La tensión entre Andrés Manuel López Obrador y el Gobierno peruano continúa escalando dos meses después del intento de autogolpe del expresidente Pedro Castillo, esta vez, con la justificación de fondo del traspaso de la presidencia de la Alianza del Pacífico. El presidente mexicano se ha negado este viernes a llevar a cabo el trámite oficial tras finalizar el mandato de su país. “No quiero entregar a un gobierno que considero espurio. No quiero legitimar un golpe de estado”, dijo durante su rueda de prensa matutina. Desde la salida de Castillo, actualmente encarcelado, López Obrador ha emprendido una firme defensa diplomática del exmandatario peruano que ha provocado una secesión de enfrentamientos con el nuevo gobierno. Dos meses después, México ni siquiera ha reconocido a la nueva presidenta, Dina Boluarte.
Baluarte ya había adelantado la negativa de López Obrador al traspaso de la presidencia del organismo multilateral latinoamericano, un trámite que debió haberse realizado en enero. “Por seguir apoyando al expresidente (Castillo) no nos quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico”, anunció durante esta semana. Además de insistir en las críticas al nuevo gobierno peruano, el mandatario mexicano ha dado un paso más al anunciar que pone en manos del Grupo de Río, uno de los organismos internacionales de consulta política más importantes de América Latina, la decisión final. “Le voy a dar instrucciones al Secretario de Relaciones Exteriores que notifique a los miembros del Grupo de Río qué hacemos”.
La defensa del Gobierno mexicano se centró desde el comienzo en que Castillo había sido víctima de acoso durante su mandato y que su destitución se debía a los intereses de las élites económicas y políticas del país andino. “Fue un golpe del conservadurismo, de los mandamases que, como los conservadores de México, son clasistas, racistas y muy corruptos”, señaló López Obrador, que hace meses había ofrecido su apoyo al Gobierno de Castillo contra, dijo, “la rabia conservadora”.
El gobierno mexicano anunció también su disposición a conceder asilo al expresidente. Finalmente, solo fue concedido a su esposa de Castillo, Lilia Paredes, y sus dos hijos. Boluarte reaccionó y el 20 de diciembre declaró persona non grata a Pablo Monroy, embajador mexicano en Perú, dándole un plazo de 72 horas para abandonar el país. Al día siguiente, Monroy llegaba a México de la mano de la exprimera dama. Un gesto que tensó aún más la relación con el Gobierno de Boluarte.
A finales de diciembre, el Congreso peruano aprobó una moción en la que expresa “su rechazo a los constantes e inaceptables actos de intromisión en los asuntos internos del Perú” por parte del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, así como de su homólogo colombiano, Gustavo Petro.
Desde el fallido intento de autogolpe del expresidente Castillo, Perú ha vivido una de las mayores crisis políticas y sociales de su historia. En las fuertes protestas han muerto más de 50 personas, 22 de ellos en enfrentamientos con la policía y las Fuerzas Armadas. López Obrador se ha pronunciado en varias ocasiones al respecto, cargando nuevamente contra el Ejecutivo de Boluarte: “Es muy cuestionado en su conjunto por su proceder, sobre todo por optar por la represión y no buscar una salida mediante el diálogo o con el método democrático de convocar elecciones lo más pronto posible”.
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