Los socios de la investidura se dan una semana más para salvar el escollo de las pelotas de goma en la reforma de la ‘ley mordaza’ | España

El acuerdo para reformar la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, tendrá que esperar. Los seis grupos parlamentarios favorables a modificarla ―PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu y Junts―, que llevan cerca de un año negociando los cambios a la polémica norma que aprobó el PP en 2015, han acordado este martes darse una semana más de plazo para salvar los escollos que aún les separan y poder llegar al pleno del Congreso con posibilidades reales de que la reforma salga adelante. Aunque, las diferencias se mantienen en cuatro artículos, fuentes que participan en las reuniones de estos seis partidos coinciden en afirmar a EL PAÍS que ha habido un acercamiento en uno de los más polémicos: el referido al uso por parte de las Fuerzas de Seguridad del material antidisturbios y, en concreto, de las pelotas de goma para hacer frente a las algaradas callejeras (artículo 23). Según una reciente respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, uno de los participantes en estos encuentros, en los tres últimos años Policía Nacional y Guardia Civil han utilizado este material en tan solo 46 ocasiones. En los últimos meses, el Ministerio del Interior ha adquirido cerca de 60.000 pelotas de goma.

El próximo martes volverá a celebrarse una nueva reunión de la ponencia parlamentaria, previsiblemente la última de la que debe salir el dictamen definitivo. Hasta entonces, los seis partidos negociarán para cerrar un acuerdo en este y los otros tres puntos. En el caso de las pelotas, ERC, Junts ―que recuerdan que los Mossos d’Esquadra tienen prohibida su utilización y emplean proyectiles de foam, material viscoelástico supuestamente menos lesivo― y EH Bildu han reclamado hasta ahora su prohibición. Por su parte, el PNV ha abogado por un protocolo similar al implantado en Euskadi por el Gobierno vasco, que restringe su utilización por parte de la Ertzaintza a casos tan excepcionales que en los últimos 10 años sus agentes no han disparado ninguna. Finalmente, PSOE y Unidas Podemos plantearon al inicio de las negociaciones una enmienda que no contemplaba ningún recorte, aunque abogaba por elaborar “protocolos específicos” para “utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables”.

La propuesta que ha permitido un tímido acercamiento de posiciones no incluye ninguna referencia específica en el articulado de la ley mordaza al uso concreto de este material antidisturbios ―las pelotas de goma― con el argumento de que en el actual texto no la había. Los partidos nacionalistas solo lo aceptarían si el Gobierno hiciera un pronunciamiento público en el que se comprometiera a estudiar su futura sustitución y la elaboración mientras llega de un protocolo que especifique en qué circunstancias se podría utilizar. En este último punto, algunos partidos han puesto como ejemplo el documento que el Ministerio del Interior elaboró en 2020 sobre el uso de las pistolas eléctricas ―más conocidas por su nombre comercial, Taser―, que obliga a que, cada vez que se usen, se grabe en vídeo y haya una trazabilidad que permita conocer los agentes concretos que la han empleado.

Más acusadas siguen siendo las diferencias entre los seis partidos en los otros tres artículos donde hay diferencias: el que sanciona con multas de 601 a 30.000 euros “la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes” (artículo 36.6); el que fija las sanciones por faltas de respeto a los agentes (artículo 37.4), y la disposición adicional que avala los rechazos en frontera, conocidos como devoluciones en caliente, de migrantes en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. El primero de ellos es considerado por varios partidos como clave en la reforma porque fue utilizado por Interior como el principal instrumento de su política punitiva durante el primer estado de alarma de 2020. Durante aquellos tres meses, las Fuerzas de Seguridad emitieron 1,14 millones de propuestas de sanción con este artículo, cuando en 2019, el mismo artículo se había utilizado para incoar tan solo 14.747 expedientes sancionadores.

Fuentes conocedoras de las negociaciones señalan que en este punto se había llegado anteriormente a un principio de acuerdo en el que la desobediencia solo sería punible si era acompañada de “oposición corporal o fuerza física”. Sin embargo, los socialistas se echaron atrás y la que hay sobre la mesa especifica que la desobediencia debe ser “manifiesta” y la resistencia a los agentes, con “oposición corporal” para que pueda existir sanción. Esta segunda propuesta cuenta con el respaldo de Unidas Podemos, PNV y PSOE, pero no con la de los otros tres grupos partidarios de la reforma, que reclaman volver al primer texto.

También se mantienen las diferencias en el artículo que sanciona las faltas de respeto a los agentes de las fuerzas de seguridad, y que es uno de los más utilizados por la policía para sancionar desde que entró en vigor. En este punto, la propuesta la ha hecho el PNV, con el respaldo de Unidas Podemos, con una redacción en la que habla de “expresiones o actos humillantes, despectivos y ofensivos” que desacrediten “objetivamente” a los policías durante el desempeño de sus funciones. En este punto, el PSOE se ha abierto a valorar la propuesta, pero ERC, Junts y EH Bildu consideran insuficientes las modificaciones porque, en su opinión, aún dejan abierta la posibilidad a actuaciones “arbitrarias” de los agentes.

Algo similar ocurre con las devoluciones en caliente de inmigrantes en frontera, un tema sobre el que ha planeado los sucesos de junio en la valla de Melilla en el que, además de morir al menos 23 refugiados, se rechazó en frontera a 470 que habían conseguido cruzar a territorio español. Una de las propuestas plantea sacar de la ley mordaza esta polémica figura, que fue avalada por el Tribunal Constitucional, para que se aborde en una futura reforma de la ley de extranjería. Sin embargo, el corto espacio de tiempo que queda para agotar la legislatura provoca aún recelos en ERC, EH Bildu y Junts, que dudan que dé tiempo a hacerlo, según coinciden señalar fuentes conocedoras de las negociaciones.