Los más altos funcionarios del Estado, conocidos por su clasificación en el subgrupo A1, llevan semanas en pie de guerra contra el nuevo proceso de ascensos desde el grupo inmeditamente anterior en la escala jerárquica (A2) al techo más alto de la Administración General (AGE). La polémica surge con el cambio en el sistema de promoción interno de estos altos funcionarios –acordado entre el Gobierno y los sindicatos el pasado 3 de noviembre– porque la nueva vía de ascenso (del subgrupo A2 al A1) es menos exigente en materia académica y memorística, pero da más peso a la experiencia y el desempeño laboral.
En esencia, el temario se ha reducido de 83 a 16 temas; la prueba de test ha pasado de 50 preguntas con cuatro opciones para responder y fallos penalizados a 80 preguntas con tres trespuestas para elegir y sin penalización por los fallos. Del proceso se han eliminado la exposición oral, la realización de un supuesto práctico y el examen de idiomas. Sin embargo, se mantiene el concurso de méritos y un curso selectivo hecho por la propia Administración que será eliminatorio y, por lo tanto, decisivo a la hora de promocionar al subrgrupo A1 (formado, entre otros, por técnicos superiores de la Seguridad Social, inspectores de Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social).
Por su parte, los colectivos los funcionarios A2 a los que se reprocha que podrán acceder con menor cualificación están integrados, por ejemplo, por los diplomados comerciales del Estado; los técnicos de Hacienda; los arquitectos técnicos de Hacienda; los ingenieros técnicos o los subinspectores laborales deEmpleo y Seguridad Social. Son todos estos últimos profesionales los que se han organizado ahora para rebatir las acusaciones de los A1.
- Motivación y carrera profesional. Los A2 responden a las acusaciones de los A1 de que el nuevo modelo de promoción deteriorará la función pública y perjudicará al ciudadano argumentando lo contrario. Una promoción interna más efectiva que la actual –indican– “fomenta la motivación, el esfuerzo y la excelencia de los trabajadores”, y permitirá “aprovechar y retener el talento en la Administración Pública en beneficio de la excelencia y, en consecuencia, de la mejor atención al ciudadano”, explican los técnicos A2. Y recuerdan que la carrera profesional es un derecho individual recogido en la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público.
- Acceso al grupo. Asimismo, los miembros del A2 contestan al reproche de la rebaja de la exigencia en las pruebas recordando que “acceder al grupo A ya exige superar un arduo proceso de selección que no está circunscrito exclusivamente al subgrupo A1”.
- No se cubren las vacantes. Otra de las defensas del nuevo modelo de ascensos que hacen los A2 es que con el sistema vigente hasta ahora “se quedaban desiertas de forma generalizada las plazas convocadas, por lo que fracasaba en su objetivo básico de reclutar personal”. Es más, estas dificultades del anterior modelo se veían agravadas por el contexto de envejecimiento de las plantillas, que se han recortado en términos netos un 22% en la AGE entre 2021 y 2020 y se prevé la jubilación del 56% de los actuales efectivos hasta 2030.
- Discriminatorio y en contra de la excelencia. Según la tesis de los A2 el complicado sistema de ascensos que había hasta ahora “obligaba a este colectivo a desatender la actividad laboral para preparar, durante años, las pruebas memorísticas”. Y por esta misma razón, el anterior sistema era discriminatorio con los más excelentes y con más responsabilidades, que no podían dedicar tanto tiempo a prepararse el ascenso.
- Causas económicas. En esta batalla unos de los más activos han sido los inspectores de Hacienda (A1) que culpan al nuevo sistema de promoción de “rebajar el nivel de preparación” de los funcionarios, algo que, según la asociación que representa al cuerpo, supondrá un menoscabo de sus labores. Sin embargo, desde Gestha, el sindicato de los técnicos (A2), creen que la parte de esta postura de rechazo de los inspectores obedece a razones meramente económicas. En este sindicato calculan que los inspectores de Hacienda cobran un salario medio de 103.156 euros anuales. Además, 21 inspectores tienen unas retribuciones que superan los 140.000 euros al año, siempre incluyendo sueldo, trienios y complementos, así como una estimación de la productividad. Estas altas cifras obedecen, según los técnicos, a dos factores: que es un cuerpo reducido formado por poco más de 2.000 efectivos y que se reserva la firma de los documentos que han sido elaborados por los técnicos, “hurtándoles” así su autoría, según explica el secretario general de Gestha, José María Mollinedo. Estas retribuciones, continúa, son las que explican la oposición de los inspectores a la nueva promoción interna dentro de la Agencia Tributaria, ya que este cuerpo necesita “devaluar” el trabajo de los técnicos para “justificar” la gran disparidad de sueldos.
Por ello, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha anunciado recurrirá ante los tribunales los cambios acordados entre el ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos CC OO, UGT y CSIF.
