El polémico comisario de policía jubilado José Manuel Villarejo será el encargado de estrenar la tercera comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Kitchen, las cloacas políticas y policiales auspiciadas presuntamente desde el Ministerio del Interior contra adversarios políticos del PP durante el gobierno de Mariano Rajoy. Esta nueva investigación en el Congreso, que parecía abocada al fracaso, arrancará finalmente el próximo 10 de mayo, a dos días del inicio de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28-M, aunque inmediatamente suspenderá sus sesiones hasta después de los comicios. Pero lo hará descafeinada: los partidos sólo se han puesto de acuerdo en un listado de mínimos para las comparecencias, el que proponía el PNV, y citarán por tanto únicamente a Villarejo y al presidente de la Banca Andorrana, Higini Cierco i Noguer.
La comisión se volvió a reunir este martes en un clima ya muy preelectoral y con diferencias que aparecían insalvables entre los diversos partidos. El PSOE planteaba una lista de 23 comparecientes, fundamentalmente con cargos y mandos policiales de aquella época, pero en la que no figuraba Rajoy. Los socialistas han defendido hasta el final que para esta fase inicial de la comisión lo fundamental era saber qué altos cargos dieron las órdenes de investigar —fabricando incluso informes falsos— a rivales políticos del PP. Y centraron ahí sus peticiones, muy marcadas también por el límite temporal de este periodo de sesiones, que acaba en junio y que tiene en medio una campaña electoral en la que la comisión no funcionará.
Unidas Podemos, con el apoyo de otros socios habituales del PSOE en el Parlamento como ERC, EH Bildu, y también en esta ocasión de Junts y la CUP, sostenía que no se puede indagar sobre esas supuestas cloacas del Estado sin tener en cuenta las implicaciones de algunos representantes de medios de comunicación que se hicieron eco de esos informes falsos. ERC, en cualquier caso, como precisó su portavoz, Gabriel Rufián, aconsejó a los otros partidos del bloque progresista de investidura, como mal menor, que dejasen iniciar los trabajos de la comisión para intentar más tarde, según evolucionasen las revelaciones de las comparecencias iniciales, pedir otras nuevas. Esa postura posibilista de ERC, que había demandado de partida hasta 55 comparecencias, no caló en Unidas Podemos.
En su lista de comparecencias Unidas Podemos incluyó al expresidente Rajoy y también al exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, pero hacía especial hincapié en que pasaran por el Congreso periodistas o editores de medios como Antonio García Ferreras (La Sexta), Ana Terradillos (Cuatro), Eduardo Inda (OkDiario), Esteban Urreiztieta y Fernando Lázaro (El Mundo), Ana Pardo de Vera (Público) y Mauricio Casals (Grupo Atresmedia). El PSOE nunca vio bien convertir la comisión en un plató televisivo y un peregrinar de periodistas, por el temor a transformar las sesiones en un espectáculo mediático. Los socialistas ofrecieron a UP citar al exdirector de El Mundo David Jiménez, muy crítico con el funcionamiento de esas denominadas cloacas del Estado, pero Podemos exigió que estuvieran todos los demás representantes de los medios de comunicación.
Finalmente, el PSOE ha votado este martes —al igual que el PP, Vox y Ciudadanos— en contra de las comparecencias solicitadas por Unidas Podemos; y UP votó con el PP, Vox y Cs en contra de las propuestas de los socialistas, que se centraban en llamar a cargos policiales. La situación, tras varias semanas encallada, se encaminaba a un nuevo bloqueo y a una prórroga sin plazo fijo hasta que llegó a un acuerdo de mínimos: respaldar la lista del PNV, que sólo solicitaba dos comparecencias: la del comisario Villarejo y la del presidente de la Banca Andorrana, Higini Cierco i Noguer. Esa solución la respaldaron al final todos los grupos salvo la derecha parlamentaria.
El PNV y los partidos separatistas catalanes tienen interés en indagar en los pormenores revelados en los últimos meses a raíz de la publicación de las grabaciones secretas de Villarejo, pero también quieren profundizar en el presunto chantaje que esa policía patriótica del PP ejerció sobre los responsables de la ya extinta Banca Privada de Andorra (BPA) para que entregaran datos bancarios sobre líderes independentistas. Esa derivada, sobre la que hay una investigación judicial en marcha, salpica al expresidente Rajoy y a los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro.
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Esta solución salomónica para que eche a andar la comisión de investigación no agradó, en todo caso, ni al PSOE ni a Unidas Podemos, que se reprocharon mutuamente sus posturas inflexibles. La semana que viene los diputados destinados en esa comisión se reunirán de nuevo para debatir la posibilidad de acordar en el futuro, ya después de las elecciones del 28-M, nuevas comparecencias.
El ex ‘número dos’ de Interior acusa al PSOE y Podemos de aprovecharse de su acceso privilegiado al sumario
J. J. Gálvez
Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad y antigua mano derecha del exministro Jorge Fernández Díaz, ha pedido que se expulse a PSOE y Podemos de la causa abierta en la Audiencia Nacional sobre la Operación Kitchen, en la que ambas fuerzas políticas se encuentran personadas como acusación popular. El exdirigente del PP asegura que las dos formaciones usan su acceso privilegiado al sumario para impulsar “juicios paralelos” en la opinión pública e, incluso, tratar de presionar así a los tribunales. Martínez se encuentra procesado por esta operación parapolicial de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas, por la que afronta una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 15 años de cárcel. Sin embargo, Podemos ha solicitado 41 años de prisión para él; y el PSOE, 33 años y 3 meses de encierro.
En el escrito enviado al juez para pedir la expulsión de los dos partidos, al que tuvo acceso EL PAÍS, el ex secretario de Estado pone como ejemplo la puesta en marcha en el Congreso de la nueva comisión de investigación sobre Kitchen: “Por primera vez en la historia parlamentaria desde la aprobación de la Constitución de 1978, se han constituido dos comisiones de investigación en la misma legislatura con el mismo objeto”. “Es la prueba inequívoca de que, por parte de la mayoría parlamentaria, se pretende volver a utilizar las funciones parlamentarias en beneficio de quien también es parte procesal y dirige su acusación contra quien ha sido militante de un partido político rival y alto cargo nombrado por un Gobierno de ese mismo partido rival”.
El exdirigente del PP remacha que, “basta con leer las sesiones celebradas” en la anterior comisión, para “observar que los representantes de Podemos y el PSOE utilizaron información procedente” del sumario. “[Están] actuando en contra de los principios básicos del procedimiento judicial, provocando una distorsión y perversión del sistema judicial mediante la instrumentalización del proceso […] Más allá de un mero rédito electoralista, persiguen crear un clima de presión en los tribunales intentando asentar públicamente una condena social anticipada”, apostilla el escrito.
