Las máximas autoridades de la república de Brasil han sido convocadas de urgencia por el recién estrenado presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, este lunes, un día después de que una turba de partidarios de su predecesor, Jair Bolsonaro, asaltara los tres poderes en Brasilia. El mandatario, de 77 años, se ha reunido en el palacio presidencial de Planalto con la presidenta del Tribunal Supremo, Rosa Weber, y con los del Congreso, Arthur Lira, y del Senado, Rodrigo Pacheco. Lira es un aliado de Bolsonaro y se sumó a la condena unánime del asalto de los máximos representantes de las instituciones. También han sido convocados el ministro de Defensa, José Múcio, y los recién nombrados jefes de las Fuerzas Armadas. Tras la reunión, los máximos representantes de los tres poderes han difundido una nota conjunta en la que afirman: “Rechazamos los actos terroristas, vandálicos, delictivos y golpistas” del domingo.
Además, el gobernador del Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha, ha sido suspendido del cargo durante tres meses por no haber evitado el paso a los extremistas que asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado. Por la tarde Lula se ha reunido con los gobernadores de los 26 Estados, después de conversar por teléfono con el primer ministro portugués, António Costa, y con su homólogo estadounidense, Joe Biden, que le ha invitado a visitar EEUU a principios de febrero. El brasileño ha aceptado, según una nota de su equipo. El presidente Biden le ha expresado el “apoyo incondicional de EEUU a la democracia brasileña y a la voluntad expresada por el pueblo en las últimas elecciones, que venció Lula”.
Esta tarde, el ministro de Justicia, Flavio Dino, ha declarado en una comparecencia que “gracias a Dios el país camina hacia la normalización absoluta institucional a alta velocidad”.
Lula se enfrenta en el noveno día de su nuevo mandato al desafío más grave sufrido por la democracia brasileña desde el fin de la dictadura, en 1985. Es la culminación de meses de tensión, azuzada por el expresidente ultraderechista Bolsonaro, que se encuentra en Florida (Estados Unidos), y refleja la extrema polarización que divide Brasil en dos mitades.
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Los bolsonaristas, vestidos con los colores de la bandera del país (amarillo y verde), emularon a los trumpistas para protagonizar una versión tropical del asalto al Capitolio de Washington, hace dos años, con la diferencia de que en Brasilia las instituciones no estaban reunidas en sesión, que no hubo muertos y que no fue ninguna sorpresa, sino un ataque temido por los demócratas durante meses. En el caso de Brasil, tres horas después las fuerzas de seguridad habían retomado el control de los tres edificios.
Miles de bolsonaristas a los que el expresidente ha convencido de que les robaron las elecciones celebradas en octubre invadieron el Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo, ubicados en torno a la plaza de los Tres Poderes diseñada por el arquitecto Óscar Niemeyer. El presidente derrotado condenó con tibieza el ataque perpetrado por los sectores más radicales de sus seguidores, a los que durante meses ha alentado a desconfiar del sistema de votación, del recuento y del máximo tribunal de justicia. Cuando la toma de las sedes del poder político aún estaba en marcha, Lula acusó a su predecesor de instigar a los “vándalos fascistas”.
Los asaltantes destruyeron mobiliario y obras de arte, rompieron piezas de las fachadas acristaladas e inundaron el Congreso antes de ser desalojados por la policía. Son piezas muy valiosas, parte del patrimonio modernista diseñado por Niemeyer cuando, junto al urbanista Lucio Costa, ideó Brasilia, inaugurada en el centro del país en 196o. Uno de los motivos para trasladar la capital de Río de Janeiro al interior era dificultar las hipotéticas protestas contra las autoridades, además de blindarlas de un posible ataque como el perpetrado el domingo. El asalto ocurrió en el mismo lugar en el que una semana antes una multitud festiva de 300.000 personas arropó a Lula, junto a decenas de jefes de Estado extranjeros, en su regreso al poder para un tercer mandato.
Campamentos golpistas
El lunes por la mañana, la policía desalojó el campamento golpista montado frente el cuartel general del Ejército en Brasilia. Entre 1.200 y 1.400 personas fueron retenidas para su identificación, según dijo el portavoz del Ejército, coronel Marcos André Benzecry. Los bolsonaristas no fueron detenidos, sino llevados a un lugar donde están siendo identificados y cacheados. “Ahí es donde empieza la investigación para ver si tienen algo que ver con los actos vandálicos” del domingo, ha dicho Benzecry.
Un juez del Tribunal Supremo ordenó el desmantelamiento de todos los campamentos levantados hace dos meses, tras las elecciones, por bolsonaristas radicales que ponen en duda el resultado oficial que dio la victoria, por la mínima, a Lula frente a Bolsonaro (51% frente a 49%). Hace unos días, el nuevo ministro de Defensa calculaba que había unas 5.000 personas en las protestas dispersas por todo el país. Firma la decisión el juez Alexandre de Moraes, el más activo de los magistrados del máximo tribunal, que también ordenó suspender por 90 días al gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, un aliado de Bolsonaro que estaba al tanto de la marcha hacia las instituciones y era el máximo responsable de la Policía Militar del DF, que no cortó el paso a los extremistas.
El gobernador ahora destituido pidió disculpas a Lula el domingo tras apartar del cargo al secretario de Seguridad, un policía antiguo ministro de Bolsonaro que está de vacaciones en Florida, donde también se encuentra el antiguo mandatario y líder ultraderechista. Bolsonaro viajó a Orlando dos días antes del final de su mandato para no dar el relevo a su némesis, Lula. En el instante en que el nuevo presidente juraba el cargo, Bolsonaro perdía la inmunidad presidencial, y por tanto, puede ser formalmente procesado en cualquiera de las múltiples investigaciones abiertas en su contra.
El asalto aún estaba en marcha cuando Lula, en su calidad de jefe del Estado, ordenó la intervención federal de la seguridad pública en el DF, es decir, que el Gobierno federal asumiera el mando de las fuerzas de seguridad que hasta ese momento dependían del gobernador. “Este genocida está alimentando esto [el ataque] vía redes [sociales] desde Miami”, dijo el jefe del Ejecutivo en una improvisada rueda de prensa.
Buena parte de los invasores llegaron hasta el corazón político de Brasil en un centenar de autobuses y caminando tranquilamente, escoltados incluso por la Policía Militar, desde el campamento golpista instalado en la sede del Cuartel General del Ejército, otro espectacular edificio de Niemeyer ubicado a nueve kilómetros de los edificios asaltados.
Las fuerzas de seguridad detuvieron a unas 300 personas acusadas de participar en la invasión, a los que la prensa brasileña define ya como “terroristas”, un término inusual a nivel interno en este país hasta que el día de Nochebuena la policía detuvo a un bolsonarista acusado de un atentado fallido con explosivos.
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