Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra la DEA después de que se diera a conocer que agentes antinarcóticos de Estados Unidos se infiltraron en el grupo criminal de Los Chapitos, la facción del Cartel de Sinaloa controlada por los herederos de Joaquín El Chapo Guzmán. “¡¿Cómo van a estar espiando?!”, cuestionó el presidente de México en su conferencia de prensa de este lunes. “Es una intromisión abusiva y prepotente, que no debe aceptarse bajo ningún motivo”, agregó el mandatario. El nuevo reclamo de López Obrador se da tres días después de que Washington anunciara una cruzada judicial contra el tráfico de fentanilo y desclasificara acusaciones por narcotráfico y delincuencia organizada contra cuatro hijos del capo: Ovidio Guzmán El Ratón, Joaquín Guzmán, Alfredo Guzmán e Iván Guzmán.
Tras semanas de tensiones en materia de seguridad, López Obrador, que desde diciembre de 2020 restringió el margen de maniobra de agentes extranjeros en territorio mexicano, se quejó de que la DEA no pidió autorización a sus pares mexicanos para operar en el terreno contra Los Chapitos. Los informes estadounidenses de inteligencia contra los hermanos Guzmán revelaron las rutas, los proveedores y los actos de tortura de la organización criminal, como alimentar a tigres con sus enemigos. “En el último año y medio, la DEA ha infiltrado de forma proactiva al Cartel de Sinaloa y a la facción de Los Chapitos, ha obtenido acceso sin precedentes a los niveles más altos de la organización y los ha seguido por todo el mundo”, declaró la titular de la agencia Anne Milgram.
“No se pueden estar utilizando actos de espionaje”, dijo López Obrador tras criticar también que las autoridades de Estados Unidos han hecho públicos roces entre el Ejército y la Marina de México. El presidente amagó con llevar sus reclamos a la mesa bilateral de negociaciones y afirmó que no permitirá intromisiones en la política de seguridad de su Gobierno. “No puede haber agentes extranjeros en nuestro país”, zanjó. En la retahíla de reproches salió a relucir, una vez más, el Departamento de Estado, con el que el mandatario se ha confrontado en las últimas semanas.
El anuncio de la ofensiva del Departamento de Justicia contra Los Chapitos se dio un día después de que una delegación de funcionarios mexicanos, encabezados por el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez, se reuniera en Washington para tratar la crisis de fentanilo, que se ha afianzado como el nuevo protagonista de la guerra contra el narcotráfico. Menos de 24 horas después de que la comitiva mexicana reafirmara que en el país latinoamericano no se produce esta droga sintética, la Casa Blanca dio a conocer más de un centenar de páginas del sumario judicial contra los herederos del Cartel de Sinaloa que detallaba justo lo contrario: que existen alianzas entre farmacéuticos chinos para proveer a los carteles mexicanos de precursores químicos, que la apuesta de los narcos mexicanos por los opioides se remonta a casi una década y que los hijos de El Chapo Guzmán han operado a sus anchas al sur de la frontera.
Otro de los mensajes entrelíneas es que Estados Unidos estaba tomando cartas en el asunto y metiendo presión a sus socios mexicanos. Washington ha dejado claro que busca a toda costa la extradición de Ovidio Guzmán, capturado en enero de este año y que enfrenta cargos en cortes del Distrito de Columbia, Nueva York e Illinois. “Trabajamos muy de cerca con el Gobierno mexicano”, dijo Ken Salazar, el embajador estadounidense en México, el fin de semana pasado. Salazar acudió este lunes al Palacio Nacional, la sede del Gobierno mexicano, y se retiró sin dar declaraciones. Los procesos de extradición pasan por un proceso judicial, pero son autorizadas en última instancia por el Ejecutivo mexicano.
El Ratón y sus abogados han presentado recursos para retrasar el trámite y ha llegado a asegurar que él no es el capo a quien las autoridades buscan. En la fila de posibles extradiciones está también el narcotraficante Rafael Caro Quintero, la captura de más alto perfil durante el Gobierno de López Obrador, señalado como responsable del asesinato de Enrique Kiki Camarena, un agente de la DEA, en los años ochenta. Su proceso también está en marcha. Estados Unidos ha exigido a México elevar las extradiciones de narcos a un promedio de 60 traslados por año, de acuerdo con una investigación de EL PAÍS a partir de documentos filtrados de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En medio de los cuestionamientos contra el Gobierno de Joe Biden por el combate al narcotráfico, el ala dura del Partido Republicano ha convertido el tráfico de fentanilo y las críticas a la política de seguridad de López Obrador en una de sus principales apuestas hacia la elección presidencial de 2024. La publicación de los cargos criminales contra Los Chapitos se presenta como una respuesta a las críticas, pero la reacción del Gobierno mexicano evidencia que las formas no han gustado al presidente y las formas del mandatario tampoco gustan a buena parte del Gabinete de Biden. El golpe judicial contra el Cartel de Sinaloa se perfila como un asunto dominante en la agenda de seguridad entre ambos países en los próximos meses, entre turbulencias diplomáticas y reproches mutuos.
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