El Senado mexicano aprobó la tarde de este miércoles el “plan B” de la reforma electoral y con ello dio un cierre legislativo a la propuesta presidencial de modificar el sistema electoral. Una primera tanda de cambios a la ley habían sido aprobados a finales del año pasado, pero la segunda parte había quedado retrasada a partir de la cláusula de la “vida eterna”, que desató la polémica entre los partidos. La disposición permitía el traspaso de votos entre partidos de una misma coalición, lo que en la práctica favorecía a los aliados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Para liberar el proyecto, el Senado aprobó las leyes en las que había consenso y dejó ese artículo para debatir en posteriores discusiones legislativas. Lo aprobado esta semana, sumado a lo del año pasado, deja una reforma que afecta de manera estructural al Instituto Nacional Electoral (INE) y da más libertad a los funcionarios públicos para que se entrometan en las campañas. Estas son las claves:
Menos estructura para el INE
El árbitro electoral ha salido perjudicado en términos económicos y de poder. La reforma obliga al instituto a eliminar unas 300 juntas distritales, que son las encargadas de realizar en el terreno la preparación, organización y celebración de elecciones. En lugar de ellas se propone que haya oficinas con una sola persona. Además, se establece la reducción de la estructura de las 32 juntas locales que hay en México, lo que implica el recorte de 262 plazas. Estas instancias son las encargadas de garantizar los derechos a la identidad, a la asociación política, a la igualdad y no discriminación, a la secrecía del voto, a elegir libremente a sus representantes y gobernantes, a la información y la transparencia en las elecciones, a la participación en condiciones de equidad y de ser electo, y a la justicia en materia electoral.
“Prescindir de estos profesionales de la organización electoral en los 300 distritos y en las 32 entidades compromete el pleno respeto al sufragio que el actual modelo legal garantiza en México”, señala el INE respecto a estos puntos. Estas modificaciones, de acuerdo con el instituto, afectan directamente al padrón electoral y a la cartografía electoral, ya que las juntas son donde se actualiza el padrón y se expiden las identificaciones necesarias para ejercer el voto. “La integridad de ambos instrumentos se vería comprometida en su calidad y alcance y los trámites asociados a ellos, ya que afecta el vínculo de la ciudadanía con el Estado mexicano”, ha señalado el organismo en un documento.
Entre otras afectaciones a la estructura del sistema electoral, está la disminución de recursos para capacitar a los funcionarios de casillas y la afectación a la operación de 143 Centros de Verificación y Monitoreo, encargados de controlar los tiempos de la pauta electoral en radio y televisión. La reducción de las juntas también implica un recorte del 84% del Servicio Profesional Electoral Nacional, cargos que son elegidos por concurso. Esto se traduce en más de 1.500 puestos que son eliminados.
Recorte de gastos y más dinero a los partidos
Morena ha destacado que la gran ventaja que propone el “plan B” es el ahorro de unos 3.500 millones de pesos, que mayoritariamente al presupuesto del INE. Pero también están en la mira los salarios de los consejeros del organismo: las modificaciones a las leyes obligan una retabulación para que ninguno gane más que el presidente de la República. La reforma insta además al instituto a eliminar los fideicomisos que le permitían retener recursos públicos previstos para sus trabajadores. Lo aprobado también establece que los partidos puedan guardar los remanentes de recursos, ya sean públicos o privados, que no utilicen en un año para el periodo siguiente. Hasta ahora estaban obligados a devolverlos a la Tesorería de la Federación.
Libertad para la propaganda gubernamental
El “plan B” de López Obrador establece una reducción del concepto desarrollado en la ley de lo que es la propaganda gubernamental. Esto quiere decir que lo que no se etiquete en los presupuestos como propaganda no será considerada como tal, a pesar de que utilice fondos públicos. Al cambiar el concepto, esta modificación afecta el precepto constitucional que dice que no se puede hacer propaganda gubernamental durante las campañas. La reforma limitad además la capacidad del árbitro electoral de sancionar a los funcionarios que públicamente se expresen a favor de un candidato.
Afuera la cláusula de “vida eterna”
El polémico punto que autorizaba la transferencia de votos entre partidos en coalición ha quedado fuera de la reforma. Inicialmente, los aliados de Morena buscaban aprobar una cláusula que les permitiera absorber las votos del partido oficialista y evitar así, en el caso de que no reciban el 3% del apoyo que ordena la Constitución, perder su registro. Pero las presiones hicieron que la reforma salga adelante sin este artículo. Lo eliminado establecía que los partidos políticos podían presentar una candidatura común, en cuyo caso la boleta tendría que llevar el logo de todos, y que “los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos”. Al menos de momento, esto ha quedado para futuras modificaciones.
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