El pasado 22 de diciembre, la coalición de más de 600 organizaciones que conforman la campaña Esenciales entregó a la Oficina del Censo Electoral 29 cajas de firmas respaldando la regularización extraordinaria de cerca de medio millón de migrantes en situación irregular. El contenido total de las cajas asciende a 609.630 firmas, más de un 20% por encima de las que son necesarias para que el Parlamento tramite esta petición en forma de Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Si los partidos no fueron a la montaña, la montaña ha tenido que llegar a ellos.
El proceso para esta consecución histórica de la sociedad civil organizada no ha sido fácil, se lo aseguro. A la dificultad evidente de recabar tantos apoyos en un proceso tan garantista como el de un voto, se une la extraordinaria complejidad logística asociada al proceso: recepción y distribución de pliegos, recogida de firmas en las circunstancias más variopintas, devolución segura de los pliegos, validación por fedatarios, entrega en tiempo y forma a las autoridades… Incluso antes de ser discutida en el Parlamento, una ILP exitosa es un verdadero milagro.
Pero esta en particular se ha enfrentado a un desafío añadido. Por primera vez en la historia de nuestro país, han sido las organizaciones migrantes auto-organizadas las que han tomado las riendas de un proceso de esta envergadura. El movimiento estatal Regularización Ya –un colectivo diverso de individuos y organizaciones que nace para escribir su propia historia– constituye una clamorosa excepción en el panorama político y social español, donde la voz y la agencia migrante brillan por su ausencia. Uno de cada seis residentes en España ha nacido en el extranjero; sin embargo, ¿cuántos migrantes reconocen ustedes en los partidos políticos, en los sindicatos, en los medios de comunicación? ¿Cuántas veces han escuchado a una persona extranjera y racializada debatir su punto de vista en las grandes plataformas públicas, en vez de escuchar cómo otros lo hacemos por ellos?
El contraste con países de nuestro entorno, como Francia y el Reino Unido, es chocante. Y las resistencias –incluso por parte de quienes están trabajando por el éxito de esta regularización– pueden ser feroces, porque nadie cede con facilidad su espacio de poder (sepa o no que lo tiene). Pero eso es lo que hace a este proceso extraordinario. Incluso antes de conocer el recorrido que la ILP tendrá en el Parlamento, podemos afirmar que nada será lo mismo después de ella.
Naturalmente, estamos aquí para ganar también la batalla parlamentaria. A lo largo de esta campaña hemos argumentado que la envergadura ética, económica, política y sanitaria de este desafío exige una respuesta contundente por parte de las instituciones. La estimación actualizada que realiza la Fundación porCausa (ver gráfico) eleva a unos 425.000 el número de personas condenadas en nuestro país a vivir en las sombras. Esta población –formada por mujeres y niños de origen latinoamericano, en su mayoría– constituye uno de los grupos más vulnerables y castigados de la sociedad. Paradójicamente, también son parte de la solución laboral y demográfica que precisa nuestro país. La gran mayoría de los adultos se ocupa en profesiones que solo ellos realizan. Su incorporación al mercado formal de trabajo supondría un beneficio fiscal neto para el sistema de unos 3.250 euros por trabajador regularizado y año, según las mismas estimaciones.
Cada uno de estos argumentos fue recordado esta semana en el histórico seminario que Regularización Ya organizó en el Congreso de los Diputados, el primer evento de este tipo impulsado por una organización de migrantes. Qué sarcasmo que este acto solemne de ciudadanía sea protagonizado por quienes no son reconocidos como ciudadanos por nuestras instituciones. Una sala a reventar con activistas, representantes sociales, embajadores, periodistas y miembros de algunos grupos parlamentarios. Unidas Podemos, junto con la coalición de partidos que sostiene al Gobierno, ha hecho el compromiso firme de sacar adelante esta ILP.
Quienes no acudieron –ni uno solo de sus 217 representantes en la cámara– fueron los grupos parlamentarios del PSOE, el Partido Popular y Ciudadanos. Con toda franqueza, me parece intolerable. Uno puede entender las razones para apoyar o rechazar una medida de este tipo. Lo que me parece insoportable es que ni siquiera tengan la cortesía de acercarse a escuchar lo que tienen que decir sus vecinos bajo el techo mismo del Parlamento. Confío en la tramitación parlamentaria de esta medida sea recibida con menos arrogancia y con más argumentos por quienes tienen la obligación de comportarse seriamente ante asuntos serios.
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