En tanto se recuperan los migrantes heridos en el incendio de Ciudad Juárez el pasado 28 de marzo, el Gobierno mexicano se afana estos días por identificar y avanzar en la repatriación de los 40 fallecidos. El viernes se trasladó hasta Bogotá el primer cadáver, mientras que siete cuerpos iniciaron su marcha hasta El Salvador por vía terrestre, escoltados por la Guardia Nacional, este sábado. 11 guatemaltecos fallecidos serán trasladados esta semana que inicia en avión, tal y como acordaron el Gobierno de ese país y la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. Lo mismo ocurrirá con seis migrantes hondureños que perdieron la vida en el siniestro. Aún hay hospitalizados en diversos centros sanitarios, cinco de ellos en estado grave.
La tragedia de Ciudad Juárez ha desvelado estos días la ineficacia del sistema a la hora de tratar a los migrantes que cruzan México tratando de pasar a Estados Unidos, y ocasionado más de una bronca política. Un decreto de Andrés Manuel López Obrador en 2019 creo la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria y encargó la coordinación de dicha política a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de Marcelo Ebrard. Pero la comisión no ha tenido en todo este tiempo más de ocho sesiones y no se ha reunido desde el 7 de abril de 2022. Francisco Garduño, titular del INM desde hace casi cuatro años, no asistió a ninguna de estas reuniones.
La bronca se desencadenó días atrás entre los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y de Exteriores, Marcelo Ebrard, por las competencias respecto a la política migratoria. SE lanzaron ácidos dardos. Pero fue Garduño el primero en caer, según las declaraciones del sacerdote Alejandro Solalinde, que se reunió con López Obrador esta semana y dio por enterrado el Instituto Nacional de Migración (Inami). Solalinde anunció su sustitución por un nuevo organismo, la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y de Extranjería, en el que no es probable la participación de Garduño.
El sacerdote ha vuelto a la primera línea política respecto a la migración después de que sus críticas hacia la brutalidad con que se trataba a los migrantes por parte del Inami y la Guardia Nacional lo mantuvieran alejado de este asunto, que no deja de arreciar en México.
Las cenizas de Ciudad Juárez no acababan de apagarse cuando una noticia confusa sorprendía en el país. Lo que parecía el secuestro de una furgoneta con algo más de una veintena de turistas en Guanajuato el pasado 6 de abril, resultó ser parte de un contingente de migrantes en dirección a San Luis Potosí en ese momento. 35 fueron rescatados en una zona desértica de este Estado, entre los que figuraban los de Guanajuato. Fue toda una ceremonia de confusión que obligó a movilizar helicópteros en busca de los migrantes. En este caso se habló de nuevo de mafias que trafican con las personas que quieren arribar a Estados Unidos, a las que se les piden fuertes sumas de dinero. Parecido asunto trascendió tras el incendio de Ciudad Juárez, cuando algunos reportes hablaban de extorsiones por parte de los carceleros para abrir las puertas a los que luego perecieron abrasados.
La Fiscalía de San Luis Potosí envió a las oficinas del Instituto Nacional de Migración este sábado a 27 personas, 23 de ellas venezolanas y cuatro salvadoreñas, entre las localizadas el pasado día 6 en la carretera 57 de Matehuala, según la información oficial. Se las considera víctimas de un probable secuestro. SE trata, hasta el momento, de cuatro familias y ocho adultos que viajaban solos. Las familias serán canalizadas hacia la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y serán albergados en un centro de asistencia social. A los adultos se les entregará una tarjeta de visitantes por razones humanitarias.
El resto de los migrantes, cerca de un centenar en total, según las notas de los últimos días, quedarán a resguardo del INM para “brindarles atención, apoyo y asistencia”, según un comunicado del Gobierno, a medida que se sepa de su paradero.
La migración es un asunto recurrente en México que, de tarde en tarde, sacude las conciencias con más fuerza. La tragedia de Ciudad Juárez ha supuesto uno de esos momentos de inflexión por la situación que se vivió en el centro donde se les encierra. Nadie les abrió las puertas para que pudieran huir de las llamas, lo que desató las protestas de numerosos políticos y el espanto ciudadano. Los propios senadores de Morena, el partido oficialista, se dividieron respecto a las comparecencias para dar explicaciones de los dos secretarios directamente implicados, López y Ebrard. Aunque algunos apoyaron esta propuesta del líder de su bancada, Ricardo Monreal, finalmente el bloque la descartó. Pero en el Senado se escucharon esos días algunas de las comparecencias más desgarradoras que se hayan visto en la Cámara alta: el senador independiente Emilio Álvarez Icaza pronunció un discurso a gritos para dar cuenta de una tragedia anunciada: “¡Esto es un crimen de Estado. Carajo!”
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