Desde el comienzo de su filtración, los datos del hackeo que hizo la organización Guacamaya no han dejado de publicarse. Prácticamente a diario aparecen uno o varios reportes de la información contenida en las bases de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Cada uno de ellos contiene datos acerca de las acciones realizadas por el Ejército mexicano, tanto de sí mismo como de aquellas llevadas a cabo frente a otros habitantes del país. Por el goteo informativo nos hemos enterado de situaciones que no sabíamos, así como también hemos confirmado otras de las que sospechábamos. En el agregado han quedado al descubierto temas tan diversos como la salud del presidente López Obrador, las condiciones vacacionales de su familia, la calificación de ciertos grupos sociales por su grado de amenaza, la extensión territorial de la delincuencia o los riesgos de ciertas obras públicas.
La cantidad de datos contenidos en seis terabytes es enorme y su contenido inimaginable. Es por ello que los principales medios de comunicación han abierto secciones en las que, sin prisa y sin pausa, colocan las piezas de información que a las correspondientes redacciones les parecen importantes o a las que simplemente van teniendo acceso. Al escribir esta colaboración, en efecto, leo en EL PAÍS: El Ejército mexicano ve a las feministas como enemigas del Estado, en El Universal, México, un país poblado de cárteles y en Reforma: Tiene la Guardia Nacional manos en ordeña, drogas… Estos tres ejemplos, de entre muchos otros a los que podría acudir en este o en cualquier otro día cercano, muestran varias cosas. Por una parte, los descuidos, la amplitud del ejercicio de las atribuciones y los niveles de presencia de la Sedena; la extensión de los grupos delictivos al margen o en connivencia con las autoridades y, en relación con esto, la profunda corrupción de los cuerpos que tienen encomendada la seguridad pública. Por otra parte, la existencia de un periodismo independiente y la posibilidad de obtener, por su conducto, información sobre la cotidianeidad de lo público. De aquello que debiera interesarnos por ser base de nuestra convivencia. Más allá de lo que de positivo que hasta aquí ha tenido la divulgación de las bases de datos, hay un aspecto de la cuestión que a todos, pienso, debería resultarnos profundamente perturbadora.
¿En qué espacios institucionales se están procesando las cuestiones derivadas de la información que se ha estado divulgando? Por claridad, planteó mi pregunta de otra manera: ¿En dónde se están construyendo las acciones que debieran corresponder a los procedimientos para investigar y, en su caso, procesar a quienes resulten responsables de la comisión u omisión de acciones que señalan los datos dados a conocer? Consideremos algunos ejemplos. Un primer grupo de asuntos tiene una dimensión que, por facilidad, llamaré interna. ¿Qué han hecho las Fuerzas Armadas con respecto al hackeo? ¿Ya se abrieron los procesos de investigación? ¿Hay militares y civiles involucrados? ¿Efectivamente se dio una acción de la disidencia castrense en contra de los actuales mandos o fue una acción desde el extranjero y, en su caso, de quién? Otra dimensión del asunto puede ser llamada externa. ¿Hay militares vinculados con los delincuentes? y ¿qué procesos disciplinarios se han abierto? ¿A qué grupos delincuenciales se están monitoreando? y ¿qué operativos se están haciendo para enfrentarlos? ¿Los datos obtenidos son suficientes para abrir carpetas de investigación? y, de ser así, ¿cuántas están ya en proceso?
Las preguntas que acabo de formular —y tantas otras que podría seguir planteando— ponen de manifiesto un problema central de nuestro tiempo. El éxito que se está obteniendo por la manera de dar a conocer la información hackeada, impide darnos cuenta de la ausencia de la institucionalidad que pueda hacerse cargo de ella. Mucha de la información publicitada parece ser constitutiva de delitos, sean estos del fuero civil o del militar. Mi preocupación es solo la que tiene que ver con la realización concreta de los correspondientes procesos de investigación. Más allá de ellos, lo verdaderamente importante es saber si existe la posibilidad de que los mismos puedan darse.
En las actuales condiciones de la presencia militar, el abierto respaldo que el presidente López Obrador les ha dado, la extensión y sensibilidad de la información obtenida y las condiciones operativas que han mostrado muchos de los órganos de procuración e impartición de justicia, ¿es posible pensar en la existencia de condiciones para constituir una sede en la que puedan investigarse las conductas de los militares y de los civiles involucrados en ella?
No cabe duda de que, en los días por venir, la información sobre delitos y delincuentes seguirá fluyendo. Lo que resulta más problemático es saber si a partir de lo dado a conocer encontrará un lugar para ser considerado. Si podrán o no abrirse procesos y, más aún, si podrán sancionarse a los responsables. Por el signo de los tiempos, me temo que ello no será así. Por una parte, queda la duda de que las mismas Fuerzas Armadas involucradas, decidan investigarse a sí mismas. Que sus agentes, procuradores y jueces, actúen en los ámbitos del fuero militar que la Constitución les asigne. Por otra parte, queda la incertidumbre de que las autoridades de la procuración de justicia civil decidan actuar en contra de los militares y los particulares involucrados. Nada de eso parece que vaya a suceder en el México presente. Diariamente seguiremos leyendo revelaciones de diverso tipo, cuyas diferencias provendrán más por el contenido del dato dado a conocer, que por los efectos y sanciones institucionales que vaya a producir.
Hace unos días el presidente López Obrador dijo que el ciberataque había sido “un rotundo fracaso”. Dejando de lado su problema de ver, si no en todo, sí en mucho de lo que en el mundo pasa, moros con tranchetes, lo cierto es que puede tener razón. Parece ser que las filtraciones no afectarán a su Gobierno ni a su persona. La institucionalidad que ha destruido y construido pueden permitirle que las filtraciones se reduzcan a notas y noticias. No a procesos ni menos a responsabilidades.
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