Nunca, ni en mis mejores sueños, tuve una esperanza realista de ver en España aquello que se anunció desde el Ministerio de Consumo en octubre de 2021: después de casi 20 años mirando hacia otro lado, la administración anunció que iba a arremangarse para regular de forma estrecha y eficaz la publicidad dirigida a los menores de productos que son, objetivamente, poco o nada saludables (me niego a llamarlos alimentos). Casi todas las personas que nos preocupamos por la nutrición de la sociedad en la que vivimos nos quedamos atónitas: felizmente atónitas, concretamente.
Por fin se iba a tomar una de las medidas más necesarias y demandadas por parte de los profesionales del sector para atajar un problema en el que España es líder en su entorno: la obesidad infantil. Recordemos que tenemos el dudoso privilegio de ocupar el tercer puesto entre los países de la UE con mayor tasa comparada de obesidad y sobrepeso entre los niños y niñas de seis a nueve años. Los primeros puestos están ocupados por Chipre, Grecia, España e Italia: la retranca mediterránea del asunto es como para hacérnoslo mirar.
El Ministerio de Consumo afirmó entonces que para llevar a cabo dicha regulación aplicaría los perfiles de nutrientes establecidos por la OMS en 2015, que ya explicamos aquí en 2016. Con dicho sistema, y con independencia de los valores nutricionales de cada producto, habría gamas enteras de productos -de nuevo, me niego a llamarlos alimentos- que quedarían vetados de la parrilla publicitaria de medios de comunicación, e incluso de canales como YouTube, Tik Tok o Instagram. Por ejemplo, todos los productos de confitería, galletas, helados, refrescos, bebidas energéticas y zumos: el Ministerio lo anunció en redes sociales, y los nutricionistas dábamos palmas con las orejas.
Pero la semana pasada aparecieron oscuros nubarrones en torno a la consecución de esta medida: el Ministerio de Agricultura ha movido ficha y se opone a esta regulación. No es casual que la FIAB, la patronal que engloba a los principales fabricantes de productos ultraprocesados cuyos intereses se verían gravemente afectados por esta normativa, también se posicionara en contra de la misma desde el minuto menos uno.
La captura corporativa, una lacra habitual de la política
En esta vida hay dos grandes motores que guían las decisiones importantes, uno es el amor y el otro el dinero; y si finalmente, se termina por desechar esta medida, no será por amor. Mucho menos por amor a la infancia y a su salud: así de claro lo contaba de forma retórica la periodista Laura Caorsi en su cuenta de Twitter. Este es un tema más antiguo que el hilo negro: en 2013 la entonces Directora General de la OMS, Margaret Chan, se desmarcó con unas duras palabras durante un discurso público en el que afirmó que los intereses económicos de la industria alimentaria distorsionan las políticas de Salud Pública.
En aquel discurso, a la Dra Chan no le tembló el pulso a la hora de señalar el origen de los peligros que acechan a las políticas de Salud Pública: principalmente las multinacionales de los ultraprocesados y del alcohol. Concretamente, y de forma literal, afirmó que son las empresas del sector las que, para evitar un menoscabo en su balance de cuentas, crean empresas dentro de su mismo grupo con una “cara amable” -grupos de presión o lobby-, prometen autorregularse, interponen demandas y financian “estudios de investigación” que lo que finalmente consiguen es tergiversar la evidencia y engañar al consumidor.
Es lo que se conoce como captura corporativa de la Salud Pública, un concepto que el Dr. Miguel-Ángel Royo-Bordonada explica con precisión en este documento. En pocas palabras la “captura corporativa es el proceso intencionado por el cual las decisiones políticas responden a un interés particular, privado, en detrimento del interés público. El resultado es una regulación injusta o la ausencia de regulación cuando esta es necesaria para la protección del bien común”. No se puede ser más claro.
Otro ejemplo de esta captura, más allá del caso que nos ocupa si al final no prospera, lo encontramos en la imposibilidad aparente de sacar adelante una Ley antialcohol -que el nombre no te despiste, en realidad es cosecha del lobby de turno- en 20 años a pesar de haberse planteado en este periodo cuatro proposiciones de Ley, y que estás fueran propuestas por ejecutivos de distinto color político. Ninguna prosperó. Industria 4- Salud Pública 0.
La famosa y vergonzosa autorregulación de la que hay que huir
La industria afectada casi siempre ofrece la misma solución cuando existe la amenaza de que una normativa coarte su “libertad”: la autorregulación. Para entendernos, la autorregulación es un método alternativo a una verdadera regulación, mediante el cual la industria alimentaria pacta con la administración que va a cumplir las normas las normas que ella misma redacta y, llegado el caso, también va a controlar y sancionar las infracciones.
Aunque esto suena muy bien, no deja de ser el brazo armado con el que se materializa la captura corporativa ya descrita. En el terreno que nos ocupa, la autorregulación de la que goza el sector tiene nombre y apellidos: Código PAOS. Un sistema de autorregulación patrio de la publicidad de alimentos dirigida a niños de 2005 que en 18 años ha recibido mínimas pero pomposas actualizaciones; a cuál más ineficaz. Un código que ni funciona para evitar nada ni se aplica a pesar de sus constantes infracciones por parte de los firmantes (es lo que tiene la parte “auto” del asunto).
El Código PAOS es, además, una normativa de adhesión voluntaria en la que el hecho de estar adherido tampoco es garantía de cumplir nada; por eso los estudios publicados respecto a su funcionamiento lo tachan de absolutamente ineficaz. Por tanto, tal y como ya conté en su día en este editorial de la revista Atención Primaria, permitir la autorregulación en materia de publicidad alimentaria dirigida a los niños y adolescentes es un brindis al sol: puede quedar muy bonito, ser muy efectista, abrir las noticias de muchos espacios informativos y copar titulares… pero no sirve para nada. Incluso peor que no hacer nada por el coste de oportunidad, por dar la imagen de que se está haciendo algo, de que ese algo está legitimado, etcétera.
No se puede hacer siempre lo mismo y obtener resultados diferentes
Que la autorregulación -al menos en España- no funciona es un dato, no una opinión. De hecho, solo los países con normativa legal han conseguido reducir la presión de la publicidad de productos insanos dirigida a los niños, y el Código PAOS se pone como ejemplo fuera de nuestras fronteras de aquello que no debe hacerse.
Si el ejecutivo tiene la voluntad sincera de hacer doblar la curva de la obesidad infantil en España, tendrá que ser con algo diferente de lo que hace desde 2005, con nulo efecto y para regocijo de los productores. No digo que se alegren de la obesidad infantil, pero sí de no tener que sufrir una normativa con el rango de ley y, por tanto, de no tener que rendir cuentas a nadie.
Tras el anuncio por parte de Consumo de regular la publicidad mediante un decreto, el Presidente Sánchez se comprometió a atajar el problema de la obesidad infantil, y pocos meses después apareció el Plan Estratégico Nacional Para La Reducción
De La Obesidad Infantil (2022 – 2030). En la línea estratégica número cinco -la de garantizar la protección a la salud de la infancia- la medida nº 37 recoge, textualmente, la intención de “Desarrollar regulación del marketing de alimentos y bebidas”.
El problema de la obesidad infantil en España es muy grave. He aquí algunas de las cifras que ofrece el mencionado informe:
- El 41% de las niñas de seis a nueve años tiene sobrepeso u obesidad, esta cifra es del 42% en el caso de los niños. Pese a ello, siete de cada 10 escolares con exceso de peso son percibidos por sus progenitores dentro de un peso normal.
- La obesidad se ha duplicado en niños y adolescentes en los últimos 20 años.
- Las cifras de obesidad infantil son el doble entre los niños y niñas que viven en hogares con menos recursos.
- El 55% de los niños y niñas con obesidad serán adolescentes con obesidad. A su vez, el 80% de los adolescentes con obesidad serán adultos con obesidad.
Citando de nuevo a la Dra. Chan: “acabar con la obesidad infantil es uno de los mayores retos que puede afrontar la comunidad internacional en esta centuria […] y la industria no debería tener voz a la hora de tomar decisiones de Salud Pública de este calado”. Lo que piense nuestro Ministerio de Agricultura, posiblemente presionado por ciertos sectores, debería darnos igual. En cualquier caso, si la cuestión económica va a tenerse en cuenta para la toma de decisiones, el propio Plan Estratégico afirma que, por cada euro invertido en la prevención de la obesidad en España, se recuperarían seis. Ahí lo dejo.
Juan Revenga es dietista-nutricionista, biólogo, consultor, profesor en la Universidad San Jorge y miembro de la Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas (FEDN). Ha escrito los libros Con las manos en la mesa y Adelgázame, miénteme.
