Iberdrola se deberá hacer cargo de la demolición de la presa de los Toranes, construida sobre el río Mijares a su paso por Albentosa (Teruel), y de las instalaciones asociadas, al desestimar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un recurso presentado por la compañía para que las instalaciones destinadas a la producción de energía eléctrica revirtieran al Estado. De esa forma, Iberdrola habría evitado asumir los costes de las obras. Los jueces consideran que “la demolición [por parte de la empresa] está perfectamente justificada” porque una vez que finalizó en 2018 el plazo de explotación (75 años desde el inicio de la concesión en 1943) otorgado por el Estado, se considera que la infraestructura es “inviable”. El Ministerio para la Transición Ecológica se decantó por el derribo de Los Toranes con informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar que plantean que su mantenimiento es “contrario al interés público, a las exigencias medioambientales y al plan hidrológico” y su rentabilidad, “dudosa”.
La sentencia corrobora el desinterés de la propia Iberdrola por la central hidroeléctrica, que acepta el final de la concesión, y que “evidentemente no aprecia su viabilidad”. Los jueces advierten, además, de que no se ha actuado de manera “arbitraria”. “Por el contrario”, añaden, “consta suficientemente que no es viable su mantenimiento, luego la obligación de demolición está perfectamente contemplada en la normativa citada”.
Iberdrola contesta a EL PAÍS que “no está conforme con la interpretación que ha realizado el TSJM de la normativa que regula el dominio público hidráulico y, concretamente, del valor atribuido a las condiciones establecidas en el título concesional”. Por lo tanto, recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo, “siguiendo el modo de actuar de otras compañías que ya han planteado recurso de casación por este mismo motivo”.
La decisión de tirar la presa desató una fuerte polémica entre detractores y partidarios de la medida, que todavía se mantiene. Entre los contrarios a su desaparición se encuentran los alcaldes de los pueblos de alrededor como Olba (el más cercano, de 226 habitantes), Albentosa y San Agustín. El embrollo llegó hasta tal punto que el Gobierno de Aragón intentó declarar las instalaciones Bien de Interés Cultural. No lo consiguió porque se invadían competencias estatales. El regidor de Olba, Federico Martín (PSOE) se queja de que “se está jugando desde una silla con los sentimientos de una comarca y de unos vecinos de la España vaciada a los que el Gobierno central no ha escuchado. Todavía estamos esperando a que nos reciban en Madrid”.
Javier Marín, de la Asociación Mijares Vivo ―a favor de que la central se mantenga en explotación―, advierte de que todavía falta por resolver otro recurso que presentó su organización con el objetivo de parar la demolición. No tiene muchas esperanzas de que la sentencia del tribunal les sea favorable, porque “la resolución de acabar con la presa es política”, mantiene. Marín argumenta que, ya que existe la central eléctrica, se podría aprovechar, dada la situación energética y la oposición que está provocado en Teruel la construcción de plantas de energía renovable por su impacto ambiental. “Puede ser que desde el punto de vista económico la presa no tenga un gran peso, pero sí con respecto al autoconsumo, como modelador del paisaje, mantenimiento de la biodiversidad y para evitar incendios”, recalca. Además, tampoco han observado ninguna mejoría en el medio desde que la central se cerró hace dos años y no se deriva agua hacia ella.
César Rodríguez, de la Asociación Ríos con Vida, explica que los cambios en la dinámica fluvial se observarán cuando desaparezca el muro de la presa de 17 metros que permite embalsar un hectómetro cúbico. “Es muy alto y obstaculiza el flujo natural del agua, de los sedimentos, nutrientes y organismos como los peces, provocando un efecto barrera y un gran impacto en una zona que mantiene un alto valor natural”, aclara. Cuando se tire, se recuperaría la dinámica natural en más de 140 kilómetros de cursos fluviales en la cuenca del alto Mijares, contando los cauces del Mijares y de los ríos Albentosa y el Mora.
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La plataforma El Mijares no se toca, de Ecologistas en Acción, partidaria de la desaparición de Los Toranes por los beneficios ambientales que produciría, considera que la sentencia del tribunal confirma sus reivindicaciones al señalar que la presa “ejerce una presión significativa y sería preciso mitigar dicha presión, siendo la eliminación de esta infraestructura la medida más eficaz”. David Hammerstein, miembro del colectivo, apunta que aunque se interpusieran otros recursos legales esto no paralizaría el derribo de la presa y sus instalaciones eléctricas sobre el cauce público del río Mijares. Y en el caso de que la empresa no acometiera las obras, “es el Estado el que ha de proceder a la demolición como ejecución subsidiaria y después cobrar a Iberdrola”.
“Las empresas se aferran a una cuestión de conceptos cuando argumentan que si se ha acabado la concesión, las instalaciones revierten al Estado y, como la presa ya no es mía, no la derribo”, afirma Pedro Brufau, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Extremadura y experto en legislación de aguas. Pero se trata de una postura equivocada, continua, porque “la jurisprudencia más reciente en conflictos con embalses en el Júcar, Alto Tajo o en el río Eo confirma la obligación de demoler por parte de la compañía concesionaria, a no ser que el Estado considere la posibilidad de mantener la infraestructura”, apunta.
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