El número de sanciones a los trabajadores públicos ha sufrido una serie de subidas y bajadas durante el Gobierno mexicano actual. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) —del ejercicio completo de 2021— muestran el mayor número de sanciones a funcionarios desde el 2018: 3.694 respecto a los 1.756 del año de inicio del sexenio, un 110% más; y un 91,5% respecto al 2020 (que se cerró con 1.929). El 44% de las penas determinadas en 2021 se tradujeron en inhabilitaciones temporales para los empleados de la Administración Federal mexicana.
El número de denuncias también ha sufrido un aumento respecto al 2020, pasando de las 22.891 a las 27.934 en 2021 (un aumento del 22%). Sin embargo, la cifra resulta relativamente positiva en este caso, en comparación con las sanciones. Las demandas se sitúan por debajo de las 33.668 denuncias que los trabajadores públicos recibieron en 2019, la cifra más alta de los últimos años.
No han sido las únicas cifras negativas recogidas por el Inegi durante el ejercicio del 2021. La reducción de sanciones administrativas a funcionarios —durante el ejercicio de funciones— que se venía divisando desde el año antes del sexenio volvió a aumentar en el 2021, con la mayor cifra, de nuevo, desde el 2017: 3.028 sanciones, un 5% más respecto a las 3.197 del 2017. De ellas, 88 fueron graves —sobornos, desvío de recursos públicos, abuso de funciones, utilización indebida de información, etc.—.
El esquema administrativo federal de México contó en 2021 con un total de 1.569.047 trabajadores públicos —278 de ellos titulares—. El número de funcionarios aumentó un 6,26% respecto al comienzo del sexenio, cuando la cifra fue de 1.476.478. En los últimos datos, el Inegi señala el número de instituciones más bajo de los últimos años: 301. El número de dependencias se ha ido reduciendo año tras año desde las 323 que se mantenían en 2017: 316 (en 2018), 321 (2019) y 310 (2020).
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tratado de ondear la bandera de la austeridad y la anticorrupción desde el comienzo del sexenio, manteniendo un fuerte rechazo al “conservadurismo corrupto” con el que define a las anteriores Administraciones. En esa política austera, el mandatario comenzó una cruzada contra algunas de las diversas instituciones independientes. La última de las discusiones ha girado en torno al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al que tildó como “un gasto innecesario”. No fue el único. Semanas antes, el mandatario también señaló al Instituto Nacional Electoral (INE), donde lanzó una serie de modificaciones para tocar la estructura y las funciones del órgano electoral. El llamado “plan B” fue frenado por el Supremo solo dos días después de ser aprobado en el Congreso.
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