El presidente Andrés Manuel López Obrador ha justificado este viernes el decreto que publicó ayer a última hora de la tarde, en el que blindaba como seguridad nacional el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y los aeropuertos de Chetumal, Tulum y Palenque. “Tenemos que proteger estas obras, porque esos insensatos, irresponsables, corruptos, además muy antipatriotas, pueden parar las obras, como ha sido su intención”, ha dicho el mandatario. López Obrador publicó su nuevo acuerdo solo unas horas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le invalidara el anterior por considerarlo inconstitucional. Todo el episodio profundiza la crisis entre el poder ejecutivo y judicial en México.
El jueves en la mañana, el pleno de la Suprema Corte decidió anular el decreto de noviembre de 2021 en el que el Gobierno de López Obrador calificaba todos sus proyectos prioritarios como seguridad nacional. Con los votos a favor de ocho ministros y tres en contra —de Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz—, el alto tribunal daba la razón al Instituto Nacional de Transparencia (INAI), que fue quien impugnó el decreto en diciembre de 2021. “Es inconstitucional este acuerdo, porque su amplitud y su ambigüedad obstaculizan e inhiben el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto de las obras del Gobierno de México”, señalaba el ministro ponente Juan Luis González Carrancá.
Según el artículo 6 de la Constitución, toda la información es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional. Es decir, el Ejecutivo no tiene la obligación de informar sobre los proyectos que entran en esa categoría.
Solo unas horas más tarde de la decisión de la Suprema Corte aparecía publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto de artículo único en el que se protegían las grandes cinco obras del Gobierno que todavía no están concluidas. En el decreto, el presidente detalla por que se consideran seguridad nacional los proyectos: el Tren Maya por ser el proyecto de infraestructura más importante de la Administración, los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum “por su ubicación geográfica” clave “para la vigilancia y control del espacio aéreo en la frontera sur” y el Corredor Interoceánico, del Istmo de Tehuantepec, porque permite comunicar el océano Pacífico con el golfo de México y el Atlántico.
La polémica estalló tras la publicación del decretazo. Algunos analistas apuntaban que se podía considerar desacato, puesto que suponía saltarse las decisiones de la Suprema Corte, mientras otros argumentaban que ese acuerdo era la única forma que tenía el presidente de proteger sus obras de los amparos. Por ejemplo, algunos tramos del Tren Maya, el más delicado y complejo del recorrido, siguen trabados en procesos judiciales.
En ese sentido, López Obrador ha defendido: “Imaginen los beneficios para la gente del sureste, cancelarlos nada más por los caprichos de estos fifís corruptos. Entonces tomamos la decisión de decretar todas estas obras de seguridad nacional y de interés público. Y eso fue lo que se hizo ayer y ¿por qué nos preocupa? Porque los que están promoviendo los amparos en contra de todas estas obras están financiados del Gobierno de Estados Unidos”. El presidente ha acusado a abogados y exministros de formar parte del despacho que está detrás de “todos los amparos”.
El mandatario ha tratado de justificar que su decreto no implica que haya menos información sobre las obras: “Dicen es que no quiere el presidente que se sepa cuánto se está invirtiendo en el Tren Maya porque hay negocios o hay corrupción. No, no somos iguales, nosotros no somos corruptos, yo lo que estimo más importante es la honestidad, además engañan a la gente porque son personas inmorales, sin escrúpulos”. “Que se reserve una obra de estas como de seguridad nacional o de interés público no significa que no se va a informar”, ha añadido.
Ese mismo argumento fue el que utilizaron los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel o Loretta Ortiz para votar en contra de invalidar el decreto de 2021. Lo que llevó incluso a una discusión directa con el ministro Javier Laynez: “Me parece a mí, y no quiero adjetivizar, pero un tanto ingenuo el ignorar que las consecuencias jurídicas inmediatas de la declaratoria [de seguridad nacional] son dos: la reserva de información y la autorización para la adjudicación directa, porque eso es lo que dice la ley”. “Negar que el vocablo seguridad nacional no tiene impacto para efecto de transparencia y de adquisiciones, con todo respeto, me parece muy difícil o muy ingenuo en todo sentido. Yo no sé si fue el objetivo, ni si eso se buscó, pero la consecuencia sí es esa”, concluyó.
El nuevo decreto del presidente, a diferencia de lo que ocurrió con el de 2021 —ahora tumbado— no puede ser impugnado por el INAI. El organismo autónomo se encuentra paralizado desde abril, puesto que necesita que se nombren a los tres comisionados que faltan en su pleno, que se compone de siete. Los anteriores terminaron su mandato y desde entonces, Morena ha bloqueado en el Senado los nuevos nombramientos, como parte de la estrategia del Gobierno contra el INAI, al que acusan de ser un gasto innecesario. Así, el pleno no sesiona desde hace más de un mes porque no tiene quórum. Y es solo el pleno, ni siquiera el Consejo Consultivo del INAI, el que puede presentar una acción de inconstitucionalidad como la que se necesitaría para impugnar este nuevo acuerdo.
La respuesta directa de López Obrador a la Suprema Corte se ha convertido en otro ejemplo de la guerra abierta que el presidente mantiene con el poder judicial. Desde la entrada de Norma Piña como presidenta de la SCJN, las fricciones con el Ejecutivo no han dejado de escalar. Esta última semana, el mandatario se ha lanzado contra los privilegios de los ministros y ha propuesto que su nombramiento sea elegido por medio de una consulta popular.
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