La investigación por la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid con la venta de material sanitario en lo peor de la pandemia, en la que los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño obtuvieron casi seis millones de euros, ha abierto puertas inesperadas. Tras cerca de un año de instrucción, las pesquisas diseccionan ahora la figura de Luceño, que se presentó al juez Adolfo Carretero como un experimentado “agente” dedicado a la exportación, pero que se ha desvelado como un empresario con múltiples sombras. La Policía encontró en su casa documentos falsificados —incluido una placa del CNI— y Hacienda ha descrito cómo urdió una trama societaria para defraudar a Hacienda. El magistrado ya le imputa cuatro tipos de delito y volverá a interrogarlo el 10 de febrero.
La trama societaria. El juez ha ampliado el foco sobre Luceño esta misma semana. Carretero le imputó el lunes un delito agravado contra la hacienda pública. En un informe de casi 100 páginas, al que tuvo acceso EL PAÍS, la Agencia Tributaria concluye que el comisionista creó “ex profeso” en mayo de 2020 una empresa (Takamaka Invest S. L.) para poner en marcha un mecanismo de “elusión fiscal”. Según las pesquisas, el sospechoso “simuló” que, en lugar de él, fue dicha sociedad quien prestó sus servicios a Leno, la compañía que presuntamente suministró el material sanitario que acabaría en el Ayuntamiento, así que en julio de 2020 facturó la operación a través de Takamaka y después la declaró como ingresos a través del Impuesto de Sociedades.
Sin embargo, las fechas ponen contra las cuerdas a Luceño, según ha comprobado Hacienda. Las operaciones de compraventa del material sanitario se ejecutaron en marzo de 2020 (en lo peor de la pandemia) y los comisionistas cobraron entre finales de ese mismo mes y abril. Más de un mes antes de que Luceño creara su nueva empresa, junto a su esposa y dos hijos; y casi cuatro meses antes de facturar a través de Takamaka. “Constituye [esa compañía] con una finalidad muy clara: interponerla en la relación comercial, aparentando que es aquella quien presta los servicios de intermediación, con el objetivo de conseguir una reducción en la tributación”, expone la Agencia Tributaria.
Sobre la base de los cálculos de Hacienda, el juez destaca que Luceño “dejó de ingresar en las arcas públicas” más de 1,3 millones de euros, “en relación con el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) de 2020” que él debía declarar.
78 “versiones” de una carta de Almeida. La documentación intervenida en la investigación no deja de deparar sorpresas. Durante los registros de la casa y la empresa de Luceño, la Policía encontró una batería de papeles oficiales presuntamente alterados por él, “desvirtuando el contenido original de los mismos”. Entre otros, los agentes hallaron hasta 78 “versiones” de una supuesta carta del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para facilitarle la labor de exportación de productos de China durante la pandemia —donde llega a “incluir emblemas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social”—; o múltiples versiones de sendos certificados emitidos por el Hospital Universitario Puerta de Hierro y por el director general de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid. En este último caso, Luceño se añade como “agente oficial del Gobierno de China”, según los investigadores—.
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El juez decidió esta semana investigar estos hechos como un presunto delito de falsedad en documento oficial.
Documentos falsos del CNI. Antes, a mediados de enero, el magistrado ya decidió ampliar la investigación contra Luceño e imputarle otro delito de falsedad documental después de que se encontraran documentos falsos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante el registro de su casa. Los agentes localizaron una “tarjeta de identidad profesional del CNI” y una “placa”. Tras analizarlos, concluyeron que eran “íntegramente falsas”. “Ese [hallazgo] guarda conexión analógica con otros documentos obrantes en la causa y con la conducta que se investiga a Luceño, quien parece distorsionar su actividad y profesión”, escribió Carretero, que añadió: “El citado documento, un carné del CNI elaborado a la vista con mucha similitud al verdadero, puede ser utilizado para facilitar las relaciones comerciales del investigado con autoridades o empresas en Asia”.
El engaño millonario. El cogollo de la investigación versa sobre un delito de estafa agravada. El juez mantiene que Medina y Luceño “engañaron” al Ayuntamiento para embolsarse casi seis millones de euros en comisiones con la venta de material sanitario defectuoso (guantes, mascarillas y test de covid) al Consistorio en lo peor de la pandemia cuando este material escaseaba en el mercado mundial. Según el magistrado, los dos pactaron inflar los costes y se lo ocultaron a la Administración. “El precio de las mascarillas se elevó un 60%; el de los guantes, en un 81%; y el de los test, en un 71%, como consecuencia de las comisiones que habían pactado”, ha incidido el instructor en una de sus resoluciones, donde destaca que este delito “lleva aparejada una pena de hasta ocho años de prisión”.
El blanqueo. “Con el dinero de las comisiones, Luceño se pagó una estancia de 60.000 euros en un hotel de lujo; se compró tres relojes de firma exclusiva valorados en 42.450 euros; siete vehículos de lujo valorados en 1,03 millones de euros, que facturó a la empresa Takamaka […], transmitiendo además a la cuenta de la anterior empresa 3,3 millones con la que se compró una vivienda en Pozuelo de Alarcón (Madrid) valorada en 1,1 millones…”. Con estas palabras, el juez Carretero describió las operaciones que puso en marcha en el comisionista y que, en opinión del instructor, constituyen un presunto delito de blanqueo de capitales, castigado con “hasta seis años de prisión”.
Papeles alterados para los bancos. Luceño ya fue imputado en abril de 2022 por un primer delito de falsedad documental, relacionado con los papeles que él y Medina presentaron a sus entidades financieras para justificar las ingentes cantidades de dinero que ingresaron en sus cuentas por la venta de material al Ayuntamiento. Unos documentos que fueron falsificados, según señala la Policía, el juez y la Fiscalía Anticorrupción. En ellos, ambos se presentaban como “agentes exclusivos” de Leno, pero el ministerio público detectó multitud de inconsistencias: se encuentran fechados el “jueves, 12 de septiembre de 2018”, cuando ese día era miércoles; se rubricaron aparentemente casi dos años antes de las operaciones bajo sospecha, pese a que Medina aseguró que nunca había tenido relación con esa empresa asiática antes de intermediar en la venta para el Consistorio; y los papeles se alteraron presuntamente para añadir señas de la Cámara de Comercio Internacional, del FBI y de la Interpol.
Los cuatro delitos atribuidos a Medina
El juez también imputa cuatro delitos a Luis Medina, hermano del duque de Feria. Aunque, en su caso, los cuatro se le han adjudicado desde el principio de la instrucción y el magistrado no ha ampliado el foco contra él en este año, a diferencia de lo que ha ocurrido con Luceño. El juez atribuye a Medina el delito de estafa por el presunto engaño al Ayuntamiento con la venta del material sanitario; el de blanqueo, por comprarse un velero con el dinero de la operación bajo sospecha; y otro de falsedad documental, por la documentación presuntamente alterada que presentó a su entidad financiera por las cantidades que ingresó. A su vez, también le imputa un delito de alzamiento de bienes por desprenderse de una parte de su patrimonio cuando ya sabía que era investigado por la Fiscalía, ocultándolo así supuestamente para que no le fuera embargado.
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