La indignación por el accidente de tren en el que el pasado miércoles murieron al menos 57 personas se multiplica en Grecia. Una nueva jornada de movilización en protesta por lo que muchos sectores consideran negligencia de las autoridades para evitar accidentes como la colisión de dos trenes cerca de la ciudad de Larisa se ha sumado este viernes a la ampliación de la huelga del sector ferroviario del país, que ya dura dos días consecutivos. El malestar que este mediodía ha sacado a la calle a miles de personas en Atenas y la convocatoria de manifestaciones en al menos otras ocho ciudades griegas esta tarde —entre ellas, Tesalónica y Larisa— aumentan la presión sobre el Gobierno de Kyriakos Mitsotakis en pleno año electoral. Los comicios se prevén en primavera o, a más tardar, en verano.
La manifestación en el centro de Atenas ha sido convocada por asociaciones universitarias, un colectivo especialmente furioso por el accidente, muchas de cuyas víctimas eran estudiantes jóvenes que volvían de un puente festivo. La de este viernes está siendo la tercera jornada de protestas en la capital, después de que las manifestaciones de la víspera acabaran con enfrentamientos entre manifestantes y policía, tanto en Atenas como en Tesalónica. Ya el miércoles por la noche, cuando apenas habían transcurrido 24 horas de la que ya es la peor tragedia ferroviaria de la historia de Grecia, grupos de manifestantes lanzaron cócteles molotov a los agentes ante la sede de la compañía que opera los trenes griegos, Hellenic Train. La policía respondió con gas lacrimógeno.
Si el descontento de los jóvenes es grande, el de los sindicatos de ferroviarios no es menor. Los trabajadores de la que fuera compañía estatal griega de trenes, privatizada en 2017, no parecen tampoco dispuestos a rebajar la presión sobre el Gobierno por un accidente que el sector atribuye a lo que considera deficientes sistemas de seguridad y a la negligencia de las autoridades. El tren de pasajeros siniestrado el miércoles circulaba a gran velocidad y por la misma vía que el convoy de mercancías con el que chocó en Tempe, a 376 kilómetros al norte de Atenas.
En el comunicado en el que se anunciaba la ampliación a este viernes de la huelga que el jueves dejó sin servicio todas las rutas de Hellenic Train, la Federación Panhelénica de Ferrocarriles exige una reunión inmediata con el Ministerio de Transportes y los partidos políticos y les da un plazo de una semana. En esa cita, afirma la central sindical, les entregará copia de todas las cartas que han enviado durante años “a ministerios, administraciones y partidos políticos” alertando de las graves carencias en seguridad de los trenes griegos.
El texto advierte también al Ejecutivo griego de que el sindicato aspira a que la Administración se comprometa a un calendario para la instalación y puesta en marcha de medidas de seguridad ferroviaria. Los representantes de los trabajadores rechazan que se cargue toda la responsabilidad en el jefe de la estación de Larisa, el único detenido hasta el momento por el siniestro.
La federación del sector aduce que ese trabajador de 59 años tenía muy poca experiencia, apenas llevaba un mes en el cargo, y, a juicio del sindicato, no debería haber desempeñado en solitario una función tan importante en una de las estaciones con más tráfico del país. En su primera declaración ante el juez de instrucción este jueves, el hombre admitió haber cometido un error. Su letrado declaró luego al Efemeryda ton syndakton, el principal diario de izquierdas griego, que su representado “aceptaba su parte de responsabilidad, pero no puede asumir toda la carga”, en alusión también a los posibles fallos de seguridad de los trenes.
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscríbete
Stelios Sourlas, representante de la familia de una de las víctimas, ha subrayado también en declaraciones a los medios griegos que las “responsabilidades penales” no terminan en el jefe de estación. Explicó que sus representados, padre y madre de una joven de 23 años, fallecida en el siniestro, no tuvieron noticias de su hija durante dos días, hasta que finalmente se identificó el cuerpo. “La empresa no se ha puesto en contacto con nosotros, no ha aparecido nadie, nadie ha pedido perdón. La responsabilidad no es solo del jefe de estación, también hay responsabilidades penales en la empresa y en los superiores políticos”, subrayó.
“Patologías crónicas”
El Gobierno de Mitsotakis no se ha pronunciado hasta ahora en la discusión pública sobre las posibles responsabilidades políticas, alegando que hasta que terminen los tres días de luto oficial no es el momento adecuado para ese tipo de debate. El Ejecutivo griego sí ha reiterado que ya ha llegado a una “conclusión”: la del “trágico error humano”, que atribuye al jefe de estación detenido, pero también ha mencionado “patologías crónicas” de los ferrocarriles. La oposición alega que el Gobierno habla de fallos genéricos para evitar asumir responsabilidades concretas.
El Tribunal Supremo griego ha designado al fiscal Isidoros Dogiakos para dirigir la investigación judicial del accidente. Dogiakos ha asegurado a los medios griegos que se esforzará en identificar a los responsables “sean quienes sean y vengan de donde vengan”. También ha dado orden al jefe de la Fiscalía de Apelación de Larisa, la ciudad más cercana a Tempe, la localidad donde se produjo el choque de trenes, para que efectúe “una investigación exhaustiva, en todas las direcciones, mediante la instrucción inmediata de todas las pruebas relacionadas con la tragedia”. “Es la hora de la justicia” ha declarado Dogiakos, que ha añadido que no solo es necesario aclarar las responsabilidades penales de individuos específicos, sino que “se requiere una investigación completa” para “la atribución de responsabilidades en todos los sentidos”, en lo que se ha interpretado como una alusión a las responsabilidades políticas del accidente.
Mientras, los bomberos griegos han anunciado que este viernes concluirá la operación de desescombro de los tres primeros vagones del tren de pasajeros siniestrado, reducidos a un amasijo de hierros retorcidos y carbonizados. Esos vagones, los más afectados, que se incendiaron tras la violenta colisión, serán después trasladados a otro lugar, donde seguirán las tareas de inspección de la policía. El cuerpo de bomberos mantendrá en el lugar del accidente un retén de 35 agentes hasta que concluya la tarea de buscar restos humanos en lo que fueron coches de pasajeros y vagones de mercancías.
36 de los 57 fallecidos ya han sido identificados. Muchos cadáveres siguen sin nombre porque algunos están tan carbonizados que se les está identificando mediante pruebas de ADN. La confusión con respecto a la lista de 56 desaparecidos no se ha aclarado aún, pues persisten dudas en torno al número real de personas que viajaba en el tren. En la estación de Larisa, algunos pasajeros subieron y compraron su billete a los revisores, por lo que no existe constancia de su presencia en el tren ni figuran en la lista oficial de viajeros de 342 personas más el personal del tren. Al menos 38 heridos siguen hospitalizados y siete están en estado crítico, en la UCI. Todos son jóvenes en la veintena.
Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
Suscríbete para seguir leyendo
Lee sin límites
