Pateras: La inmigración irregular cae a niveles de 2017 por el control ejercido por los países africanos en origen | España

España cerrará el año 2022 con un descenso relevante de la inmigración irregular. Desde principios de año y hasta mitad de diciembre llegaron casi 30.000 personas: es la cifra más baja desde 2017 y supone una caída del 23% respecto a 2021, un descenso poco habitual en los últimos años. La bajada está vinculada al mayor control que está ejerciendo Marruecos en su costa atlántica tras la reconciliación con España, pero también a las barreras que Mauritania, Senegal, Gambia o Argelia imponen a los emigrantes. La lucha contra las mafias es, según las autoridades españolas y marroquíes, otro de los factores que han influido, aunque ninguno de los dos países aporta datos contrastables.

España lleva tres lustros concentrada en trabajar en origen para atajar la inmigración irregular. Destina decenas de millones de euros para financiar material y formación en los países más estratégicos en este ámbito, pero no siempre obtiene los mismos resultados. Este último año, según han celebrado varias veces los ministros de Exteriores y de Interior, los socios africanos han conseguido frenar en origen a cuatro de cada diez migrantes que intentaron salir de forma irregular rumbo a España. La cifra no es exacta y tampoco puede aplicarse de forma genérica a todos los países porque cada uno tiene su propio contexto y eficiencia. Hay socios como Mauritania que frenan más del 34% y otros, como Marruecos y Argelia, con más presión, que no llegan al 20% (y las cifras varían a lo largo del año). En cualquier caso, los datos de 2022 recogidos en un informe reservado de la Comisión Europa, al que ha tenido acceso EL PAÍS, muestran cómo, efectivamente, se han reducido las salidas desde todos los países con ruta migratoria irregular hacia España: desde Mauritania hasta Argelia.

La ruta hacia España es la única de la UE que cierra el año con números a la baja, aunque las muertes y desapariciones continúan siendo constantes. En 2022 unas 700 personas han fallecido o han desaparecido, según la Organización Internacional para las Migraciones. Más de 2.000, según la ONG Caminando Fronteras.

Al menos medio centenar de personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas en naufragios este mes, según ONG de ayuda y alerta al rescate

Las llegadas han caído tanto en las costas de la Península y Baleares como en las de Canarias, casi a partes iguales. En la primera ruta, utilizada por los emigrantes que parten de Argelia y del Norte de Marruecos, los desembarcos descendieron un 24,7%, según datos oficiales del Ministerio del Interior. Estos números revelan que Rabat mantiene el control en su costa mediterránea y que Argel, a pesar de su malestar con España por alinearse con Marruecos en el conflicto del Sahara Occidental, sigue frenando la emigración desde su territorio.

Las relaciones con Argelia en el ámbito migratorio, sin embargo, se han deteriorado. Además de haber suspendido la admisión de sus emigrantes irregulares que España ya no puede expulsar, la menor colaboración entre autoridades es motivo de preocupación. Una fuente policial dedicada durante años a la inmigración irregular explica: “La cooperación con Argel no está fluyendo, ahora mismo no es buena. La caída de las llegadas tiene bastante que ver con las operaciones contra las redes de tráfico argelinas que hemos desmantelado aquí, y no tanto con el freno en origen”.

En Canarias se observa un retroceso que no se veía desde que se reactivó la ruta en 2019: la caída es del 24,9%, según Interior. Un documento reservado de la Comisión Europea aporta más datos que permiten profundizar en el análisis. La mayoría de las pateras ya no salen del Sahara Occidental, controlado por Rabat, sino del sur de Marruecos. El cambio empezó a consolidarse tras la reconciliación de Marruecos y España el pasado mes de marzo, tras el giro español en relación con el conflicto del Sáhara Occidental: con el restablecimiento de las relaciones, las autoridades marroquíes se empeñaron en esa zona que, a pesar de estar completamente militarizada, era el principal punto de partida hacia las islas hacía dos años. Además de ejercer un mayor control, hubo una sustitución de funcionarios corruptos, según fuentes españolas.

Otra información relevante del informe es el número de salidas desde Senegal (274) y Mauritania (218), que muestra cómo una mayor colaboración policial con determinados países ha blindado parte de las costas africanas. El año pasado, por estas fechas, habían salido de Mauritania más de 2.000 personas, más de 500 desde Senegal y más de 300 desde Gambia. Con estos tres países, la colaboración se ha estrechado en los últimos meses, según fuentes dedicadas al control de fronteras. Los tres, además, reciben subvenciones por parte de España. Mauritania, más de 10 millones de euros; Senegal, tres millones; y Gambia, menos de 100.000 euros. A las ayudas directas se suman otras decenas de miles de euros para financiar la actividad de agentes españoles en el terreno o partidas que pagan hasta el combustible de las patrullas marítimas. Y a este montante hay que añadir la partida de 30 millones destinada a Marruecos que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha incluido de forma permanente en los presupuestos de cooperación policial.

La caída de las llegadas, por el momento, solo se ve en las rutas marítimas, mientras que en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla las entradas irregulares han crecido casi un 30%. Entre las dos sumaban el 15 de diciembre 2.210 cruces no autorizados. Marruecos, según fuentes españolas, ha desplegado refuerzos en el entorno de las vallas y estas frenan el goteo constante de migrantes y refugiados que intentan saltarlas, pero la presión se ha mantenido y los cruces terrestres continúan siendo la única opción para cientos de personas.

La nacionalidad más numerosa entre los que entran en España de forma irregular es la marroquí, con más de 9.600 personas. Le siguen los argelinos (4.692) y los senegaleses (2.269). Estos datos son de la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, y no son públicos. España es el único país de entrada de la UE que oculta las nacionalidades de los migrantes que entran irregularmente en su territorio. La explicación oficial para justificar la falta de transparencia es que revelar esa información puede perjudicar las relaciones bilaterales con los países de origen de esos migrantes, pero es una interpretación exclusiva de España y no Grecia, Italia, Malta, Hungría o Polonia, que sí comparten esta información y otros datos relevantes como cuántos niños o mujeres llegan a sus costas.

Por otro lado, el año se cierra con un acusado aumento de las peticiones de asilo. Son casi 114.000 solicitudes, un crecimiento del 84%. España está así por tercer año consecutivo entre los tres primeros países de la UE que más solicitudes de asilo registran. Las solicitantes que piden protección en España son, sobre todo, de Venezuela, Colombia y Perú.