El presidente de México se ha sumado a la acusación contra el Gobierno de Felipe Calderón por tráfico de armas. La mañana de este miércoles, y sin que se le preguntara específicamente sobre el asunto, Andrés Manuel López Obrador sacó el tema en su conferencia matutina y aseguró que se investigó a la Administración de Calderón por un operativo conocido como Rápido y furioso. “En su momento se abrió un expediente, no sé si se mantenga vigente, si continúen investigando, o ya le dieron carpetazo porque involucra a los dos Gobiernos”, dijo el mandatario que admitió no tener más información que la de dominio público. El cruce comenzó el martes, cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cargó contra el expresidente al afirmar que había traficado armas de Estados Unidos a México durante su sexenio, entre 2006 y 2012. Calderón rechazó los señalamientos en su cuenta de Twitter y dijo: “El secretario anda muy perdido: no hay ninguna investigación internacional, ninguna, sobre tráfico de armas en mi contra”.
Rápido y furioso fue un operativo coordinado desde la Agencia estadounidense de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) que tuvo lugar entre 2009 y 2011. En ese período, el organismo coordinó una operación en la que se permitió el ingreso ilegal de miles de armas desde Estados Unidos a México con el supuesto objetivo de rastrear la cadena de compra y venta del armamento por territorio mexicano y llegar a los criminales que lo adquirieran. El operativo se salió de control y terminó con la muerte de un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, que murió de un balazo ejecutado por una de las armas enlistadas en la operación de la ATF.
Si el Gobierno de Felipe Calderón tenía conocimiento o no sobre lo sucedido fue materia de debate desde entonces. Las autoridades mexicanas rechazaron haber estado al tanto, pero en enero de este año la Fiscalía General de la República (FGR) informó que había obtenido siete órdenes de aprehensión por este caso, entre los que se encontraban el secretario de Seguridad de Calderón, Genaro García Luna, actualmente detenido en Estados Unidos; su mano derecha, el extitular de Seguridad Regional de la Policía Luis Cárdenas Palomino; y hasta Joaquín El Chapo Guzmán, por ser el líder de la organización delictiva que recibía las armas, el Cartel de Sinaloa. “Dichas armas no solamente fueron introducidas ilegalmente al país, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales, que ya han sido investigados y procesados en México”, dijo entonces la FGR en un comunicado. La Fiscalía, sin embargo, no ha responsabilizado de momento al expresidente con el operativo.
Para López Obrador, está probado que el Ejecutivo de Calderón dio el visto bueno para ingresar esas armas ilegalmente. “De que existió esta operación y de que se enteraron en el Gobierno de Calderón, no hay duda. Y de que dieron el permiso”, dijo este miércoles el inquilino de Palacio Nacional. “Una cosa es la autoridad, otra cosa es la delincuencia. El problema de antes es que se vincularon en muchos actos ilícitos, incluso vinculaciones ilícitas entre gobiernos, el Operativo Rápido y furioso es a todas luces ilegal, violatorio de nuestra soberanía, y eso se pactó entre los Gobiernos de Estados Unidos y México”, comentó.
“Imagínense, ponerse de acuerdo para que de manera clandestina se introduzcan armas de EE UU a México con sensores para que lleguen a la delincuencia y con esos sensores se pueda detectar quiénes las usan, y detenerlos e ir por ellos. Ni en términos operativos, de eficacia policíaca, tenía justificación ese operativo”, agregó el presidente. “Pues qué pasó: antes de que llegaran las armas a los delincuentes, ya sabían, porque el Gobierno estaba totalmente infiltrado, y lamentablemente utilizaron esas armas para asesinar a personas”.
Para el actual Gobierno mexicano el tema del combate al tráfico de armas provenientes de Estados Unidos ha sido uno de los caballitos de batalla. Esta Administración incluso denunció, sin éxito, a varias compañías armamentistas del país vecino por considerarlas responsables de las decenas de miles de muertos que dejó la guerra contra el narco en México, encabezada precisamente por Calderón. En mayo de 2020, el canciller Marcelo Ebrard envió una nota diplomática a Estados Unidos para solicitar toda la información disponible sobre el operativo con el fin de investigar el caso en México. La respuesta de EE UU incluyó los expedientes judiciales e información que luego utilizó la FGR para llevar adelante su investigación y solicitar las órdenes de aprehensión.
“De conformidad con las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde al año de 2009 hasta fechas recientes”, dijo la Fiscalía mexicana en el comunicado del pasado enero. Pese a que el presidente admitió desconocer si Estados Unidos había cerrado ya sus investigaciones, “porque suele pasar que allá dan carpetazos a asuntos que consideran no convenientes”, su propia Fiscalía se ha mostrado dispuesta a judicializar a los involucrados en aquel fallido operativo. Al menos del lado mexicano.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país
