La Organización Trump ha sido condenada este viernes por un tribunal de Nueva York a pagar una multa de 1,6 millones de dólares (1,5 millones de euros) tras ser declarada culpable de 17 delitos de fraude fiscal, conspiración y falseamiento de cuentas. Era la máxima multa a la que se exponía por una trama con la que defraudó impuestos durante años. El importe de la multa es mínimo para el volumen de negocio del conglomerado empresarial del expresidente de Estados Unidos, pero supone un golpe más a su reputación como candidato a las elecciones de 2024.
Con la colaboración de Allen Weisselberg, antiguo director financiero del grupo, y tras más de tres años de investigación, la empresa fue considerada culpable por un jurado el pasado 6 de diciembre, por crear un sistema para pagar parte de la retribución de sus ejecutivos con dinero negro o con prestaciones no declaradas durante un periodo de unos 15 años. El propio Weisselberg recibió de la empresa el uso de una vivienda gratis en Manhattan (Nueva York), el alquiler de coches de alta gama, muebles e incluso el pago del colegio privado de sus nietos sin declararlo a Hacienda.
El director financiero ya fue sentenciado esta misma semana a cinco meses de cárcel y cinco años de libertad condicional. Weisselberg, de 75 años, hombre de confianza de Donald Trump, se declaró culpable de 15 cargos en agosto y logró una pena reducida tras acceder a colaborar con la investigación y declarar en contra del grupo empresarial del expresidente, un conglomerado que explota hoteles, campos de golf y otras propiedades inmobiliarias en todo el mundo.
Las multas han sido impuestas a dos filiales de la Organización Trump: Trump Corp, sancionada con 810.000 dólares, y Trump Payroll Corp, a la que se ha castigado con 800.000 dólares. Deben abonar esas cantiades en dos semanas. El fiscal Joshua Steinglass ha dicho que las multas constituyen “una fracción de los ingresos” de la Organización Trump y que el esquema fue “de gran alcance y descarado”, según declaraciones recogidas por AP. “Todas estas prácticas corruptas formaban parte del paquete de compensación de los ejecutivos de la Organización Trump, y sin duda era más barato que pagar salarios más altos a esos ejecutivos”, ha añadido.
Trump no ha llegado a ser nunca imputado en este caso, aunque los fiscales mantienen investigaciones contra él. La Organización Trump está sujeta a otro caso de carácter civil en el que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusa al expresidente y a su grupo empresarial de haber engañado sobre el valor de sus activos. James pide que se prohíba a Trump y a sus tres hijos mayores dirigir cualquier empresa con sede en Nueva York y pretende imponerles una multa de al menos 250 millones de dólares, en un juicio provisionalmente agendado para octubre. El expresidente ha denunciado sin pruebas que ambas investigaciones, iniciadas cuando era presidente, son la consecuencia de una persecución política contra él.
En un comunicado emitido tras la sentencia, la Organización Trump ha asegurado que no hizo nada malo y que recurriría la sentencia. “Nueva York se ha convertido en la capital mundial del crimen y el asesinato, sin embargo, estos fiscales políticamente motivados no se detendrán ante nada para atrapar al presidente Trump y continuar la interminable caza de brujas que comenzó el día en que anunció su presidencia”, ha dicho en un comunicado.
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Trump también atribuye a la utilización partidista del Gobierno federal (en particular del Departamento de Justicia y el FBI) el registro de su mansión de Mar-a-Lago en Palm Beach (Florida) para incautar miles de documentos, un centenar de ellos confidenciales, que se llevó de la Casa Blanca y retenía ilegalmente en su poder. Aunque son dos casos con numerosas diferencias, el hecho de que se haya descubierto que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también tenía documentos confidenciales de su etapa de vicepresidente en un despacho privado y en su casa ha supuesto un balón de oxígeno para él.
Al tiempo, que el Departamento de Justicia haya nombrado un fiscal especial para investigar a Biden, al igual que antes otro para Trump, diluye las acusaciones de trato discriminatorio. El expresidente reclama que el FBI registre las casas de Biden, como hizo con su mansión, pero no menciona que la actuación del FBI en Mar-a-Lago se produjo después de que Trump y sus abogados desoyesen un requerimiento judicial para entregar los papeles. En cambio, los abogados de Biden avisaron a los Archivos Nacionales para que tomasen posesión de los documentos clasificados en cuanto descubrieron su existencia.
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