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México castigará hasta con 22 años de cárcel el matrimonio infantil. El Senado aprobó por unanimidad una reforma en el Código Penal para que las denuncias no prescriban y para que se endurezcan las penas de prisión para quienes obliguen a casarse a niños indígenas y afromexicanos, las comunidades más expuestas a casamientos forzados o, incluso, a la venta de menores para saldar deudas.
El matrimonio infantil está prohibido en México desde marzo de 2019, después de una lucha que tomó décadas por el choque con las comunidades que se rigen por usos y costumbres. Lo que cambia con la reforma avalada esta semana por la Cámara alta es que establece penas de cárcel concretas para quienes organicen o celebren “cohabitaciones forzadas”, bajo el argumento de que los niños y las niñas que son víctimas no tienen la capacidad de consentir y, muchas veces, oponerse a estas uniones.
El Código Penal especifica ahora las penas por matrimonios forzados entre menores o entre un niño y un adulto, así como la venta o trueque de niños. Se castigará a “quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de dieciocho años de edad, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio”, se lee en la enmienda, que entrará en vigor en cuanto sea publicada por el Ejecutivo.
Las penas por este delito van de los ocho a los 15 años de prisión. También se contemplan multas de 1.000 a 2.500 días, lo que equivale a entre 9.000 dólares y casi 23.000 dólares, basado en el salario mínimo de Ciudad de México y el actual tipo de cambio. Pero la reforma establece como agravante que los menores sean afrodescendientes o indígenas, lo que aumenta los castigos un 50%. La pena mínima en estos casos es ahora de 12 años de cárcel y la máxima, de 22 años y seis meses.
“Estas prácticas atentan contra el interés superior de la niñez y representan un menoscabo a los derechos fundamentales”, afirmó Olga Sánchez Cordero, senadora por Morena, al presentar el dictamen. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados desde abril pasado, pero se estancó en la Cámara alta casi un año. El Senado también aprobó en la sesión del miércoles una reforma para endurecer los castigos por feminicidio hasta alcanzar los 112 años de prisión cuando las víctimas sean menores, embarazadas, adultas mayores o mujeres con discapacidad. El máximo castigo en el orden federal era de 70 años de cárcel.
En México, una de cada 100 niñas entre los 12 y 14 años son obligadas a casarse, de acuerdo con la organización Save The Children. La diputada Eufrosina Cruz, que presentó la iniciativa el año pasado, afirma que cada día se producen 38 uniones forzadas en el país. Alrededor de 10,5 millones de mujeres se casaron y 7,9 millones tuvieron su primer hijo antes de los 18 años, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2021. En junio de 2019 se elevó la edad mínima para contraer matrimonio justo a los 18 años, para combatir el matrimonio infantil y adolescente.
Alrededor de 326.000 mujeres mexicanas fueron “robadas” en contra de su voluntad para casarse y 193.000 se casaron a cambio de dinero, propiedades o regalos a sus padres para que celebraran matrimonios “arreglados”, según los cálculos del Inegi. En algunas zonas rurales, las niñas y adolescentes son vendidas hasta por 200.000 pesos, unos 10.600 dólares. El reto será traducir la nueva legislación en cambios concretos para erradicar los abusos.
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