 y 2015.
Sin embargo, entre los investigados también se encuentran dos socialistas destacados: el exconcejal del Ayuntamiento de capital y posteriormente subdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, y el exjefe de Finanzas de los socialistas valencianos, Pepe Cataluña. Sobre el primero recae la sospecha de haber cobrado 300.000 euros por su silencio, ya que en la época investigada era edil de la oposición. Sobre el segundo, la UCO le atribuye un “papel nuclear” en la obtención de fondos para el partido.
Según el informe, varias empresas adjudicatarias se hicieron cargo, a través de empresas interpuestas, de gastos electorales de los socialistas valencianos. La UCO se centra en una operación urbanística, proyectada en Jijona, que nunca llegó a acometerse.
Fuentes socialistas apelan a que el caso no tienen recorrido jurídico porque los delitos supuestamente cometidos, financiación irregular, no estaban tipificados en los años investigados, por lo que no se puede acusar de un delito que no existía. Este hecho respondería al porqué la jueza no imputa ese delito. Fuentes jurídicas explican además que, por ello, los agentes de la Guardia Civil buscan operaciones urbanísticas a las que vincular los supuestos pagos porque, de lograrlo, podrían señalar un delito de cohecho. “Aun así, a no ser que alguno de los empresarios lo reconozca, es un delito muy difícil de probar”, argumentan.
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En cualquier caso, los socialistas valencianos no ocultan la existencia de un daño político, en un momento en el que las encuestas les otorgan una intención de voto al límite para la consecución de un nuevo Gobierno del Botánico, junto a Compromís y a Podem. Estos, sus socios en el Consell, tampoco eluden el hecho de que, en el caso de que el caso tenga repercusión electoral en el PSPV, se complicaría la reedición de un tercer gobierno de coalición. Aun así, Aitana Mas ha hecho hincapié en que aunque en este momento “estamos respetando los tiempos judiciales, continuamos pensando que en cualquier caso de corrupción, quien la haga que la pague”.
