La desesperación y el hartazgo ha llevado a unos 2.000 migrantes de distintas nacionalidades a ingresar por la fuerza en las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula, Chiapas, en la frontera con Guatemala. Muchas de esas personas llevan semanas esperando para poder recibir una identificación provisional que les permita estar en el país sin ser detenidos por las autoridades. Los migrantes, la mayoría de ellos de origen haitiano, saltaron muros y derribaron vallas para protestar por la demora en las oficinas de la ciudad, que están saturadas. Allí se atiende el 65% de las solicitudes que se registran en México. Eso, unido a las políticas restrictivas del Gobierno de Estados Unidos, que ha decidido continuar con el título 42 y que amenaza con extender esta forma de expulsión rápida a otras nacionalidades, como los haitianos, ha creado el caldo de cultivo que ha terminado con la paciencia de quienes permanecen a la espera en la capital chiapaneca.
El coordinador general de la Comar en México, Andrés Manuel Ramírez, asegura estar sorprendido por el aluvión de gente, cuya llegada no para de romper récords anteriores. Cree que esto se debe a varios factores. Para empezar, el pasado 27 de diciembre, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó la derogación del Título 42, una medida nacida en la época Trump que se ha ido prolongando hasta convertirse, contra su voluntad, en una de las políticas clave para frenar la inmigración de la Administración de Joe Biden, el actual presidente del país. La excusa inicial era evitar la expansión del coronavirus en un momento en el que se cerraron las fronteras del mundo entero. Ahora, lejos de reducirse, Estados Unidos amenaza con extender la medida a otras nacionalidades, como la haitiana, lo que ha puesto en alerta a los migrantes de esta nacionalidad.
“Muchos haitianos están temerosos de que se les aplique el título 42, y por eso sienten desesperación y angustia de estar en una situación tan precaria como la suya, sin información certera sobre lo que va a suceder en el futuro”, comenta Ramírez. También se impuso una razón más para los retrasos de las dos últimas semanas en la atención de las solicitudes: “Nuestros trabajadores allí tenían la necesidad imperiosa de descansar, así que estas dos últimas semanas ha habido vacaciones para parte del personal de registro, ralentizando todo el proceso”.
También hay un problema de desinformación, que lleva a que la Comar se utilice para obtener un documento que permita permanecer en el país durante el tiempo que se tarda en cruzar a Estados Unidos, el destino final deseado de la mayoría de las personas. “Los coyotes que les traen hasta aquí manipulan la información, les dicen que si solicitan aquí asilo van a poder viajar hacia el norte sin problema, lo que es falso”, dice Ramírez. Eso quita espacio y tiempo para las personas que realmente requieren ayuda. “Pero todos están viviendo una situación caótica, de mucha incertidumbre, y es difícil saber qué hacer”.
Ramírez asegura que están atendiendo a 5.000 personas al día en Tapachula desde el lunes, y que a partir de los altercados del martes la situación está más controlada. “Estamos en coordinación con la policía para mantener el orden y poder controlar la fila de atención”, explica. Este año han solicitado la condición de refugiado 118.478 personas. La mayoría de extranjeros que entran al país buscando mejor oportunidades, aquí o en el vecino del norte, vienen de Honduras (31.086), Cuba (18.087), Haití (17.068) y Venezuela (14.823). Y el lugar que más solicitudes atiende, por un amplio margen, es la ciudad de Tapachula, una pequeña ciudad de Chiapas a menos de 10 kilómetros de Guatemala. Allí se gestionaron el pasado año 76.239 procesos para la concesión del estatus de refugiado, frente a los 17.364 que tuvo que administrar Ciudad de México, la siguiente ciudad con más volumen de peticiones.
Las diferentes oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que están repartidas por la geografía nacional, son espacios de trabajo en los que funcionarios, saturados de trabajo, hacen preguntas al solicitante para determinar si, por sus circunstancias en el país de origen, merece o no el estatus de refugiado. Pero allí no dan alimentos ni cobijas para el frío de la noche, y tampoco tienen un lugar en el que hospedar a los migrantes durante su proceso. Sin embargo, como si se tratase de un secreto a voces que se transmite entre los recién llegados, todos empiezan su andadura en México en uno de estos centros. Se ponen en la fila o en las calles colindantes y esperan, sentados sobre la banqueta, sin apenas comida ni ropa para cambiarse, la ayuda de unas autoridades que nunca llegan. Las que sí acuden al rescate son las organizaciones civiles, que se dedican a informar, proporcionar comida y bebida y buscar refugio a estas personas durante su estancia en el país.
En una entrevista con este periódico realizada hace dos meses, el presidente internacional de Médicos Sin Fronteras, Christos Christou, hablaba del peligro de saturación de los migrantes, de que, si las cosas siguen así y no reciben alternativas viables para seguir su camino, la frustración puede acabar estallando como sucedió este martes en Tapachula. “Todavía recuerdo cuando estaba en Grecia, trabajando en la crisis de migrantes que hubo allí hace unos años, y recuerdo vivamente que todo lo que hacían para que la gente no tomara una ruta y desincentivar el viaje, todo esto al final del día no funciona, la gente está desesperada y escoge rutas más peligrosas que pueden llevarles a la muerte”, contaba Christou.
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