El proyecto para reformar la Constitución y acotar las facultades del Tribunal Electoral federal (TEPJF) ha puesto al descubierto desacuerdos tanto en Morena como en la alianza opositora Va por México, que en esta ocasión iba a ir en concierto con el bloque oficialista. Lo que al principio parecía una sólida unificación de los intereses partidistas contra el tribunal ha ido flaqueando ante las numerosas críticas y advertencias lanzadas por los propios magistrados electorales, los legisladores de Movimiento Ciudadano —único partido que no suscribió la iniciativa— e integrantes de organizaciones civiles. En el seno de Morena, incluso, hubo una rebelión de legisladores que también expresaron su rechazo al proyecto. La suma de desacuerdos provocó que el martes, por cuarta ocasión, se aplazara la sesión de las comisiones de la Cámara de Diputados donde el documento sería discutido en un primer momento, previo a su votación en el pleno.
La iniciativa ha sido suscrita por el bloque oficialista, formado por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, y por la alianza Va por México, integrada por el PAN, PRI y PRD. Aunque ambos grupos habían rivalizado en la mayoría de los asuntos legislativos relevantes para el Gobierno, en torno a esta nueva propuesta de reforma hallaron puntos de armonía. La coincidencia no es casualidad. El proyecto busca blindar las decisiones intrapartidistas de la intervención del Tribunal Electoral, que en numerosas ocasiones ha ordenado corregir abusos cometidos por los dirigentes en contra de sus militantes. La reforma también pretende establecer que solo el Congreso estará facultado para normar las acciones afirmativas para garantizar el acceso de las minorías a puestos de poder, cuando, hasta ahora, ha sido el TEPJF el que con sus resoluciones ha vigilado y asegurado que los partidos cumplan con criterios de inclusión de los grupos vulnerables, como mujeres, indígenas, migrantes, afrodescendientes e integrantes de la comunidad LGBT.
Tres magistrados electorales se han pronunciado explícitamente contra el proyecto pactado por los partidos: el presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez; Janine Otálora y Felipe de la Mata. “Cualquier decisión de quienes ostentan el poder para limitar las posibilidades de que cada vez más personas participen activamente de la vida política no solo es una afrenta contra sus derechos, sino un retroceso democrático que no debe permitirse”, ha sostenido Otálora. De la Mata ha afirmado que el proyecto implica “una afectación directa y franca a los derechos político-electorales de las minorías, especialmente de aquellas que se encuentran en mayor situación de desventaja”. El TEPJF solicitó a los diputados abrir un periodo de reflexión del proyecto en un parlamento abierto y no apresurar su aprobación, pero la petición no fue aceptada por la mayoría oficialista.
Morena contaba con que el proyecto se aprobaría en la Comisión de Puntos Constitucionales el martes mismo. El órgano legislativo estaba citado a sesionar por la mañana, pero su presidente, el diputado morenista Juan Ramiro Robledo Ruiz, decretó un receso que se prolongó por ocho horas. Era el discreto anuncio de los desacuerdos. Paralelamente, los coordinadores parlamentarios se reunían en la Junta de Coordinación Política para intentar desatascar el documento, pero no alcanzaron un consenso, como más tarde se pondría de manifiesto.
El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, acudió temprano a la Cámara de Diputados a una reunión con legisladoras de su partido donde le advirtieron de que la reforma ponía en riesgo el acceso de las mujeres a puestos de poder. “No se tomará, por parte del grupo parlamentario del PRD, ninguna decisión que atente contra los derechos de las mujeres en la lucha que hemos acompañado por la paridad de género”, dijo el dirigente tras el encuentro. “Hay cosas en la propuesta que pueden ser atendibles, pero hay otras que no nos satisfacen, y entonces ahí es lo que ha generado preocupación. Y pues todavía el asunto está en veremos en la comisión cameral, y vamos a esperar”.
En otro punto de la Cámara baja, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano realizaba una protesta contra la reforma. “El INE no se toca y el Tribunal Electoral tampoco”, se leía en una pancarta exhibida por los diputados. “Hoy desgraciadamente con el aval del PAN, PRI y PRD se va a aprobar este asalto, este golpe letal al Tribunal Electoral que lo va a terminar convirtiendo en un tribunal de chocolate. Va a pasar de ser un tribunal constitucional a un tribunal meramente simbólico”, refirió el coordinador de la bancada de MC, Jorge Álvarez Máynez. “¿Por qué es hasta ahora que tenemos tantas gobernadoras en los Estados y una paridad en la Cámara de Diputados? Precisamente porque el TEPJF ha actuado, no es una labor que se ha hecho a contentillo de los partidos políticos”, agregó.
Por la tarde, al reanudarse la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Robledo Ruiz anunció que, a petición del PAN y el PRD, se pospondría la sesión del órgano legislativo. Fue allí cuando varios legisladores de su partido, Morena, aprovecharon la ocasión para poner de manifiesto su inconformidad con el proyecto de reforma. “Esta lucha nos ha costado años, nos ha costado vidas, lágrimas y sangre. Vamos en contra de una reforma regresiva. Sí a las acciones afirmativas. Y además faltan aún más espacios para nuestras poblaciones, no son concesiones ni son caprichos, son derechos, y los derechos político-electorales también son derechos humanos. Con dientes y uñas vamos a defender estos derechos que históricamente se nos deben”, dijo la diputada transgénero Salma Luévano. Su correligionario Hamlet García pidió que en la comisión legislativa tuvieran derecho de audiencia los diputados que obtuvieron su curul gracias a una acción afirmativa.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia diaria que no estaba al tanto de los detalles del proyecto que impulsa Morena. Aunque afirmó que no se debe limitar la actuación de los jueces, como plantea la iniciativa de reforma, también dijo que no tiene confianza en los actuales integrantes del Tribunal Electoral. Un mensaje cruzado para su partido en el Congreso, que suele actuar como correa de transmisión de los anhelos del mandatario.
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