El Equipo Internacional Conjunto (JIT, en sus siglas en inglés) que investiga el derribo del vuelo MH17 de las líneas aéreas malasias, el 17 de julio de 2014 en el este de Ucrania, tiene “fuertes indicios” de que el presidente ruso, Vladímir Putin, autorizó el despliegue de la lanzadera utilizada por los separatistas prorrusos de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD) para lanzar el misil Buk que causó la muerte a las 298 personas del avión. El JIT, que ha hecho el anuncio de sus hallazgos este miércoles, ha reunido información sobre varias personas involucradas en la tragedia, pero no cuenta con pruebas suficientes como para interponer nuevas demandas. Las familias de las víctimas del aparato, que cubría la ruta entre Ámsterdam y Kuala Lumpur, han sido informadas a puerta cerrada. En noviembre de 2022, la justicia holandesa condenó en ausencia a cadena perpetua a tres militares de la RPD (dos rusos y uno ucranio) por su papel en el derribo. Un cuarto sospechoso (ruso) fue absuelto.
Para saber quién transportó la lanzadera de misiles, los investigadores internacionales rastrearon las órdenes de viaje de las tropas, concluyendo que en 2014 se enviaron tres convoyes con vehículos y personal militar desde la región rusa de Kursk a la frontera con Ucrania. Entre ellos, figuraba la lanzadera del Buk que acabó derribando el MH17. Según la Fiscalía holandesa, aunque el Gobierno ruso niega cualquier relación con los hechos, los jueces ya dictaminaron que Rusia controlaba la RPD en aquellos momentos. En conversaciones telefónicas grabadas durante las pesquisas, “los funcionarios del Gobierno ruso dicen que la decisión de apoyar militarmente a los separatistas recae en el presidente [Putin]”.
Según el JIT, “después de que los separatistas pidiesen armas antiaéreas de mayor alcance, su petición se analizó en la Administración Presidencial, en Moscú, durante la segunda quincena de junio de 2014″. Los investigadores tienen “informes concretos de que la solicitud de los separatistas llegó al presidente ruso”, pero no han podido averiguar “si mencionaba explícitamente un sistema Buk” como el usado contra el avión de Malaysia Airlines. Añaden que está claro que la decisión de enviar ayuda militar a los separatistas prorrusos “fue positiva”, aunque por las pesquisas han concluido que se pospuso una semana porque el 5 y 6 de junio Putin estaba en Francia para la conmemoración del desembarco de Normandía, que abrió la fase final de la II Guerra Mundial. “Solo hay uno que toma la decisión (…), la persona que está en una cumbre en Francia”, detallan al respecto, en referencia al presidente ruso.
Poco después, se entregaron los sistemas de defensa aérea, entre los que figuraba el misil Buk. “Por eso hablamos de indicios fuertes, en lugar de pruebas concluyentes”, indican los expertos del JIT. La lanzadera de misiles Buk, siempre según los investigadores, se trasladó e instaló en un campo de la localidad ucrania de Pervomaiski. Los ciudadanos rusos Igor Girkin y Sergei Dubinsky, y el ucranio Leonid Kharchenko, fueron condenados el año pasado a cadena perpetua por ello.
El JIT afirma que dispone de información suficiente sobre la provisión de la lanzadera de misiles y su traslado desde Rusia hasta el este de Ucrania, “pero no se ha podido averiguar por qué fue disparado el proyectil y quien presionó el botón“. De ahí que no haya nuevas demandas en preparación. Los jueces de Países Bajos (196 de los pasajeros fallecidos eran holandeses) concluyeron durante el juicio el año pasado que el misil que derribó al MH17 procedía de Rusia. En concreto, de la Brigada 53 emplazada en Kursk, y que fue disparado desde una zona prorrusa de Ucrania.
Digna van Boetzelaer, fiscal adjunta holandesa, ha señalado sobre la investigación: “Hemos llegado más lejos de lo que imaginábamos en 2014 y el mundo sabe lo que pasó en el vuelo MH17″. “La imagen obtenida sobre la participación rusa al más alto nivel puede tener un papel importante en los procedimientos donde está en juego la responsabilidad de este Estado”, ha añadido.
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En el vuelo MH17 había pasajeros de 10 nacionalidades, entre ellas, malasias (43) y australianas (38), y David McLean, subcomisionado de la Policía Federal de Australia, ha declarado que “resolver este tipo de delitos es cuestión de paciencia, por eso se ha prorrogado el convenio del JIT, que sigue comprometido con la investigación”.
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