El malestar del Gobierno peruano con México ha ido subiendo escalones en las últimas semanas hasta estallar este martes con la expulsión del embajador, Pablo Monroy, declarado persona non grata y al que se le han dado 72 horas para salir de Perú. Por la mañana, el canciller mexicano anunciaba que la embajada había dado asilo a la familia de Pedro Castillo, el presidente destituido y encarcelado tras haber disuelto el Congreso en un intento frustrado de golpe de Estado contra sí mismo. México tomaba esa decisión de forma soberana mientras se negociaban los salvoconductos para sacar a la familia Castillo del país y llevarla a México si así lo decidían.
“Tenemos un buen embajador”, había dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador horas antes, alabando los esfuerzos diplomáticos que Monroy está haciendo en las últimas horas para repatriar a decenas de compatriotas que se han visto atrapados en la crisis peruana, donde ya se cuentan al menos 26 muertos por las protestas callejeras que se desencadenaron después del día 7 de diciembre.
El mandatario mexicano siempre recuerda que es tradición en el país norteamericano el respeto a la soberanía de las naciones: “Es un principio fundamental de nuestra política exterior, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos”, dice. Pero la presidenta peruana, Dina Boluarte, no opina lo mismo. Solo dos días después del intento de golpe, el embajador mexicano fue convocado para comunicarle “la extrañeza” que originaron en Perú los discursos que llegaban del Gobierno mexicano. “Las expresiones de las autoridades mexicanas constituyen una injerencia en los asuntos internos del Perú, y no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes”, comunicaron.
Pero el ruido no cesaba en la región y el 15 de diciembre Perú llamó a consultas a los embajadores de las cuatro naciones que arroparon desde un principio a Castillo, Argentina, Colombia, Bolivia y México. Con todo, las relaciones más enrarecidas han sido con este último país.
El presidente Castillo trató de alcanzar la embajada mexicana en busca de refugio tras su alocución televisiva del 7 de diciembre en la que informaba que había disuelto el Congreso, una especie de autogolpe de Estado fallido, que no contó con el apoyo del Ejército, como suele ser habitual, ni siquiera con su gabinete presidencial, muchos de cuyos miembros se desmarcaron minutos después de que el ahora encarcelado presidente pronunciara su discurso. Una de ellas fue la vicepresidenta, Dina Boluarte, quien sustituyó al maestro rural en sus funciones, como le corresponde según la Constitución.
Pero Castillo no llegó nunca a la embajada mexicana, fue detenido por sus propios escoltas antes de eso. Pero la crisis peruana pronto tuvo una oleada contagiosa en las relaciones exteriores de la región. Colombia, Argentina, Bolivia y México han apoyado con más o menos ahínco al presidente Castillo, pidiendo respeto por la investidura que le proclamó presidente y expresando “su profunda preocupación por los recientes sucesos”. Consideran que el maestro y antiguo líder sindical “fue víctima desde el día de su elección de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Boluarte y la ministra de Exteriores peruana, Ana Cecilia Gervasi, salieron al paso acusando injerencias de las naciones mencionadas y recordando “los lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo” entre los países de la zona. El presidente de México no se ha callado. Culpó de la crisis que atravesaba Perú a “los intereses de las élites económicas y políticas que siempre mantuvieron con el presidente Castillo “un ambiente de confrontación y hostilidad”. Y siempre estuvo al lado del maestro, con las puertas de la embajada abiertas para él y su familia. “Si él lo pide, lo consideraríamos, no deberíamos oponernos, pero no lo ha hecho”, dijo el canciller Marcelo Ebrard en aquellas horas posteriores al golpe.
El alojamiento diplomático a la familia, comunicado esta mañana, ha sido la gota que ha colmado el vaso en el Gobierno peruano. De nuevo ha señalado “injerencias” de México en su comunicado de expulsión del embajador Monroy. La ministra Gervasi ha mencionado “las reiteradas expresiones de las más altas autoridades” de México sobre la situación política de Perú, “violatorias del principio de no intervención”, como la razón para ordenar la salida del embajador. En todo caso, el Gobierno peruano ha otorgado salvoconductos a la mujer, Lilia Paredes, y los dos hijos de Castillo, como corresponde por la Convención de Caracas, tras haber México asilado a la familia en su embajada. Pero recordaron que Paredes está investigada por la Fiscalía peruana por presuntos delitos de corrupción y por integrar una organización criminal junto a su marido. Gervasi aseguró que pedirán la extradición de Paredes si así lo reclaman las autoridades judiciales.
La Embajada de México en Perú queda a cargo de la primera secretaria Karla Tatiana Ornelas Loera, actual jefa de Cancillería de la Misión. “Nuestra Representación continuará operando con normalidad tras este movimiento. México cree firmemente en el diálogo y seguirá manteniendo los canales de comunicación abiertos con todos los interlocutores, especialmente para atender las necesidades de los mexicanos avecindados en el Perú”, ha comunicado la cancillería mexicana.
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