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Sebastián Piñera, presidente de Chile en dos ocasiones (2010-2014 y 2018-2022), ha sido citado a declarar ante la Fiscalía de Alta Complejidad por una causa de delitos de lesa humanidad, según la información adelantada esta tarde por el periódico La Tercera. Lo hará en calidad de imputado, junto a otras cuatro autoridades del Ministerio del Interior de su segundo mandato, que estaban al mando de Chile y de sus fuerzas policiales cuando se produjo el estallido social, en octubre de 2019. En el marco de estas revueltas se produjeron violaciones a los derechos humanos, pero hasta ahora no se ha acreditado que haya sido una política de Estado.
La investigación de la Fiscalía arrancó luego de la presentación de cerca de 20 querellas patrocinadas, principalmente, por organismos de derechos humanos, y en algunos casos, por Alejandro Navarro, un exsenador de larga trayectoria en la izquierda que no pertenece a la Cámara Alta desde marzo de 2022, al terminar su período. Apuntan a hechos ocurridos entre octubre de 2019 y marzo de 2020, los meses álgidos de las revueltas que pusieron contra la pared a la institucionalidad chilena y donde la violencia inédita en las últimas décadas sobrepasó a las fuerzas policiales y a las Fuerzas Armadas.
La querella de Navarro se presentó contra Piñera y otras cuatro autoridades del ministerio del Interior en esos meses: los que fueron ministros, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, y los subsecretarios de la misma cartera, Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli, que deberán declarar ante la Fiscalía chilena en la misma calidad de imputados que Piñera, el único dirigente de la derecha que ha llegado a La Moneda desde el restablecimiento de la democracia en 1990.
La fiscal Ximena Chong, de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, tiene en sus manos tanto esta causa como la que investiga la responsabilidad de mando del generalato de Carabineros por la supuesta “omisión” en la toma de decisiones para evitar lesionar a los manifestantes durante el estallido social. Chong será la encargada de interrogar a las autoridades políticas, en declaraciones que comenzaron este viernes con Chadwick, el primo del exmandatario y uno de los principales rostros del partido de derecha UDI. Tanto Piñera como sus colaboradores, como imputados, son investigados como eventuales responsables de un delito. Por lo tanto, tienen las mismas garantías de cualquier encauzado penal, es decir, el derecho a ser asistido por un abogado, a guardar silencio, a no autoincriminarse, entre otras. El objetivo es indagar las consecuencias que tuvo el actuar policial en los manifestantes lesionados durante el estallido social, explica La Tercera.
De acuerdo al abogado del expresidente, Samuel Donoso, entrevistado por el mismo periódico, “los hechos demuestran que su actuar obedeció al correcto cumplimiento de sus funciones públicas, procurando en todo momento el resguardo de los derechos humanos, en los difíciles momentos que vivió el país”. Según Donoso, tienen “la tranquilidad y convicción de que en el actuar del expresidente siempre buscó compatibilizar el resguardo del orden público y seguridad ciudadana con el respeto a los derechos humanos de todos”. Para el defensor de Piñera, “en consecuencia, no se configura delito alguno”.
El debate sobre la responsabilidad del Estado
Donoso dijo a La Tercera que Piñera “ha colaborado permanentemente con la investigación” y recordó que ya prestó declaración en esta causa, el 19 de julio de 2021, siendo todavía presidente, ante la fiscal Claudia Perivancich, que tuvo en sus manos la causa en un comienzo.
En aquella declaración, recuerda el periódico, Piñera aseguró: “Siempre buscamos que las fuerzas de orden y seguridad resguardaran el orden público lo antes posible para restablecer la normalidad constitucional con pleno respeto por el Estado de derecho y los derechos humanos”.
Esta causa que investiga delitos de lesa humanidad pasa, sobre todo, porque se acredite que las violaciones a los derechos humanos que cometieron las fuerzas policiales se haya producido sistemáticamente un ataque contra la población civil, es decir, que los abusos hayan sido una política de Estado y de sus agentes, como ocurrió en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). En los tres años y cinco meses transcurridos desde octubre de 2019, sin embargo, Chile ha debatido largamente sobre este asunto.
En las peores semanas de las revueltas, el que era el director del Instituto de Derechos Humanos (INDH), un organismo autónomo, Sergio Micco, aseguró que “conceptualmente una violación sistemática de los derechos humanos supone una concertación entre distintas instituciones, donde se crean leyes o se dictan políticas públicas que directamente e intencionalmente tienen como objetivo violar los derechos humanos”. En entrevista con Canal 13 de televisión en noviembre de 2019, añadió: “Si tú me preguntas a mí, como director del Instituto, diría que no (hay sistematicidad) y quien afirme lo contrario tiene que probarlo. Violaciones sistemáticas me atrevería a decir que no”.
En diciembre del 2021, la Corte Penal Internacional desestimó el requerimiento contra el expresidente Piñera por supuestos delitos de lesa humanidad y resolvió “no iniciar examen preliminar”, solicitado por el exjuez español Baltasar Garzón.
