El 27 de marzo, 40 migrantes murieron calcinados en el incendio de una cárcel para extranjeros del Instituto Nacional de Migración (INM), en Ciudad Juárez. Decenas más resultaron heridos. Un mes después, la resaca política, social y emocional de una de las mayores tragedias migratorias de esta Administración todavía se siente en el país. Más de 300 organizaciones comparecen este miércoles en el Congreso, en una mesa de trabajo con la Comisión de Asuntos Migratorios, para exigir alternativas a la política mexicana, fuertemente criticada tanto por la sociedad civil como por un sector de la comunidad internacional por su estrategia de contención y militarización de las fronteras; las cazas indiscriminadas a las personas que transitan por el país; la retención en celdas sin las mínimas garantías de respeto a los derechos humanos o las deportaciones en caliente que violan el derecho internacional.
En un comunicado difundido antes de la comparecencia, las organizaciones han defendido que “urge abordar las dinámicas migratorias desde una perspectiva de derechos humanos, intercultural, empática y de integración social”. El informe señala el cambio en los patrones migratorios en los últimos años: “Muchas personas que antes únicamente transitaban por nuestro territorio ahora permanecen en él. El número de solicitudes de refugio se incrementó de 3.423 en 2015, a 30.000 en 2018; 129.791 en 2021; para cerrar el 2022 con 118.470 peticiones”. Sin embargo, solo un 25% de las peticiones de asilo reciben una respuesta positiva. El documento también pone en evidencia la diversidad de las nacionalidades que arriban a México: “venezolanos, cubanos, nicaragüenses, haitianos, ecuatorianos y personas de países del Triángulo del Norte de Centroamérica [Honduras, Guatemala y El Salvador]”.
“Atender esta situación requiere de un esfuerzo adicional y colaborativo entre el Estado mexicano, los países de origen y los Estados Unidos de América”, exponen. Para ello, las organizaciones proponen 10 “medidas urgentes” que ayuden a cambiar la estrategia de acogida mexicana.
1. Reforma de la ley migratoria
El punto más importante del informe es claro en sus objetivos: una reforma de la ley migratoria actual que implique eliminar las detenciones de migrantes por más de 36 horas y, en su lugar, plantee alternativas a los arrestos y las retenciones. “La detención en contexto de movilidad debe ser una medida excepcional”, defiende el comunicado. “Cuando no sea posible evitar las detenciones, asegurar que no excedan de 36 horas, tal como lo establece el artículo 21 de la Constitución Mexicana; obligación que, además, ha sido recientemente reconocida y resaltada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
2. Mejora de las condiciones en las estaciones migratorias
El segundo punto aboga por la “transformación, equipamiento y mejora” de las 35 estaciones migratorias y 23 estancias provisionales del país —con capacidad para albergar únicamente a 4.300 personas—. Las organizaciones apuestan por un trato que facilite la capacitación de los migrantes en “proximidad social, perspectiva de género e infancia, y atención a poblaciones vulnerables”, también por una fiscalización constante de los protocolos de atención, el uso de la fuerza, el funcionamiento de estos centros y las prácticas corruptas. El objetivo es cambiar las dinámicas desde el presupuesto de que “los migrantes no son delincuentes”. También, “impulsar el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para contar con protección federal y no a cargo de empresas privadas”.
3. Sensibilización
Realizar campañas periódicas de “concientización y sensibilización para la no discriminación a la población migrante” a través de medios de comunicación y “actores estratégicos”, “particularmente en las fronteras y sitios de mayor presencia de personas en situación de movilidad”.
4. Atención integral
Una atención integral a los extranjeros que transitan por México en materias claves como la asistencia médica y jurídica, la facilitación del contacto con sus familiares y otras redes de apoyo con, por ejemplo, puntos de acceso gratuito a internet. También “equipos, información y guía de programas especiales o políticas y papeleo de interés, especialmente en zonas prioritarias” o la consideración de la situación especial de vulnerabilidad que viven las personas integrantes de los “colectivos LGBTTTIQ+, afrodescendientes, adultos mayores, o personas con alguna discapacidad”.
5. Niñez
Las organizaciones priorizan la atención a la “niñez migrante no acompañada”, así como a las familias. Para ello, abogan por la creación de un “Mecanismo Transnacional de Protección Integral para la Niñez Migrante, Refugiada y sus Familias”.
6. Colaboración internacional
Otro de los puntos más importantes del documento, que apuesta por “cambios estructurales” en las políticas de colaboración, tanto a nivel interno como internacional, “que establezca alianzas con la sociedad civil y el sector privado”. Especialmente, reforzar los lazos con los países de origen de la migración en el continente.
7. Mejorar la política de refugio en México
Las organizaciones defienden un fortalecimiento de Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), un organismo que, según adelantó Alejandro Solalinde en entrevista con EL PAÍS, va a desaparecer junto al INM, para fusionarse en una nueva entidad.
8. Combatir la trata de personas y el tráfico de migrantes
Para combatir las redes de tráfico de personas que funcionan en México y afectan a las personas migrantes, el comunicado defiende la necesidad de invertir recursos, fortalecer los procesos penales, la cooperación regional o el “cambio de enfoque, de la securitización a la atención integral desde una perspectiva de protección y no criminalización”.
9. Corrupción sistémica
“Poner en marcha un sistema de control territorial para investigar, procesar y sancionar administrativa o penalmente a los servidores públicos que cometan actos de corrupción, delitos o violaciones a los derechos humanos de los migrantes”.
10. Relación bilateral México – EE UU
Las organizaciones urgen a “reconsiderar los acuerdos por medio de los cuales México acepta las deportaciones, vía Título 42, de personas de siete países” y piden más “recursos bilaterales del Acuerdo Bicentenario para organizaciones de la sociedad civil, religiosas y gobiernos locales en la franja fronteriza e impulsar vías legales de la migración con compromisos claros para ambos países”.
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