El hambre, la desnutrición y el aumento de los precios a nivel mundial son consecuencia de un sistema económico insostenible que, a su vez, provoca que las personas dedicadas a la agricultura y ganadería sean sumamente vulnerables a la especulación alimentaria. La pandemia de la covid-19 y el conflicto en Ucrania han puesto de manifiesto esta fragilidad.
Es imposible obviar que las cadenas globales de suministro de alimentos, controladas por un grupo reducido de grandes empresas, son tremendamente dependientes de los combustibles fósiles y los insumos químicos (fertilizantes, pesticidas, etc.). Esto implica un duro golpe para la economía doméstica de las personas consumidoras, especialmente para los colectivos más vulnerables, ya que a la inflación alimentaria se suma la energética. A la vez, la producción industrial de alimentos contribuye a las emisiones de carbono y la destrucción ambiental.
Es imposible hablar del sistema alimentario y económico mundial sin poner de relieve la vergüenza que supone, que avanzado el siglo XXI, no se ponga fin a los niveles persistentes y escandalosos de hambre que hay y que dejan al descubierto los problemas estructurales del modelo económico. Una situación que viene de largo, aunque se ve agravada con la guerra entre Rusia y Ucrania. Según la FAO, en 2021 entre 702 y 828 millones de personas se vieron afectadas por el hambre.
Para afrontar la emergencia social y medioambiental global, tuvo lugar en Roma, entre el 10 y 13 de octubre, la 50ª sesión plenaria del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de Naciones Unidas (CSA), el principal órgano inclusivo de la organización encargado de abordar la cuestión de la seguridad alimentaria. Los Estados y los participantes se reunieron para tratar de acabar con el hambre y coordinar las respuestas políticas a la escasez alimentaria mundial. Los debates se vieron envueltos en una batalla discursiva entre dos bloques geopolíticos liderados por Rusia y Estados Unidos, tratando de encontrar una redacción aceptable sobre la guerra en Ucrania y las sanciones: cuando los elefantes se pelean es la hierba la que se pisotea.
Esto ha propiciado un bloqueo histórico. Una situación inédita en los 40 años de historia del CSA, en la que las partes decidieron posponer las discusiones y retomar la sesión el próximo 19 de diciembre.
Ambos [Rusia y Estados Unidos] preferían un organismo debilitado, incapaz de abordar cuestiones relevantes como los derechos humanos, el comercio o la transformación de los sistemas alimentarios
Por este motivo, no se pudo concluir la sesión ni tomar una decisión sobre la respuesta a la creciente crisis alimentaria. Una obstrucción que no se explica exclusivamente en clave geopolítica, pues volvimos a comprobar lo rápido que se alinean los dos bloques cuando se trata de socavar el papel del Comité. Ambos preferían un organismo debilitado, incapaz de abordar cuestiones relevantes como los derechos humanos, el comercio o la transformación de los sistemas alimentarios. En esta línea se encuentran otros países agroexportadores como Brasil y Argentina, que apoyan deliberadamente esta paralización en las negociaciones.
Por otro lado, los Estados miembros de la Unión Europea, aunque más comprometidos con la respuesta a la crisis, no se movilizaron lo suficiente para evitar que la situación se enquistase. De hecho, han dejado clara su postura escudándose en la posición de bloqueo, lavándose las manos para mantener el statu quo.
Las causas estructurales de la crisis alimentaria
En el lado opuesto, se encontraban los países africanos y de América Latina, así como el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, que apoyaban firmemente la necesidad de una respuesta política coordinada a nivel mundial y dirigida por el CSA. En esta línea, el Mecanismo de la Sociedad Civil y de los Pueblos Indígenas (CSIPM) presentó las pruebas en las que se mostraba un fuerte aumento de las desigualdades en todas las regiones y señalaba las causas estructurales e interconectadas que refuerzan y perpetúan la crisis alimentaria: desde la deuda a la dependencia de las importaciones de alimentos o las normas injustas de comercio e inversión.
El mandato del CSA es claro. Debe coordinar una respuesta a la alarmante inseguridad alimentaria en el mundo basada en el derecho humano a una alimentación adecuada. No es de recibo que haya países que secuestren estos espacios con sus fines estratégicos, poniendo en peligro la vida de millones de personas sin tomar las decisiones adecuadas. Por ello consideramos que el CSA debe actuar ahora.
Dada la creciente urgencia de hacer frente a la falta de comida en muchos países y a la grave situación que viven las personas productoras y consumidoras, también en nuestro país, es necesaria una respuesta firme por parte del Gobierno de España. Gabriel Ferrero, embajador español y presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial deberá actuar con decisión. La Administración debería liderar un diálogo inclusivo y guiar hacia una política global coordinada para prevenir futuras crisis.
Las organizaciones firmantes en coordinación con el CSIPM, que representa a cientos de productores de alimentos a pequeña escala, consumidores, pueblos indígenas, pastores, pescadores, mujeres, jóvenes, personas que viven bajo la inseguridad alimentaria urbana, sin tierra, trabajadores agrícolas y alimentarios, reclamamos a los responsables políticos que actúen. Por nuestra parte, tendemos la mano a contribuir a este proceso, a proponer, a debatir y a encontrar soluciones donde las personas y el planeta sean el centro de las decisiones políticas.
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