El Instituto Nacional Electoral (INE) ha impuesto este jueves duras sanciones a dos de los ganadores de los comicios del 6 de junio: un político en ascenso, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, y una formación que cuadriplicó su presencia en la Cámara de Diputados, el Partido Verde. El árbitro electoral ha multado con 55,4 millones de pesos a Movimiento Ciudadano y con 448.000 pesos a García, por las publicaciones en redes sociales de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez. El dirigente se ha llevado otro golpe: una sanción de 28 millones por aportaciones ilegales a su campaña de tres miembros de su familia. En una tercera decisión, el árbitro ha sancionado al Partido Verde con 40,9 millones de pesos y la pérdida de promocionales en radio y televisión por haber pagado a un centenar de famosos para lanzar mensajes de apoyo durante la veda electoral.
La institución ha decidido que las publicaciones de Mariana Rodríguez, una pieza clave de la campaña victoriosa de García, van más allá de una muestra de libertad de expresión o de solidaridad con su esposo. La mayoría de los consejeros ha considerado probada la condición de Rodríguez como una persona física con actividades comerciales, lo que le impide aportar en especie a campañas políticas. El proyecto votado señala que Rodríguez está dada de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por sus actividades empresariales en servicios de publicidad y que su nombre está registrado como marca ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI).
El consejero Jaime Rivera ha afirmado que “no se sanciona el apoyo personal de Mariana Rodríguez a su esposo”, sino que utilizara “su medio de trabajo para desplegar una estrategia de publicidad y de propaganda electoral”. En el proyecto, el INE ha detectado 45 fotografías y 1.300 historias fijadas con rasgos propagandísticos, con un valor estimado de 27,8 millones de pesos que la campaña no cobró ni reportó como gasto. Tres de los ocho consejeros han votado en contra de la sanción con el argumento de que los mensajes están amparados por la libertad de expresión y que se tiene que tomar en cuenta la condición de cónyuge de Rodríguez.
En paralelo al largo debate, Mariana Rodríguez ha ido comentando en su cuenta de Instagram las intervenciones de algunos consejeros y ha señalado que el 6 de junio de 2020 se dio de baja como persona física con actividad empresarial. “Estoy completamente apegada a la ley. Pido de favor rectifiquen su información”, ha solicitado a los consejeros. Antes de la votación, Samuel García tachó la multa propuesta de “ridícula” y llegó a acusar al INE de ejercer violencia política de género en contra de su esposa.
Además, el gobernador electo ha sido multado con 28 millones de pesos por recibir aportaciones ilegales a su campaña de parte de su madre y dos hermanos. Los 14 millones aportados proceden de varias empresas y fueron enviados a Movimiento Ciudadano para después destinarse al comité estatal del partido en Nuevo León y a la campaña de García, según la investigación en la que colaboraron la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT.
El INE ha tratado otro caso de influencers durante la sesión de más de ocho horas. El Partido Verde ha sido señalado de haber pagado a 104 famosos por haber llamado al voto durante el 5 y 6 de junio, días en que las formaciones políticas no podían realizar actividades propagandísticas debido a la veda electoral. Además, no reportó estos pagos como gastos de campaña. El proyecto aprobado impone una multa, 40,9 millones de pesos, que duplica el monto que el instituto estima que el Verde gastó en la estrategia, alrededor de un millón de dólares, 20 millones de pesos.
La sanción, sin embargo, no se queda allí. El INE ha decidido, además, interrumpir durante un año el acceso del partido a los tiempos en radio y televisión asignados por el organismo para propaganda política, la primera vez que se impone un castigo de este calibre. Para justificar la dureza, la propuesta recuerda la “conducta contumaz y reincidente” del Verde, que fue sancionado con siete millones de pesos por recurrir a 42 influencers en las elecciones intermedias de 2015. “La sanción tiene una vertiente cuantitativa y cualitativa. Las sanciones económicas pueden no ser inhibitorias. Pese a haber sido multado en 2015, el partido ahora vuelve a gastar dinero de manera opaca”, ha dicho el consejero Ciro Murayama. Los integrantes del organismo han rechazado iniciar un procedimiento para quitarle el registro a la formación.
El Partido Verde aseguró en un primer momento que se trataba de mensajes espontáneos. Este miércoles, el senador Raúl Bolaños, miembro de la cúpula, afirmó desconocer el asunto aunque reconoció que “habrá que acatar lo que las autoridades digan”. Frente a la defensa de la formación, la consejera Adriana Favela ha dicho que los mensajes de los influencers “no fueron realizados en ejercicio de la libertad de expresión. Se acreditó una estrategia de comunicación para influir en el sentido de los electorales, la existencia de un guion para los mensajes que contiene una introducción y un cierre”, ha declarado. “Fueron contratados a través de empresas. Tres reconocieron que se les pagó”. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales también ha abierto una investigación sobre este asunto que todavía está en curso.
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