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Latinoamérica es una región diversa y eso también se puede ver en cómo avanzan los países en su transición energética. Mientras que Chile, México y Brasil han aumentado su producción de energías renovables por encima del 60%, y Uruguay y Costa Rica lideran los índices de transición energética, otros, antiguas joyas petroleras como Venezuela, apenas están dando la discusión. Pero en una región como esta, donde la extracción de combustibles fósiles ha estado marcada por los conflictos socioambientales, no basta con ver este cambio como un camino hacia las energías renovables. Es también una vía hacia la justicia, la participación y una economía que no deje a nadie atrás. Así es como caminan algunos países de la región:
Chile, el hidrógeno verde más barato
Los 4.000 kilómetros de territorio chileno otorgan al país sudamericano una privilegiada ventaja para producir hidrógeno verde. La radiación en el norte es mayor que en cualquier otra parte del mundo y en el extremo sur, la alta intensidad y consistencia del viento también lo beneficia. La estrategia nacional tiene como principales objetivos producir el hidrógeno verde más barato del planeta para 2030, ser uno de los principales exportadores para 2040 y contar con 5 GW de capacidad de electrólisis en desarrollo al 2025.
Existen 42 proyectos de hidrógeno verde en Chile, de los cuales 14 se encuentran en la fase de factibilidad, según la Asociación Chilena de Hidrógeno. En marzo, el proyecto piloto Haru Oni, de la compañía Highly Innovative Fuels (HIF), iniciará su producción a escala comercial en la Patagonia y se convertirá en la mayor planta productora de gasolina sintética a base del combustible limpio en América Latina.
Chile alcanzó un hito el año pasado cuando la energía solar y eólica superaron al carbón en la generación de electricidad en un período de 12 meses, según el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) y la Comisión Nacional de Energía. El 29% de la generación anual provino de fuentes de energía solar y eólica y el 27% del carbón. El país sudamericano necesita inversión en nuevas líneas de transmisión y en almacenamiento energético para cumplir la meta -ratificada el año pasado- de descarbonización para 2050.
El Gobierno de Gabriel Boric firmó el pasado noviembre acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) para impulsar la industria del hidrógeno verde. La suma de ambos préstamos para desarrollar la industria es de 750 millones de dólares (350 millones del BM, dividido en dos etapas; y 400 millones del BID).
Para fomentar la transición energética, el Gobierno tenía como propósito impulsar tres grandes reformas regulatorias en el Congreso: propiciar un esquema de transmisión eléctrica, generar más redes bidireccionales en la distribución eléctrica y gestionar un sistema de remuneración en el mercado mayorista. El ministro de Energía, Diego Pardow, aseguró la semana pasada que “no se puede ignorar el momento político” que atraviesa el país, por lo que durante la próxima legislatura avanzarán en una sola de estas reformas. Aún no se sabe en cuál de ellas.
Colombia: grandes anuncios, pero sin un plan
La transición energética volvió a estar en el centro de la discusión en Colombia después de que la ministra de Minas, Irene Vélez, reafirmara durante el Foro Económico Mundial, en Davos, que no se firmarán nuevos contratos de exploración de petróleo y gas. Aunque se trata de una buena señal a nivel climático, la forma de anunciarlo – sin un plan de cómo hacerlo – dejó muchas dudas de si simplemente se trata de un anuncio que quiere dejar bien parado al Gobierno puertas para afuera. Como lo señala el experto Giovanni Pabón, parte del centro de pensamiento Transforma, comunicar este cese sin un plan de transición económico y social, solo genera más dudas.
“Hay cerca de 400 contratos de exploración, pero la pregunta es si con eso que hay es suficiente para mantener la energía en los próximos años, de aquí al 2030 o el 2050, por ejemplo. Y no tenemos cifras al respeto”, comenta. O, por lo menos, las que ha dado la ministra Vélez no son claras y, según el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, para tomar una decisión hay que esperar nuevos estudios.
En Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las industrias extractivas pueden llegar a representar alrededor del 60% de las exportaciones, por lo que la transición energética también es una económica. De hecho, según un cálculo de WWF Colombia y Conexión Análisis, un modelo productivo colombiano no basado en petróleo, gas y carbón, implica que se encuentre una actividad económica que genere, a corto plazo, más de 50 billones de pesos de PIB anualmente.
Pero la transición energética, tal cual la está planeando el Gobierno, también olvida la parte de la justicia. Andrea Cardoso, profesora de la Universidad del Magdalena, Santa Marta, explica que es urgente que también se debata cuáles son las alternativas económicas para las regiones que dependen del extractivismo, cómo se dará la reconversión laboral y cuál es la política de reindustrialización regional. “Para mí es un error que no sea algo sobre lo que estén hablando todos los ministerios”, comenta. “Está sucediendo como cuando se anunció la salida de Prodeco [una de las empresas de carbón más fuertes de Colombia], que se hace sin un plan, sin un combo de medidas, por lo que genera confusión”.
En cuanto al ingreso de las energías renovables, sigue siendo aún pequeño. La capacidad instalada actual representa solo el 6,53% de la energía si se tienen en cuenta las pequeñas centrales hidroeléctricas y los cogeneradores que usan biomasa, y solo llega al 1,58% si solo se trata de la solar y la eólica. Y aunque el Gobierno pasado, el de Iván Duque, dijo que con los proyectos subastados podría aumentar al 12%, el reto, como comenta Cardoso, es que esos proyectos limpios no reproduzcan la lógica no participativa de la industria extractiva.
Una Venezuela pospetrolera que no ha pensado en la transición
Ser el país con las mayores reservas de petróleo del mundo es un fardo demasiado pesado para una Venezuela que, durante la última década, se ha empobrecido vertiginosamente pese a sus riquezas energéticas. El país está en la cola de una transición energética, un tema que no está en la agenda ni en la conversación, pero que el mandatario Nicolás Maduro últimamente menciona, justo cuando vive las vacas flacas de una economía que se volvió pospetrolera, tras llevar a la industria al colapso durante años de corrupción y malos manejos, y en medio de una grave erosión de la democracia.
El país ocupaba el lugar 111 de 115 en el más reciente reporte del Índice de Transición Energética del World Economic Forum, quedando entre los más atrasados. “Los actores políticos y económicos siguen aferrados a que los combustibles fósiles seguirán siendo hegemónicos”, explica el profesor asistente de Ciencias Sociales de la Universidad de Nueva Brunswick, Canadá, Antulio Rosales, investigador venezolano en temas de economía y política de extracción de recursos naturales. Venezuela no solo está en la cola, advierte Rosales, sino que el país también es pobre energéticamente, lo que implica enormes padecimientos para la población. “Venezuela está llegando a una transición depredadora, no planificada, una mezcla de mala administración, corrupción y las sanciones que la llevaron a una debacle profunda”.
Si bien la crisis podría ser una oportunidad, el tema no está siendo tomado en cuenta en instancias cruciales como la mesa de negociaciones que llevan la oposición y el Gobierno en México. Ahí se ha hablado de inversiones para recuperar la industria petrolera sin pensar cuál es el futuro de esa industria y cuáles son los costos y beneficios de hacerlo dejando de lado las energías renovables. La geopolítica energética, trastocada por la guerra de Rusia en Ucrania, tampoco ayuda. Para unos, puede ser un freno y para otros una oportunidad de acelerar la transición. Venezuela aprovecha el momento para ponerse bajo el foco como proveedor de energía global. Y una parte del mundo también presiona para ello en medio de la crisis.
La represa de Tocoma, uno de los grandes proyectos para generar hidroelectricidad, fue abandonado hace más de una década no sin grandes malversaciones del patrimonio. Un pequeño parque eólico construido en el occidente del país nunca logró despegar. El Gobierno de Maduro, aunque habla de transición energética y felicita las iniciativas del vecino Gustavo Petro en torno al tema, parece enfocado en reeditar la diplomacia petrolera de los tiempos de Chávez con la reactivación de alianzas en torno a Petrocaribe. Cuando la producción de PDVSA está en sus mínimos, no repunta y las sanciones han dificultado su comercialización, el líder chavista ha apalancado sus finanzas en el extractivismo minero, con la explotación del Arco Minero del Orinoco y sus graves consecuencias ambientales. “Es hora de que Venezuela tenga una discusión seria sobre este tema”, sostiene Rosales. “En algún momento, la economía global se va a enfrentar con escenarios catastróficos si no nos proponemos a reducir los combustibles fósiles. En algún momento, vamos a dejar de consumir los combustibles fósiles”. En ese momento, gran parte de los 1.500 millones de barriles de crudo recuperable de las reservas de la Faja del Orinoco se quedarán bajo tierra.
México, entre un paro a las renovables y el litio
El sexenio del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a finales de 2018 empezó con un portazo que hizo eco a nivel mundial. Una de sus primeras instrucciones fue cancelar las subastas de energía renovable que el Gobierno anterior había empezado, en las que el Estado ofrecía licencias para generar electricidad con fuentes eólicas y/o solares a empresas privadas (muchas de ellas, extranjeras) al mejor precio. Además, López Obrador (AMLO) revirtió mucha de la legislación que abrió el mercado energético, concentrando el poder en la compañía del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La CFE, por su parte, ha criticado las energías limpias e, incluso, las ha culpado por apagones.
Algunas empresas han tenido que abandonar sus inversiones en parques eólicos, como parte de un esfuerzo del regulador por no renovar y otorgar licencias nuevas a empresas de energías renovables privadas. Sin embargo, la Administración de AMLO, como se le conoce al presidente, ha mostrado en las últimas semanas señales de apertura. Ha dicho que está dispuesto a permitir que empresas de energías renovables operen en el país si el proyecto es administrado por la Secretaría de Energía y CFE.
Sin duda, el plan más ambicioso de López Obrador en la transición energética es el Plan Sonora, el cual incluye cinco centrales de energía solar con una capacidad de 1.000 megavatios. La inversión de 1.685 millones de dólares beneficiará a más de cuatro millones de habitantes de Sonora y Baja California, según informaron autoridades. Además, México tiene una de las reservas no confirmadas de litio más grandes del mundo, por lo que el Plan también contempla la creación de una empresa paraestatal para explotar, producir y exportar el mineral. De acuerdo con el decreto enviado por el Ejecutivo al Diario de la Federación, las empresas privadas tendrán oportunidad de invertir en proyectos de litio bajo ciertas condiciones.
