Recientemente se publicaron los datos sobre las detenciones llevadas a cabo por parte de la Patrulla Fronteriza durante el mes de enero de 2023. Se observa una reducción del 40% en los flujos, con respecto al mes anterior, y es la menor cifra desde febrero del 2021. Sin embargo, hay que analizar el contexto en el que esto sucede antes de sacar conclusiones apresuradas.
La apertura de visas humanitarias, primero para venezolanos y después para haitianos, cubanos y nicaragüenses, ha venido acompañada de importantes amenazas para los migrantes de dichas nacionalidades que intenten ingresar de forma ilegal a los Estados Unidos, es por ello que ha disminuido su llegada al vecino país del norte. Adicionalmente, estas nacionalidades, fueron agregadas a las disposiciones del Título 42, que hasta octubre del 2022 aplicaba solo para centroamericanos y mexicanos, de tal forma que ahora, migrantes de ocho países diferentes puedan ser deportados a México de forma expedita. Más de 2,7 millones de personas han sido regresadas bajo esta figura. En estos días, diversos medios de comunicación informaron que el Gobierno estadounidense evalúa la posibilidad de deportar a migrantes no mexicanos a México. A pesar de que el presidente Biden negó que esta sea su estrategia, los datos duros y la realidad nos cuentan otra historia.
Ha habido, igualmente, afectaciones a la salud mental de los migrantes, derivado tanto de las deportaciones vía Título 42, como del lanzamiento de la reciente App de CBP One. Esta última se instauró supuestamente para que aquellos migrantes que cumplieran con los requisitos de un eventual asilo o refugio en Estados Unidos pudieran, a pesar de haber sido devueltos a México bajo el Título 42, contar con una cita para que sus casos sean revisados por las autoridades estadunidenses. Pero la realidad es que diversos obstáculos se han presentado. Las citas se han agotado rápidamente; ha habido problemas tecnológicos o no han recibido la confirmación por correo, teniendo que empezar de nuevamente el trámite, entre otros.
Con más de 800.000 detenidos, la diáspora de mexicanos ocupó el primer lugar durante 2022. Los desplazamientos de nuestros connacionales han ido en ascenso desde mediados del 2020, año en que hubo cerca de 450.000 detenidos, mientras que en 2021 fueron alrededor de 650.000. Desafortunadamente, la mayoría de los mexicanos huyen de la inseguridad: por amenazas de grupos del crimen organizado y por riesgo a perder la vida. Historias de cuerpos o partes del cuerpo de familiares enviados a sus casas; asesinato de cercanos; reiterados amagos de muerte; y daños a la salud física y mental, forman parte de los relatos de nuestros connacionales. Entre los primeros expulsores se encuentran Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Veracruz, Estados en los que el crimen no ha cedido y la confianza en las autoridades, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del Inegi, están muy por debajo de la media nacional.
Finalmente, es muy positivo que México, a través de un comunicado de la cancillería, se manifieste en contra de la reinstalación de Quédate en México, programa que las autoridades estadounidenses han implementado ya en dos ocasiones con la autorización de nuestro país y bajo el cual más de 74.000 solicitantes de refugio en Estados Unidos esperaron sus largos procesos y solicitudes de asilo, del lado mexicano. Más del 80%, sufrieron algún tipo de abuso y muchos terminaron retornando al peligro del que huían, quedándose en México o pasando con algún traficante. Este programa ha seguido un camino tortuoso en los tribunales estadounidenses; Biden prometió terminarlo durante los primeros 100 días de su mandato y lo hizo, pero una corte federal le obligó a reinstalarlo y finalmente, por 5 votos contra 4, la Suprema Corte permitió dar fin a esta política. Sin embargo, por asuntos administrativos, el caso regresó a la corte federal de Texas, instancia que encargó al Gobierno federal de ese país la reinstalación del inhumano programa a finales de diciembre del 2022. Como lo mencionó en su momento el juez Roberts, presidente del Tribunal Supremo, encargar esto al Gobierno de Biden significa que este deba negociar con México, ya que dicho programa no se puede llevar a cabo sin la ayuda de nuestro país, que esperemos no ceda esta vez.
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