Marruecos quiere obtener de la Justicia española lo que hasta ahora no ha conseguido de la francesa: la exoneración de cualquier responsabilidad en el espionaje masivo con el programa israelí Pegasus. El próximo 13 de enero está previsto que se celebre en el Juzgado de Primera Instancia número 72 de Madrid el juicio por la demanda civil que el Reino de Marruecos ha interpuesto contra el periodista español Ignacio Cembrero.
En este proceso, el Gobierno marroquí no se limita a reclamar que el redactor, experto en el Magreb, demuestre que los servicios secretos del país vecino son responsables “del supuesto espionaje del que habría sido víctima” o, si no puede hacerlo, se retracte “enmendando y reconociendo su error”. También pretende que el juez dicte una sentencia en la que afirme categóricamente que Cembrero no ha sido “víctima de ningún acto de espionaje (malware Pegasus) del que sea responsable o haya cometido el Reino de Marruecos en su contra”. La petición resulta insólita porque el juez no ha investigado la existencia del supuesto espionaje y mucho menos su autoría, ya que eso es competencia de los juzgados penales y no civiles.
En julio de 2021, el consorcio internacional de periodistas Forbidden Stories y Amnistía Internacional (AI) destaparon un escándalo de espionaje masivo según el cual una veintena de países (Marruecos, México, Arabia Saudí o Hungría, entre otros), disponían del programa espía Pegasus, de la compañía israelí NSO, con el que habrían sido infectados los móviles de periodistas, activistas o políticos. La investigación se basaba en la filtración de 50.000 números telefónicos seleccionados como objetivos potenciales por los clientes de Pegasus desde 2016. El único nombre español que ha trascendido de dicha lista, que incluía a 180 informadores, es el de Cembrero, exredactor de EL PAÍS y actualmente de El Confidencial.
Distintos medios de comunicación señalaron a Rabat como responsable de usar Pegasus para espiar a periodistas franceses y opositores marroquíes asentados en Francia. Marruecos respondió denunciando por difamación a Le Monde, Radio France, L’ Humanité o France Médias Monde; además de Forbidden Stories y AI. Todas las demandas fueron inadmitidas por los tribunales de París en marzo pasado, con el argumento de que la libertad de expresión ampara a la prensa y la protección legal frente a la difamación puede ser esgrimida por los ciudadanos, no por los Estados.
En España, Marruecos ha optado por una vía diferente: no ha invocado la ley sobre derecho al honor, ni se querellado por injurias, ni ha exigido una rectificación, alegando que Cembrero no habló en su condición de periodista, sino como víctima de un supuesto espionaje. En su lugar, ha planteado “una acción declarativa negativa”, basada en la llamada “acción de jactancia”, una figura medieval que se remonta a las Partidas de Alfonso X El Sabio (Siglo XIII) cuyo objetivo es obligar a callar a quien reclama un derecho que no le corresponde.
Rabat no niega que el teléfono del periodista fuera atacado con el virus Pegasus, pero alega que, de ser así, el responsable de la infección no sería el servicio secreto de Marruecos, ya que este, sostiene enfáticamente, no dispone del programa espía israelí. El propio periodista ha reconocido carecer de pruebas sobre la autoría del hackeo de su teléfono —la denuncia interpuesta por la Fiscalía fue archivada provisionalmente por falta de autor conocido—, pero asegura tener la “certeza” de que sus responsables están en el país vecino, ya que mensajes privados de WhatsApp sustraídos de su móvil fueron reproducidos por un medio digital marroquí.
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Marruecos acusa a Cembrero de “jactarse” de haber sido espiado y de dañar al país vecino con “el estigma” de una acusación que puede perjudicar las relaciones diplomáticas y económicas con “potenciales efectos de una magnitud enorme”, según su escrito, por lo que pide al juez que ponga fin de inmediato a esas acusaciones con un pronunciamiento judicial que exoneraría a Rabat de cualquier responsabilidad en el espionaje y podría servir como precedente en otros países. Marruecos ha añadido a la demanda inicial el vídeo de la comparecencia que Cembrero efectuó el pasado 29 de noviembre ante el Parlamento Europeo para contestar a las preguntas de la comisión que investiga el caso Pegasus.
El programa de Pegasus fue utilizado para espiar a 63 independentistas catalanes y vascos; de los que 18 casos, incluido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, fueron reconocidos como propios por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). También fue el sistema empleado para extraer información de los móviles del presidente Pedro Sánchez y de los ministros del Interior (Fernando Grande Marlaska), Defensa (Margarita Robles) y Agricultura (Luis Planas), en la primavera de 2021, en el momento álgido de la crisis diplomática con Marruecos.
Esta es la cuarta denuncia de Rabat contra el mismo periodista ante la Justicia española, que las ha archivado en todas las ocasiones anteriores. Esta vez, las autoridades marroquíes han contratado al letrado Ernesto Díaz-Bastien, conocido por haber defendido al exdictador Augusto Pinochet, cuando fue detenido en Londres por orden del juez Garzón; al traficante de armas sirio Monzer Al Kasar o al comisario José Manuel Villarejo. El abogado que representa a Marruecos no ha atendido a los requerimientos de EL PAÍS para ofrecer su versión.
