Emmanuel Vara Zenteno, Manu como lo llamamos familia y amigos, salió por la mañana de su casa con destino al Ayuntamiento de Puebla donde trabajaba como jefe del Departamento de Gestión Vial. Murió atropellado por un autobús de transporte público mientras circulaba en bicicleta el miércoles 21 de noviembre del 2018. Para su familia, como para miles de familias mexicanas, su realidad se trastocó.
Manu, activista de la bicicleta y de ciudades más humanas, había dedicado su vida a hacer de las calles lugares más seguros para todas las personas, en un país donde en promedio mueren 17.000 personas cada año por hechos viales y 32.000 quedan con discapacidad permanente. Por si no fueran estas cifras impactantes, el problema es aún mayor de lo que se piensa. Según números de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial, de seguir sin dar un golpe de timón en el país, se perderán 86.000 vidas más tan sólo en los siguientes tres años. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), México ocupa el séptimo lugar de los 10 países con más muertes viales en el mundo, del más del millón de personas que fallecen de forma violenta en los pavimentos de ciudades y carreteras al año. Todas estas muertes son prevenibles.
La muerte de Manu detonó un movimiento nacional en México para lograr una Ley de Seguridad Vial: sus padres, pareja, hermana, amigos, colegas, de todas las latitudes del país (y diversas trincheras públicas, políticas y comunitarias) unimos esfuerzos para frenar esta otra pandemia, la de las muertes viales, para garantizar que ni una sola persona más pierda la vida en las calles, o vea morir a sus familiares, a causa de un sistema vial desigual, que está roto.
A partir de ese momento múltiples esfuerzos se han conjuntado, los cuales están sentando las bases de un sistema de gobernanza abierta, sin jerarquías rígidas propias del viejo orden, buscando proteger a las personas más vulnerables que usan las calles y con perspectiva de género, a través de cambios liderados mayoritariamente por mujeres. Desde los primeros resultados de esfuerzos locales de cambio de normativa, gestión de la velocidad y de infraestructura segura, consolidando así la incidencia de colectivos de la movilidad, en Ciudad de México y Guadalajara, hasta las primeras iniciativas de Ley General en el Congreso de la Unión.
Así llega la primera propuesta de Ley General de Movilidad al Senado de la República, en la LXV Legislatura, seguida años después de la primera iniciativa de Ley de Seguridad Vial, presentada en la Cámara de Diputados en la LXIII Legislatura. Ninguna de las dos logró ser aprobada. Ambas Comisiones eran especiales, no ordinarias, las cuales, sin derecho a voto en la elaboración de dictámenes, vieron imponerse las agendas de las comisiones dictaminadoras.
Con ese aprendizaje, el primer paso para volver al ruedo en la siguiente legislatura y lograr su aprobación era conseguir Comisiones Ordinarias para la Movilidad en el Congreso de la Unión. Es así como nace la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad en el Senado de la República, en la actual legislatura, al igual que la Comisión de Desarrollo Metropolitano Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad en la legislatura pasada.
Han pasado tres años de trabajos intensos, en los que la sociedad civil ha liderado los procesos técnicos y de incidencias a través de grupos especializados de expertos, activistas, víctimas, legisladores, funcionarios, tales como la Coalición de Movilidad Segura, la Asociación de Autoridades de Movilidad, o la Red de Mujeres en Movimiento, comandados mayoritariamente por mujeres que han probado su liderazgo en un momento de complejidad política en el país. Es así como la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial fue aprobada en el Senado en diciembre del año pasado y se encuentra a punto de ser votada en el pleno de la Cámara de Diputados en los próximos días. El más importante antecedente de este movimiento nacional está en la reforma constitucional del 2020 para reconocer el derecho a la movilidad, tras ser votada por unanimidad en el Congreso y aprobada en cuestión de semanas en los Congresos locales. Así es la contundencia del movimiento de ciudades más humanas que busca salvar vidas en el país, donde al menos se tienen reconocidas más de 450 organizaciones. radicadas en las localidades en las que primordialmente son los grupos ciclistas los que han logrado movilizar las exigencias, viendo crecer también en los últimos años a las organizaciones de víctimas y peatones.
La aprobación de esta ley garantiza un nuevo orden en las calles mexicanas, desde una dinámica federal, estatal y municipal articulada, una en el que los viajes de las personas con menos acceso a sus derechos tengan de una buena vez la atención del Gobierno en la forma de presupuesto público y dignificación del espacio público, con más infraestructura segura, preponderando a los grupos más vulnerables como lo son niñas y mujeres, en su mayoría. Una política nacional urbana que no considera a las mujeres como eje rector del desarrollo sostenible olvida a quienes protagonizamos la mayoría de los viajes en las ciudades.
Por esa razón, una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial con las características de este proyecto reconoce a las principales ocupantes de las calles, y este instrumento legal nos permite visibilizar la movilidad con perspectiva de género en un momento en el que escalan las violencias hacia nosotras. La importancia de ello radica en la evidencia disponible. Según datos de la encuesta Origen-Destino del 2017 de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), el 53% de los 30 millones de viajes que se realizan todos los días en esta zona los hacemos las mujeres. Con patrones específicos, no comparables con los viajes de los hombres, con trayectos de entre 4 y 5 viajes en promedio no motorizados y en transporte público, ejerciendo movilidad de cuidados. Por ello, hacer movilidad sostenible en las ciudades es hacer política con perspectiva de género.
En un país donde 17.000 personas mueren esto es lo menos que puede hacer un Estado que durante décadas ha sido ineficiente u omiso. A un paso de lograr un cambio de fondo, lo único que podríamos esperar es una votación unánime en el pleno de la Cámara de Diputados, que le muestre respeto a la pérdida de miles de familias mexicanas, y una solución para que existan garantías de no repetición. Ese era el sueño de Manu Vara Zenteno.
Laura Ballesteros Mancilla es especialista en Movilidad Urbana y secretaria de Desarrollo Sostenible de Monterrey.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país
50% de descuento
Suscríbete para seguir leyendo
Lee sin límites
