La realización de la autodenominada “caravana humanitaria” del Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por ciertas zonas del sur del Chocó y del Valle del Cauca, a finales de enero, para ver la situación en esas regiones y planificar los “alivios humanitarios”, supone un obsceno intento de blanqueo de imagen y legitimación. Lo es porque tanto el Estado como el ELN son precisamente los causantes del sufrimiento de la población en esos territorios. Se trata de una instrumentalización del humanitarismo, pues se presentan ahora ante esas mismas comunidades como proveedores de paz y prosperidad. Lo que, además, pone en riesgo a las poblaciones que han visitado frente a otros grupos armados. Algo que, como se ha demostrado en situaciones anteriores, puede suceder.
Desde su toma de posesión el pasado mes de agosto, el Gobierno de Gustavo Petro ha demostrado una gran decisión, incluso osadía, para abordar la resolución de la conflictividad violenta que asola Colombia desde hace décadas. Su propuesta de “Paz total”, lanzada al inicio de su mandato, es clara muestra de esa firme voluntad, pero también lo es de una gran improvisación. La noticia de haber alcanzado un alto el fuego bilateral con el ELN, inmediatamente desmentida por el grupo armado, es el mejor ejemplo de esta falta de solidez y claridad en algunos de los planteamientos del Gobierno.
¿Acaso no conocen el ejército colombiano y el ELN que sus acciones generan sufrimiento humano, muertes, desplazamiento forzado o confinamiento?
Mucho más confuso aún es el tipo de propuestas que se hará a cada uno de los grupos armados con los que se quiere dialogar, dado el distinto carácter de los mismos. Si con algunos grupos sería trazable la negociación de acuerdos, con otros no parece haber otra vía que la del sometimiento a la Ley. La importancia de los detalles legales, incluso judiciales, en este tipo de situaciones, no se escapa a nadie y, por el momento, no se han concretado. Las prisas nunca han sido buenas para resolver problemas complejos y las urgencias del presidente por mostrar resultados, unida a la obsesión por comunicarlos inmediatamente, puede volverse en su contra si estos no se consiguen.
Desde la perspectiva humanitaria, algunas de las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno son también reflejo de esta improvisación, de un gran desconocimiento de lo que representa el humanitarismo, y de las lecciones aprendidas en numerosos conflictos, también en Colombia, a lo largo de la historia. Y debemos decirlo claramente: son una instrumentalización inaceptable y peligrosa de la acción humanitaria. La puesta en marcha de la “caravana humanitaria”, de más de 100 personas durante cinco días, por el Bajo Calima y el medio San Juan, auspiciada por el Gobierno y el ELN, para “oír el drama de la guerra en el Pacífico”, no puede calificarse sino como un intento de mejorar la imagen. Tanto de unos como de los otros, utilizando el sufrimiento de las comunidades como mera excusa para legitimarse.
El Gobierno de Colombia, como cualquier otro que haya firmado los instrumentos internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario, es titular de obligaciones respecto de la protección de la población
¿Acaso no conocen el ejército colombiano y el ELN que sus acciones y las del resto de grupos armados con presencia en las zonas generan sufrimiento humano, muertes, desplazamiento forzado o confinamiento? ¿Necesitan, como Santo Tomás, meter el dedo en la llaga para comprobar la grave situación humanitaria que su propio actuar ha provocado? ¿No se han tomado la molestia de hablar antes con las comunidades o de leer los informes de las organizaciones sociales, humanitarias y de derechos humanos? ¿No conocían esos informes que se publican periódicamente desde hace décadas?
El Gobierno de Colombia y el ELN tienen obligaciones
Evidentemente, algunas de las comunidades visitadas han recibido con esperanzas y expectativas la caravana y apoyan, cómo no, el que se avance en los posibles procesos de paz. Pero estos deseos expresados por los líderes y lideresas comunitarias no pueden ser utilizados por el gobierno o por el ELN para presentarse como virginales visitantes humanitarios que, movidos por la solidaridad, quieren conocer los problemas sobre el terreno. Más allá de las buenas intenciones de algunos de los participantes en esa caravana, conviene recordar que el Gobierno de Colombia —como cualquier Gobierno legítimo que ha firmado los instrumentos internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario (DIH)— es titular de obligaciones respecto de la protección de la población. Y debe, por tanto, tomar medidas (debería haberlo hecho hace décadas) para mejorar su situación y garantizar el goce efectivo de derechos.
Por su parte, el ELN, como grupo armado no estatal, también tiene obligaciones, que emanan del derecho internacional humanitario, en materia de precaución, distinción de la población civil y limitación en su actuación y participación en las hostilidades. Y ambos tienen también obligaciones en materia de respeto al quehacer humanitario y al acceso de las organizaciones imparciales a las comunidades afectadas, así como el compromiso de rendir cuentas de sus actuaciones y de su respeto (o no) al DIH y los derechos humanos. Que en esta “gira de turismo humanitario” hayan ido a escuchar a las comunidades y no a rendir cuentas de sus actuaciones no deja de ser una hipocresía imposible de aceptar, ya que refuerza la idea de impunidad de las posibles violaciones del DIH o los derechos humanos que puedan haber cometido.
Que en esta “gira de turismo humanitario” hayan ido a escuchar a las comunidades y no a rendir cuentas de sus actuaciones no deja de ser una hipocresía imposible de aceptar
La confusión e instrumentalización de las cuestiones humanitarias no es nueva en el conflicto colombiano, ni en otros muchos conflictos. Recordemos los tiempos en los que el líder paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, hablaba de que el derecho internacional humanitario se debía adaptar a Colombia siendo un “DIH a la criolla”. O la invención de conceptos pintorescos como el de cerco humanitario a las FARC por parte del expresidente Álvaro Uribe. Hasta la caravana humanitaria actual, diversos organismos han ido proponiendo ocurrencias que finalmente tienen el mismo resultado: tratar de justificar una cierta interpretación interesada de lo humanitario, plantear medidas que no implican el cumplimiento de las normas legales y no mejorar la situación humanitaria de las poblaciones afectadas. Han supuesto siempre huidas hacia adelante que no implican obligaciones ni incorporan mecanismos de rendición de cuentas.
Por ello, que el Comisionado de Paz, Danilo Rueda, haya sugerido un Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación del cese al fuego (MVMV) que integrarían las organizaciones sociales territoriales junto al Gobierno nacional, los actores armados y otras instituciones como la Iglesia, supone un riesgo para las comunidades de las zonas afectadas por el conflicto y la violencia. Aunque alguna organización social ya ha expresado su deseo de “hacer seguimiento al cese bilateral al fuego y control a las normas del DIH por parte de todos los actores armados”, nos parece una irresponsabilidad que se debe corregir. La ONU, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, el recién llegado Alto Comisionado para los Derechos Humanos en ese país y las agencias humanitarias y de derechos humanos tendrían que abordar con seriedad los riesgos de esta situación.
Las enormes esperanzas que en materia de paz y resolución del conflicto colombiano se han abierto con el nuevo Gobierno están haciendo que la comunidad internacional y los actores de derechos humanos colombianos estén observando, con excesiva complacencia, la situación. Y no prestando la atención necesaria al cumplimiento de los estándares internacionales y las buenas prácticas en materia de los derechos humanos e internacional. La innovación y la creatividad son valores que deben incorporar el saber acumulado en otras situaciones similares si, de verdad, se quiere resolver la crisis humanitaria y caminar de modo firme hacia la paz total que se dice defender.
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