La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha anunciado este martes que ha iniciado una investigación contra Jesús Murillo Karam, exprocurador general de México, y una red de familiares y colaboradores por presunto tráfico de influencias y fraude fiscal. La dependencia apunta a que Murillo Karam “posiblemente” esté relacionado “con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos, resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando éste se desempeñaba en su cargo”. El exfuncionario, que tiene 74 años, ya está en la cárcel acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia, en el marco de las investigaciones por el caso Ayotzinapa.
En el comunicado emitido por la unidad, dirigida por Pablo Gómez, se identifica que entre 2013 y 2015 la empresa de Murillo Karam obtuvo licitaciones por parte de Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), comandada entonces por Gerardo Ruiz Esparza. En ese mismo lapso, Murillo Karam tenía como secretario particular a Gerardo Ruiz Dosal, hijo del titular de la SCT. “Por lo que posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”, apunta la UIF.
Murillo Karam fue procurador de diciembre de 2012 a febrero de 2015. En ese periodo de tiempo, tres empresas constructoras, Alvarga, Kuoro e Itrio, propiedad de hijos, sobrinos y parientes políticos del funcionario ganaron contratos de obra por 4.625 millones de pesos (más de 300 millones de dólares) justo durante los tres años en que él ocupó uno de los puestos más importantes en el gabinete presidencial, según desveló Mexicanos Contra la Corrupción. Las compañías multiplicaron, en ese margen, 714% sus contratos de obra público y las tres se apagaron cuando Murillo Karam salió de la Administración.
La UIF menciona irregularidades en la constitución de una de esas empresas —no especifica el nombre— y también lagunas fiscales. “Declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente”, se lee en el documento, que añade que “también se identificó envió y recepción recursos con empresas simuladoras”.
Por último, la unidad acusa a Murillo Karam de recibir en 2017 2,8 millones de dólares en concepto de “un retorno de inversión del extranjero” y de haber colocado 26,5 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares) en cuentas propias en el extranjero durante 2020 y 2021 sin haberlo declarado al fisco. Estos indicios han sido trasladado a la Fiscalía General de la República este lunes a través de una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita presentada por la UIF.
Esta información se extrae a partir de un análisis de riesgos, que la UIF inicia con respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente mencionadas en la investigación de los Pandora Papers, entre las que se encuentra Murillo Karam. “El uso de empresas off shore, fideicomisos e instrumentos financieros en jurisdicciones extranjeras denominadas paraísos fiscales, constituyen situaciones de alerta que la UIF no podía ignorar”, explica la unidad.
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