El pulso de las personas con discapacidad para conseguir su independencia legal ha alcanzado el Congreso de la Ciudad de México. Morena ha presentado este jueves una iniciativa de ley que busca eliminar el tutelaje que actualmente sufre el colectivo, además de algunos ancianos, y garantizar su “capacidad jurídica”. Es decir: que tengan pleno poder de decisión sobre situaciones como casarse, abrir una cuenta bancaria, alquilar una casa o someterse a un tratamiento médico. En la práctica supone conseguir los mismos derechos que tiene cualquier mayor de edad. Organizaciones civiles como Human Rights Watch (HRW) han calificado la propuesta como “histórica para los derechos humanos”.
En México existe el “estado de interdicción”, una figura legal que, a través de un juicio, identifica a las personas con discapacidad física o mental que “no puedan valerse por sí mismas” como menores de edad “incapaces” de tomar decisiones, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por ello, se nombra un tutor legal con capacidad de elegir en su nombre, a menudo un familiar cercano o un sujeto de “honorabilidad y calidad moral”, de acuerdo con el Poder Judicial de la Ciudad de México. La propuesta de Morena, presentada por Marisela Zúñiga, diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, aboga por eliminar la interdicción mediante una reforma del Código Civil y la Ley de Notariado de la capital.
En su lugar, la nueva iniciativa de ley propone otorgar independencia jurídica y ofrecer a cada persona los apoyos que necesite para ejercerla. Para ello, los colectivos sociales que han impulsado la medida señalan que es necesario proporcionar “medios de comunicación no convencionales como dibujos, gestos, el uso de un comunicador si es que la persona lo usa”, de acuerdo con el portal especializado en discapacidad Yo También. “También que, por ejemplo, le lean documentos que va a firmar o que una persona —que ella misma designe— se los explique”, continúa el texto.
La iniciativa de ley se apoya en una sentencia anterior de la SCJN que declaró el estado de interdicción inconstitucional en 2021. En aquel momento, el denunciante fue Ricardo Adair Coronel, un joven con autismo que logró que el tribunal anulará la figura legal en su caso, lo que sentó un precedente clave para futuros juicios. “Dicha institución del derecho civil es inaceptable. Más aún, la interdicción se configura, en la práctica, como una forma de muerte civil, la cual sería incompatible en un paradigma de derechos humanos”, asegura un artículo del Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN.
HRW y otras organizaciones civiles consideran también la interdicción como una medida que atenta contra los derechos humanos y el derecho internacional. Su derogación fue planteada en primer lugar el pasado noviembre por Decidir es mi derecho —que también contribuyó a redactar la propuesta de ley—, una plataforma integrada por diversos colectivos formados por personas con discapacidad, activistas y académicos. Otros países latinoamericanos como Colombia o Perú ya han adoptado reformas legales más acordes con la iniciativa que se pretende llevar a cabo en México, una más cercana a un modelo de “toma de decisiones con apoyos” que al actual de “sustitución de la voluntad”, de acuerdo con Yo También.
La iniciativa de ley también se ampara en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un acuerdo de las Naciones Unidas con vigor en México desde 2008 que considera a los integrantes de este colectivo como “sujetos de derecho y no como objetos de cuidados o rehabilitación”, según HRW. Entre otras sentencias, Morena se apoyará también en una promesa política que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, realizó en 2021 a Arturo Medina: un joven con discapacidad que fue encarcelado injustamente y sin pruebas durante cuatro años.
El Gobierno mexicano reconoció en un acto público en octubre de 2021 haber violado los derechos de Medina. Antes, un juez declaró al joven “inimputable”, una figura legal aplicada a personas con discapacidad que, bajo el pretexto de proporcionar un tratamiento terapéutico, en la práctica niega el derecho a elegir una defensa, declararse inocente, o impugnar los cargos de los que se les acusa. El caso, también, sentó jurisprudencia.
A la iniciativa de ley le espera un complejo proceso. Primero, tiene que ser discutida por la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. Si estos órganos fallan a su favor, la propuesta pasa al pleno, donde se realiza la última votación. El objetivo después es que la medida se extienda del Congreso de la Ciudad de México a la Cámara de Diputados. “El proyecto que se presentó hoy puede —y debe— ser usado por el Congreso Federal y otras legislaturas de los Estados como modelo para que armonicen la legislación civil de México en su totalidad con el derecho internacional de los derechos humanos”, defiende HRW en un comunicado.
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