El núcleo duro del próximo Gobierno de Brasil estará compuesto por hombres veteranos que pertenecen al Partido de los Trabajadores (PT), a su órbita o fueron ministros en algún momento de sus 14 años al frente del poder. El presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, ha anunciado este viernes al núcleo duro del Gabinete con el que iniciará su tercer mandato el día de Año Nuevo. Lula ha presentado a los titulares de Economía, de la Casa Civil —equivalente a primer ministro—, de Defensa, de Relaciones Exteriores y de Justicia. El hombre fuerte para Economía, tal y como siempre dijo, será un político, Fernando Haddad, de 59 años, que asumió la candidatura presidencial del PT cuando Lula fue encarcelado. El titular de Defensa es un civil, un hombre de consenso que tiene buena relación con el ultraderechista Jair Bolsonaro, presidente saliente.
Los elegidos para esta primera tanda de ministros estratégicos son todos viejos conocidos de la política brasileña. Todos hombres, la mayoría blancos. “Llegará la hora en que ustedes van a ver muchas mujeres, muchos negros, afrodescendientes”, ha dicho el izquierdista Lula flanqueado por los elegidos nada más empezar su intervención, antes incluso de confirmar públicamente qué ministerio ha encomendado a cada uno. En este primer bloque de nombramientos tampoco hay representantes de la decena de partidos que se aliaron al PT y aceptaron el liderazgo de Lula para derrotar a Bolsonaro en defensa de la democracia brasileña.
Lula ha decidido mantener su apuesta por Haddad al frente de Economía aunque los inversores y el poder económico ya le han hecho saber con caídas de la Bolsa que la elección de este antiguo ministro y profesor universitario les disgusta, hubieran preferido alguien más liberal. No obstante, es de la máxima confianza del próximo mandatario, que ha prometido responsabilidad fiscal pero quiere priorizar las políticas sociales. Al designarlo, Lula envía el mensaje de que prioriza las negociaciones con el Congreso frente a las reformas económicas. Haddad tiene por delante el desafío de estimular el crecimiento económico en un país que prácticamente no crece desde hace una década.
Al frente de Defensa estará José Múcio, de 74 años, que tiene buena relación personal con Bolsonaro y al que Lula nombró al final de su segundo mandato ministro del Tribunal de Cuentas Públicas. Su misión es despolitizar las Fuerzas Armadas. El ministro de Exteriores será Mauro Vieira, de 71 años, un diplomático que regresa al cargo que ostentó hace años y al que Bolsonaro desterró al enviarlo como embajador a Croacia. El responsable de la Casa Civil será el antiguo gobernador de Bahía, Rui Costa, de 59 años y también del PT; y el de Justicia, el antiguo juez y exgobernador de Maranhão Flavio Dino, de 54 años, que siempre ha orbitado en torno al partido de Lula.
Los nombramientos han sido anunciados en una rueda de prensa en Brasilia, poco antes de que empezara el Brasil-Croacia del Mundial. El único ausente, el próximo canciller, que está precisamente en Zagreb todavía, ha explicado Lula. “Cuando acabe el partido, me reuniré con el compañero Múcio”, ha dicho en referencia a la reunión en la que hablará con el futuro titular de Defensa de los próximos jefes del Ejército, la Marina y la Aeronáutica. Todo apunta a que Lula seguirá la tradición de elegir a los más veteranos.
Múcio, que conoce a Bolsonaro de los tiempos en que ambos fueron diputados, es considerado un conciliador con el que Lula espera suavizar las relaciones con los militares. Durante la presidencia de Bolsonaro los uniformados han tenido un poder en el Gabinete, en una Admministración y una presencia pública inédita desde que el país recuperó la democracia.
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A tres semanas de su toma de posesión, Lula empieza a desvelar quiénes le acompañarán en este regreso al poder tras ganar las elecciones a Bolsonaro. Ga adelantado la presentación de estos primeros nombres respecto a su plan original porque, ha dicho, “necesito que empiecen a montar el Gobierno”. Con ellos, espera tener desde ya interlocutores con el Congreso y con los militares. El diálogo con los parlamentarios es crucial para poder aprobar la financiación extra que necesita para pagar su principal promesa electoral, la paga de 600 reales (108 euros, 114 dólares) que reciben 21 millones de familias y los 150 reales por cada niño menor de seis años. Un programa de combate a la pobreza que Bolsonaro rebautizó como Auxilio Brasil y volverá a llamarse Bolsa Familia.
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