Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la actual Legislatura de la Cámara de Diputados, el 14 de febrero de este año se constituyó un grupo plural para revisar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual se integró para su funcionamiento por representantes de los partidos Morena, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, del Trabajo y de la Revolución Democrática. Este grupo terminó sus trabajos al presentar una iniciativa que en su parte final contiene la siguiente afirmación: “La presente iniciativa tendrá entonces por objeto modificar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de delimitar el ámbito jurisdiccional de forma que se garantice el principio de División de Poderes, reconocer la responsabilidad del Poder Legislativo Federal en la implementación de acciones afirmativas para garantizar el acceso de personas a sus derechos político-electorales en igualdad de condiciones, y establecer el deber de los partidos políticos de regular en sus normas internas la paridad de género en la integración de sus órganos colegiados de dirección”. Llama la atención que el fundamento de tan importantes propuestas de cambio recayera en las acciones afirmativas y en el deber de los partidos, cuando la realidad es que lo buscado va mucho más allá de estos dos aspectos puntuales.
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