Algo drástico cambió para que los republicanos de derecha quieran enviar tropas a México a combatir a los cárteles. Dejó de funcionar el tradicional esquema según el cual ellos ponían los consumidores del tráfico de drogas y nosotros los muertos que dejaba la lucha para combatir la producción y el trasiego. Las cifras se invirtieron: se dice que en Estados Unidos alrededor de cien mil personas al año pierden la vida por el abuso en el consumo de estupefacientes, particularmente de fentanilo, mientras que poco más de treinta mil fallecen en México como resultado de la violencia criminal.
Para desgracia nuestra, la muerte de cien mil personas es un botín electoral de muchos legisladores que, desde el Capitolio, pueden pulsar las emociones xenófobas con cargo a los vilipendiados “latinos”. Y desde luego no ayuda en nada el fallo en contra de Genaro García Luna en Nueva York, el llamado zar antidrogas encontrado culpable de trabajar para un cártel, porque ellos no hacen distingo entre gobiernos de Calderón o de la 4T; es un dato que remite a la incapacidad del Estado mexicano para atender el problema. Y resulta lluvia sobre mojado la noticia de los últimos días sobre los cuatro estadounidenses que fueron confundidos en Matamoros y acribillados por sicarios, con saldo de dos muertos. Lo cierto es que, con otros incidentes o sin ellos, podemos asumir que este tema, como el de la migración, se convertirá en la piñata a golpear por todo político de centro o de derecha que quiera subir peldaños entre las poderosas corrientes conservadoras.
O no tan conservadoras. Las pretensiones de reelección de Joe Biden lo han hecho abandonar políticas progresistas relacionadas con temas latinos y muy probablemente endurecerá aún más sus posiciones al aproximarse las campañas electorales. Si bien es improbable, si no es que imposible, que un gobierno demócrata considere el uso de tropas directamente y de manera unilateral en suelo mexicano, en Washington no descartan que frente a la pérdida de popularidad la administración Biden acceda a considerar a los cárteles como organizaciones terroristas: es una clasificación administrativa dentro de las atribuciones del Departamento de Estado. ¿Qué significaría? Permitiría a las autoridades y a las agencias de seguridad intervenir con mayores atribuciones que las usuales: confiscar cuentas bancarias y propiedades, intervenir en comunicaciones sin necesidad de estrictas autorizaciones legales y considerar sentencias mucho más severas para varios delitos.
Si bien puede entenderse, desde la perspectiva de ellos, el valor de una herramienta jurídica y política como esta para el combate a las drogas, también es cierto que podría convertirse en un flagelo adicional de discriminación en contra de los latinos, ya de por sí afectados por las políticas anti inmigratorias. Las atribuciones que esta cobertura legal ofrecería a las autoridades para afectar intereses de miembros de la comunidad, a partir de meras presunciones, podrían ser una tragedia para muchos paisanos.
Y, por lo demás, el combate a las drogas en Estados Unidos nunca ha dependido de leyes sino de voluntad política o, más bien, la falta de ella. Nunca se ha empleado a fondo en contra de las cadenas de transporte, distribución y venta al menudeo que tiene lugar en su territorio. Recordemos que la distancia entre los laboratorios clandestinos en México y la frontera es menor que la que separa a Ciudad Juárez o Matamoros de Nueva York, Detroit o Baltimore. El grueso del negocio transcurre de su lado, en sus carreteras, en almacenes, en laboratorios en donde es alterada y mezclada, en la distribución de menudeo, en el flujo de dinero que implica todo este proceso.
Atribuir toda la culpa al “fabricante” sin asumir la responsabilidad por la manera en que es transformada, distribuida, financiada y consumida por su población es absurdo. Si fuese así, tendrían que aceptar el argumento de que ellos son los responsables de los cientos de miles de muertos que ha dejado la violencia en nuestro país, porque la mayor parte han sido asesinados con armas producidas en Estados Unidos. Nadie en su sano juicio pensaría que México tiene derecho a atacar plantas de armamento en parques industriales de Michigan o Texas, o establecer sanciones e incautaciones en contra de accionistas de esas empresas.
El presidente mexicano ha respondido con argumentos de esta naturaleza y en su reacción hay un rechazo tajante a todo tipo de intervencionismo. Explicable como es el sentimiento nacionalista en México en lo que respecta a Estados Unidos, producto de una historia tan desigual con el poderoso vecino, también es cierto que la integración comercial e industrial, los flujos migratorios y las transferencias de dinero, el turismo, y la frontera prácticamente convertida en un tercer país por las relaciones simbióticas entre muchas de nuestras ciudades, obliga a un replanteamiento de fondo respecto a esta vecindad.
Todo indica que la casa de seguridad en la que se encontraban los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros, fue localizada por el FBI y el dato fue transmitido a las autoridades mexicanas. Hay temas de inteligencia, recursos y tecnología aprovechables, sin duda. Pero eso no puede abrirse unilateralmente sin poner sobre la mesa una agenda integral que incluya armas, el flujo de dólares, redes de distribución y el fenómeno del consumo en Estados Unidos. Como la vida fronteriza, son temas simbióticos que no pueden ser tratados, mucho menos extirpados, sin una visión de conjunto de las dos partes implicadas. La figura política de Estados nacionales surgida a partir del siglo XVI está siendo desbordada por nuevas realidades. Sigue vigente en muchos sentidos, pero para efectos de los procesos de integración se requiere de formas novedosas capaces de abordar perspectivas de conjunto. Los paneles de controversia a propósito del TMEC son tibios avances en esa dirección.
Desafortunadamente, la política de todos los días provoca que los responsables de los destinos de la cosa pública encuentren más rentable para sus propósitos la estrategia de insuflar los orgullos, los sentimientos y los miedos envueltos en banderas anacrónicas. Y lo estamos viendo en el debate patriotero por ambos lados.
Hace 40 años, el periodista británico brasileño Alan Riding, corresponsal del New York Times en México durante algún tiempo, publicó el influyente libro Vecinos Distantes, para dar cuenta, entre otras cosas, de esa mutua incomprensión. Desde entonces no solo se ha acentuado, ahora tiene un baño de sangre que la hace cada vez más insoportable. @Jorgezepedap
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