El principal asesor de seguridad nacional del presidente de Brasil, el general Marcos Gonçalves Dias, ha dimitido este miércoles en lo que supone la primera baja del Gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva desde que asumió el poder en enero. La abrupta salida del único militar con rango de ministro obedece al escándalo que ha desatado la difusión de unas imágenes grabadas durante el asalto golpista que perpetraron miles de bolsonaristas. El vídeo, tomado en el palacio de Planalto, sede de la Presidencia, muestra al general Dias moviéndose entre los invasores sin hacer amago de detenerlos o desalojarlos mientras varios subalternos les ofrecen agua y se muestran cordiales con los vándalos que acababan de entrar por la fuerza y estaban destrozando las sedes de los Tres Poderes.
Lula afronta esta nueva crisis cuando aún está fresca la anterior (el enfado en Occidente por su postura en la guerra de Ucrania) y en vísperas de su viaje a Portugal, para conmemorar el aniversario de la revolución de los claveles que puso fin a la dictadura, y de su visita a España.
El general dimitido ha intentado defenderse después de presentar su renuncia como ministro del Gabinete de Seguridad Institucional de Brasil con el argumento de evitar un mayor desgaste al Gobierno. El presidente Lula ha aceptado inmediatamente la dimisión del general que ocupó ese mismo cargo en sus dos anteriores mandatos. Dias ha dado una entrevista para defender su labor de aquel día, que logró mantener a salvo de la ira bolsonarista el despacho presidencial, y se ha desvinculado de los subalternos. Ha explicado que fueron destituidos poco después. Algunos están entre los 81 militares interrogados por la intentona golpista, según ha explicado el Ejecutivo en una nota.
El Gobierno ha recalcado que “no habrá impunidad” para los implicados en el ataque a la democracia brasileña y ha recordado que el “Gobierno acababa de tomar posesión (una semana antes), por lo que aún quedaba muchos equipos de la Administración anterior (la de Jair Bolsonaro, de extrema derecha), incluso en el Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), que fueron destituidos en la días posteriores al episodio”.
El día del ataque el Gobierno cumplía su primera semana en ejercicio. Fue un inicio muy turbulento. Cuando cumplía su segunda semana de presidente, Lula destituyó por falta de confianza al jefe del Ejército. Desde entonces ha insistido en que sean la policía y la justicia quienes lidien con actos antidemocráticos de aquel domingo.
Las imágenes, reveladas por CNN Brasil, son parte de los cientos de horas grabadas por las cámaras de seguridad de los edificios asaltados el 8 de enero, las sedes de la Presidencia, del Congreso y del Tribunal Supremo. Fuentes cercanas al presidente brasileño han declarado a Reuters que no cabe duda de que el general no apoyó ni facilitó el asalto de la turba bolsonarista.
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Para la oposición bolsonarista, las imágenes muestran que hubo complicidades dentro del Gobierno y espera que refuerce sus demanda de que se cree una comisión parlamentaria que investigue a fondo el asalto. Vista la eficaz maquinaria de desinformación que maneja el bolsonarismo, el Gobierno considera que una comisión haría más mal que bien ahora mismo. Desde el día siguiente del asalto violento circulan entre los seguidores del anterior presidente, Jair Bolsonaro, de extrema derecha, teorías conspiratorias que culpan del asalto a supuestos infiltrados izquierdistas. No existe un solo indicio que lo apoye.
Más de 1.500 personas fueron detenidas en los edificios de la plaza de los Tres Poderes en Brasilia y cientos siguen todavía en prisión. El Tribunal Supremo empezó esta semana a analizar los casos del primer centenar de sospechosos para formalizar las acusaciones contra ellos.
Como Lula ganó las elecciones por la mínima, ya desde entonces estuvo claro que su mandato no sería fácil. A la victoria más ajustada de la historia, se le une un presidente saliente que erosionó el engranaje institucional durante cuatro años y enarboló un discurso deslegitimador del resultado electoral que allanó el camino al asalto golpista. El Tribunal Supremo investiga al anterior presidente por alentar la invasión violenta y ha ordenado que la policía lo interrogue. Mientras, el último ministro de Justicia de Bolsonaro lleva más de tres meses encarcelado por su supuesta complicidad en los ataques antidemocráticos.
Ese panorama complejo para Lula se ha visto agravado por las dificultades que afronta hasta ahora para formar una mayoría parlamentaria que le permita sacar adelante sus propuestas. El general Dias no es el primer ministro envuelto en una gran polémica pero en los anteriores casos el presidente brasileño resistió los llamamientos a destituirlos porque afectaron a representantes de partidos que son socios imprescindibles. La ministra de Turismo fue acusada de peligrosa cercanía con las llamadas milicias de Río de Janeiro, grupos de criminales paramilitares, y el ministro de Comunicaciones, de corrupción.
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