Se le complican las cosas al expresidente Donald Trump en sus frentes judiciales. A la espera de que el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, decida si presenta cargos contra él por un pago irregular a una actriz porno, en Washington los tribunales han dado este miércoles un paso que acerca un poco más la posibilidad de otra imputación. Esta, en el caso abierto al magnate por su manejo de documentos clasificados.
Un tribunal de apelaciones en el circuito federal de Washington ha decidido que los abogados de Trump Evan Corcoran y Jennifer Little deben testificar ante un gran jurado y proporcionar documentos relacionados con su cliente. Con esta decisión, el órgano judicial ha dado la razón al fiscal especial que investiga el caso, Jack Smith, y ha descartado los argumentos de los representantes del expresidente, que pedían que no se obligara a los letrados a declarar. Es posible que Corcoran se presente ante el gran jurado este mismo viernes, según ha apuntado la cadena de televisión CNN.
El caso atañe a los miles de documentos clasificados, relacionados con la presidencia de Trump, que el expresidente mantuvo en su poder una vez terminado su mandato. Las leyes estadounidenses obligan a los mandatarios a preservar los documentos oficiales que manejan en ejercicio de su cargo y a entregarlos a los Archivos Nacionales para su conservación una vez abandonan el poder.
Trump, en cambio, se quedó con una buena cantidad de papeles oficiales, incluidos centenares con el sello que los declaraba clasificados. El año pasado, sus abogados entregaron en su nombre y voluntariamente una docena de cajas a los Archivos Nacionales, incluidos unos 200 documentos confidenciales. En mayo, los fiscales emitieron una orden oficial de devolución de cualquier material clasificado que aún pudiera permanecer en poder del exmandatario. En junio, Corcoran entregó al departamento de Justicia otro grupo de papeles oficiales y una declaración formal de que, tras un registro en la residencia de Trump en Mar-a-Lago (Florida), no se había encontrado ningún otro material indebido. Pero, en agosto, agentes del FBI legitimados por una orden judicial registraron Mar-a-Lago y se llevaron 32 cajas de documentos.
La investigación que desarrolla el fiscal especial Jack Smith por encargo del Departamento de Justicia trata de determinar si Trump se quedó con esas cajas a sabiendas, y si el expresidente o gente relacionada con él obstruyó a la Justicia al no obedecer los requerimientos.
Smith había solicitado que Corcoran entregase una serie de documentos en torno a cómo el expresidente había manejado el material confidencial encontrado en su poder y que declarase ante el gran jurado que examina el caso. Las leyes estadounidenses protegen la confidencialidad entre un abogado y su cliente, pero contemplan una excepción en el caso de que existan sospechas de que esa relación pueda estarse utilizando con fines delictivos.
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El pasado viernes, la juez del distrito de Washington Beryl Howell dictaminó que Corcoran debía testificar por segunda vez ante el gran jurado. En la primera ocasión, el letrado se había acogido al principio de confidencialidad para rechazar contestar a varias de las preguntas que le hicieron los fiscales. Esta vez, Howell consideró que los fiscales habían demostrado que había indicios suficientes como para anular ese principio. Según la cadena de televisión ABC, la primera en informar de estos acontecimientos, la jueza considera que Trump ocultó a sabiendas a su abogado que guardaba más material confidencial.
Los letrados de Trump apelaron en unos días complicados para el expresidente. Este pasado fin de semana, el mandatario lanzó en las redes sociales que el martes se le presentarían cargos y quedaría detenido en el caso abierto por el fiscal Alvin Bragg de Manhattan por el pago de 130.000 dólares a la actriz de cine porno Stormy Daniels a través del antiguo abogado personal y factótum del magnate, Michael Cohen, para comprar su silencio en 2016, en plena campaña presidencial. El gran jurado que analiza este último asunto no volverá a reunirse hasta el lunes, por lo que decisión de una imputación de Trump, que sería la primera contra un expresidente en la historia del país, se aplaza al menos hasta entonces.
En el caso de los documentos clasificados, todo se ha desarrollado a una velocidad insólita en Washington y en los tribunales federales. El martes, un tribunal de apelaciones de tres magistrados en la capital de EE UU ordenó a las partes ―al fiscal especial y a los abogados de Trump― que presentaran sus alegatos en cuestión de horas. El plazo expiraba este miércoles a las seis de la mañana, hora local.
Cumplieron. Los representantes legales del expresidente entregaron sus argumentos en un archivo de 6.455 palabras. Pero en la tarde del mismo miércoles, el tribunal de apelaciones emitió su decisión: no aceptaba los argumentos de los abogados de Trump. Se mantenían, por ende, los de los fiscales del Departamento de Justicia. El principio de confidencialidad quedaba cancelado: Corcoran y Little deberán declarar y presentar sus documentos, incluidas grabaciones, ante el gran jurado.
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