El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no renunciará a su cometido de que la Guardia Nacional se convierta en un apéndice de las Fuerzas Armadas. Luego de que la Suprema Corte de Justicia invalidó el martes la reforma que le quitaba a la Secretaría de Seguridad el mando civil de la corporación policial para darlo al Ejército, el mandatario ha anunciado este miércoles que en 2024, en el último mes de su sexenio, enviará al Congreso una nueva iniciativa de reforma, de carácter preferente, para consumar la readscripción de la GN. En junio del año próximo habrá elecciones presidenciales y para renovar el Congreso federal. López Obrador ha dicho que confía en que su partido, Morena, y sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde obtengan mayoría calificada para facilitar una reforma constitucional y que esta sea aprobada antes del 31 de septiembre, el último día de su mandato. Se trata de su última apuesta para dejar a su sucesor en Palacio Nacional una policía bajo control militar.
“Va a entrar la nueva Legislatura, que espero con toda mi alma que se integre, por voluntad del pueblo, de manera democrática, como una mayoría calificada de diputados y senadores vinculados a nuestra Cuarta Transformación. Y entonces el primero de septiembre del año próximo presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, esperando se apruebe dicha reforma antes del último día de mi gestión, que va a ser a finales de septiembre Van a tener un mes, y voy a pedir que se dé prioridad”, ha dicho López Obrador en su conferencia diaria. “Yo espero que se tenga mayoría calificada, dos terceras partes del nuevo Congreso, para que antes de que me retire pueda yo dejar esta reforma constitucional, que es importantísima, porque es un blindaje para que no vaya a suceder lo que se padeció, de que la seguridad pública estaba en manos de la delincuencia”, ha añadido.
El anuncio del presidente demuestra que ha dado por perdida toda posibilidad de negociación con la oposición en el Congreso para alcanzar mayorías que den paso a reformas constitucionales, para las que se requiere del voto de las dos terceras partes de los legisladores. La intención del mandatario es recuperar la mayoría calificada que Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo tuvieron en la primera mitad de su sexenio, gracias al impulso que lo llevó a él a la silla presidencial. El oficialismo recibió un descalabro en las elecciones intermedias de 2021, en las que perdió esa mayoría calificada, circunstancia que ha atorado las apuestas legislativas más importantes del Ejecutivo.
“Va a depender [la nueva reforma de la GN] de que el pueblo decida votar, no solo por un candidato [presidencial] de nuestro movimiento, sino también, muy importante, por los legisladores, candidatos a diputados y senadores, porque ya lo estamos constatando, se puede tener mayoría simple, más del 50%, pero para llevar a cabo una reforma constitucional se requieren dos terceras partes de los votos, es decir, se requiere una mayoría calificada”, ha dicho López Obrador.
Por ocho votos contra tres, el Supremo mexicano determinó el martes que la Guardia Nacional deberá volver a quedar bajo el control absoluto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), conforme el artículo 21 de la Constitución, que define que la seguridad pública debe estar a cargo de autoridades civiles diferenciadas de las instituciones castrenses, encargadas estas últimas de la defensa de la soberanía nacional y de derrotar a los enemigos.López Obrador impulsó en 2022 una reforma para traspasar al Ejército el “control operativo y administrativo” de la Guardia Nacional, dejando la corporación “adscrita” a la SSPC para que conservara su naturaleza civil, lo que fue considerado por la mayoría de ministros del Supremo como un “fraude a la Constitución”. El mandatario siempre ha querido que la GN pertenezca a los cuerpos castrenses con el argumento de que, si se queda bajo mandos civiles, la corporación policiaca podría corromperse, como sucedió con la Policía Federal que comandaba Genaro García Luna, excolaborador de Felipe Calderón que en febrero fue declarado culpable en EE UU de narcotráfico y delincuencia organizada.
López Obrador ha informado de que ordenó a la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez —jefa nuevamente de la Guardia Nacional tras la resolución de la Corte—, mantener en su cargo de comandante de la corporación a David Córdova Campos, un general retirado del Ejército que fue designado en ese cargo a propuesta todavía del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval. El presidente dijo que Córdova Campos debe continuar como comandante “por su buen desempeño” y “para no afectar la buena marcha y la consolidación de la Guardia Nacional”.
El mandatario ha añadido que los elementos de la GN continuarán recibiendo instrucción del Ejército y la Marina, pues, dijo, la sentencia del Supremo lo permite. Agregó que la secretaria de Seguridad hará un recorrido por todas las instalaciones y cuarteles del país para informar a los 130.000 elementos —la gran mayoría soldados y marinos— que mantendrán sus salarios, prestaciones y ascensos al igual que los integrantes de las Fuerzas Armadas. “La seguridad pública es y seguirá siendo una prioridad de nuestro Gobierno para garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo”, ha resumido.
El presidente ha criticado a los ministros del Supremo luego de la sentencia. Los acusó de favorecer el régimen corrupto del pasado y de actuar con criterios políticos más que jurídicos. “Los ministros de la Corte están al servicio de las cupulas de poder y no de la mayoría del pueblo de México. Su conservadurismo es supino, notorio, de dominio público. Cada vez se desnudan más, se despojan de sus disfraces”, ha dicho. Ha agregado que su resolución es un regreso al modelo de seguridad del calderonismo, en el que se establecieron relaciones de complicidad entre el Gobierno y la delincuencia. “Actuaron de manera facciosa el día de ayer, y no con criterio jurídico, sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto, caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco. Es decir, los ministros de la Corte, con excepción de tres, actúan al estilo del gobierno de Felipe Calderón y de su secretario de seguridad, Genaro García Luna, condenado en EE UU por narcotráfico y asociación delictuosa. Eso es lo que defendieron ayer”, acusó el mandatario.
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