La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha mostrado este viernes su indignación por la suspensión concedida a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel, que exige a la institución universitaria no divulgar informaciones hasta que el poder Judicial resuelva el amparo. “La UNAM lamenta y no puede estar de acuerdo con el mandato judicial que busca silenciarla”, ha señalado en un comunicado.
La resolución de un juzgado de Ciudad de México emitida el pasado jueves exponía que, si bien la UNAM puede continuar el procedimiento contra la ministra, no podrá dictar una resolución definitiva. La medida fue impuesta con el argumento de que una conclusión podría afectar a la presunción de inocencia de Esquivel. “Esta casa de estudios es respetuosa de la ley y acatará lo estipulado en el acuerdo de suspensión provisional referido”, ha añadido la UNAM en su carta.
La sentencia señala que la decisión no busca silenciar a los trabajadores del centro, sino que estos deben ejercer su libertad de expresión con recato. “Todos los órganos del Estado tienen la obligación de no condenar informalmente a una persona o emitir juicio ante la sociedad mientras no se acredite su responsabilidad”, expone.
La ministra se ha visto envuelta en un rompecabezas legal después de que se estallara el escándalo del plagio el 21 de diciembre de 2022. Aunque la universidad admite que Esquivel plagió su tesis de licenciatura de 1987 a otro alumno del centro (Edgar Ulises Báez), que redactó el trabajo un año antes, no tiene las herramientas para invalidarle el título, de acuerdo al abogado general del centro. Una interpretación que ha provocado el descontento de la comunidad universitaria.
La Suprema Corte han iniciado una serie de consultas este viernes para determinar si cuenta con facultades necesarias para iniciar un procedimiento de responsabilidades en contra de Esquivel, como integrante del SCJN. Todo ello después de que la polémica llevara a varios ciudadanos a presentar denuncias en su contra por no gozar de la buena reputación que exige la Constitución para estar en el cargo de ministra.
La funcionaria rechazó renunciar a su cargo a pesar de las críticas y acusaciones, afirmando que no tenía “nada de que avergonzarse”. “Participaré en la sesión de hoy y en todas las subsecuentes. Y hoy, más que nunca, por la seguridad de las personas”, aseguraba a mediados de enero.
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