Dentro del Cártel de Sinaloa, Ovidio Guzmán López (31 años) se convirtió en el nombre más notorio con calidad de indispensable para un Gobierno que necesita demostrar una estrategia precisa de combate al crimen organizado. Si un “golpe” pretendía asestar la autoridad federal de México, el joven hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, era el indicado. Sin peso prominente dentro de la mafiosa organización, pero con un apellido de abolengo criminal, eso es Ovidio.
Al junior del narco se le juntaron todos los males. Creó su tormenta perfecta. Dentro de la célula de “Los Menores”, como se hacen llamar los hijos de El Chapo, además de “La Chapiza”, el entramado lo teje Iván Archivaldo Guzmán Salazar (39 años), pero Ovidio cobró relevancia gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando, de forma unilateral y personal, el mandatario nacional decidió liberarlo luego de una prístina detención en octubre de 2019.
La aceptación pública y la justificación del presidente López Obrador para dejar en libertad a Ovidio Guzmán tuvo dos efectos inmediatos y permanentes: sembró la percepción de un favoritismo del Gobierno morenista hacia el Cártel de Sinaloa y empoderó al vástago de Guzmán Loera.
Ovidio se convirtió en un símbolo de la impunidad otorgada por la Administración de López Obrador al Cártel de Sinaloa, el ejemplo práctico de la política de “abrazos, no balazos”, una supuesta relación del presidente con la familia del capo preso en los Estados Unidos, y la insignia de la ausencia de resultados contundentes en el combate a la inseguridad, la violencia y el crimen organizado en México. Vaya, mientras que el primer mandatario mexicano no recibe a las madres de desaparecidos, detiene la marcha y no escatima el saludo cuando en el camino aparece Consuelo Loera, la progenitora de El Chapo, en su natal Badiraguato, Sinaloa.
Con la captura del 5 de enero de 2023, el Gobierno de la República, dado que los ejecutores de tal hazaña fueron elementos de las Fuerzas Armadas, da un paso hacia delante para intentar debilitar la premisa de su inclinación hacia el Cártel de Sinaloa, particularmente visible desde la liberación del joven Ovidio.
El Gobierno y la Fiscalía de los Estados Unidos también participaron en la contingencia del capo. El fin fue la extradición solicitada desde el año 2017. En octubre de 2019 en México la entonces Policía Federal lo detuvo con ese propósito. La Unión Americana perdió la oportunidad de procesar al hijo de El Chapo ante la liberación ordenada desde la presidencia de México. La presión para aprehenderlo durante los últimos tres años fue inminente.
Hasta que se dio la oportunidad de hacerlo, ante la próxima visita del presidente Joe Biden a México. Y así sucedió. Ovidio Guzmán se convirtió en el trofeo de una muy limitada estrategia de combate al crimen organizado en México, para reforzar la cacareada coordinación binacional. De acuerdo al Ejército Mexicano, la aprehensión del sinaloense les tomó seis meses de investigación y preparación, pero fue evidente que el momento oportuno para llevarla a cabo fue el preámbulo de la visita del mandatario norteamericano.
A raíz de la liberación de 2019, en el Cártel de Sinaloa detectaron servicios de inteligencia, y otros miembros de la organización criminal comenzaron a quejarse de la actividad pública de Ovidio Guzmán. “El chamaco se sentía imparable”, refieren. Incontrolable, lo describen. No es para menos: recibir prácticamente un perdón presidencial vía fast track lo distinguió.
Prueba de ello es que Guzmán López no cambió de residencia. Permaneció en Culiacán. La rápida notoriedad del joven señalado de narcotraficante ubicó a su célula, principalmente para los Estados Unidos, como un blanco de persecución, por lo que él y sus hermanos, en el 2021, se sumaron al listado de los más buscados con su respectiva y cuantiosa recompensa: cinco millones de dólares para quien proporcione información que lleve a la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín López Guzmán. Ni siquiera cuando su padre fue aprehendido, la presión a los hijos de El Chapo se intensificó tanto como cuando Ovidio, en un dos por tres, fue puesto libertad.
Esta bulla alteró al líder vitalicio del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García, El Mayo, mismo que ha logrado mantenerse prófugo por más de 30 años con un bajo perfil que guarda dentro del crimen organizado en México, y sus constantes cambios de residencia sobre todo en zonas serranas de la República Mexicana.
Ovidio Guzmán estaba resultando más un lastre para la organización criminal que un activo delincuencial. Él y sus hermanos comenzaron a ser identificados como los principales traficantes de drogas químicas, particularmente de fentanilo, en la frontera norte de México y en el sur de los Estados Unidos, peleando incluso con células aliadas a El Mayo en los limites de los Estados de Sonora y Baja California. La captura del 5 de enero de 2023 le despeja criminalmente una parte del camino en el Cártel de Sinaloa al ala de los hijos de Ismael Zambada García, también conocidos como “Los Mayos”.
Es así como la impunidad visiblemente otorgada por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a Ovidio Guzmán terminó por hundir a un capo prescindible que Estados Unidos quiere y que el Cártel de Sinaloa no necesita para continuar con su expansión criminal por el mundo desde México.
Penoso y preocupante resulta que el saldo de esta recaptura es, a la fecha, de 30 muertos, 250 vehículos robados y destruidos por miembros del cártel, 36 heridos, incluyendo un niño de 14 años que se encuentra en terapia intensiva, y, quizás lo más grave, una transgresión inédita del crimen organizado en este país: el terror desatado al ingresar a un aeropuerto y por poco ocasionar un accidente aéreo que hubiera acabado con la vida de más de 60 civiles a bordo de un vuelo comercial. Todo esto ocurrió en un solo día, en Sinaloa, mientras el presidente López Obrador, siempre tan entregado a discursos de horas, poco hablaba del tema y seguía su agenda tupida con actos francamente de ornato.
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