Luis Bárcenas y su familia mueven ficha en el caso Kitchen, la investigación judicial sobre el espionaje ilegal al extesorero del PP para robarle documentación comprometedora sobre altos cargos de la formación. El antiguo responsable de finanzas ha presentado ya su escrito de acusación contra los 11 procesados y ha solicitado a la Audiencia Nacional que imponga una pena de 41 años de cárcel a casi todos los implicados, incluido a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy; Francisco Martínez, su mano derecha y ex secretario de Estado de Seguridad; Eugenio Pino, exjefe de la Policía Nacional; y el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Solo ha planteado un castigo un poco menor para Sergio Ríos, quien fuera su chófer, al que quiere sentenciar a 33 años de prisión.
A lo largo de un escrito de 48 páginas, fechado este martes, la familia Bárcenas describe el complot urdido en 2013 en el seno de Interior para espiarlos durante la etapa de Fernández Díaz. Según apuntan, en base a los indicios recabados en el sumario, los implicados “orquestaron una operación parapolicial al margen de la ley con el fin de conseguir y destruir la posible información” que guardaban el extesorero, su esposa (Rosalía Iglesias) y su hijo (Guillermo Bárcenas), y que podía afectar al PP. Por entonces, EL PAÍS ya había publicado los papeles de Bárcenas, y el exdirigente popular había comenzado a tirar de la manta en el caso Gürtel, que cercaba al partido por la trama de corrupción diseñada en torno al empresario Francisco Correa —una causa que, a día de hoy, ya le ha costado tres condenadas a la formación liderada actualmente por Alberto Núñez Feijóo—.
“Fernández Díaz, que ostentaba en aquel momento el puesto de ministro del Interior del partido que gobernaba nuestra nación (Partido Popular), y por tanto máximo responsable político de este departamento, con conocimiento de su ilicitud y claro abuso de sus funciones, ordenó a Francisco Martínez poner en marcha una operación encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en poder de Bárcenas o, en su caso, de las personas de máxima confianza del mismo, su esposa e hijo”, explica la abogada del extesorero del PP, que insiste en que el objetivo era robarle esos papeles antes de que los encontrara el juez Pablo Ruz, que entonces encabezaba las pesquisas sobre Gürtel en la Audiencia Nacional.
Los dos políticos se valieron para ello de una red de altos cargos policiales, según la instrucción. En primer lugar, de Eugenio Pino, máximo responsable del Cuerpo como director adjunto operativo. Pero también, presuntamente, de otros siete comisarios e inspectores jefe: Villarejo, Enrique García Castaño, José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, Bonifacio Díez, Andrés Gómez Gordo y José Ángel Fuentes Gago. Igualmente echaron mano de Sergio Ríos, quien entonces trabajaba como conductor de Bárcenas: lo captaron como confidente, le pagaron con fondos reservados y después aprobaría las oposiciones a policía en un proceso puesto bajo sospecha en la causa.
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“Fernández Díaz estaba al tanto de todos los movimientos del operativo, siendo informado puntualmente por su secretario de Estado, Francisco Martínez”, apostilla la familia Bárcenas en su escrito. Según consta en el sumario, la trama desplegó múltiples vigilancias del extesorero —incluido en la cárcel de Soto del Real, después de que entrara en prisión preventiva por Gürtel— y su entorno; llegó a robarle dispositivos digitales (móviles y tabletas), que clonaron en un restaurante VIPS; e, incluso, se colaron en un local que Rosalía Iglesias usaba como taller de restauración.
García Castaño fue quien entró en dicho inmueble, al que el operativo irregular bautizó como “zulo”. Y allí, aunque este comisario lo niega, el juez instructor Manuel García-Castellón está convencido de que encontraron papeles comprometedores del PP. “Documentación que nunca fue aportada al procedimiento judicial de Gürtel”, subraya la familia de Bárcenas. Precisamente, el extesorero y su mujer se encuentran actualmente en prisión por esa causa sobre las empresas de Correa.
