Sonia Vargas Terrero: Una funcionaria del Poder Judicial, acusada por el Gobierno de participar en los contratos corruptos de García Luna

Una funcionaria de alto nivel del Poder Judicial suscribió hace más de una década contratos que beneficiaron a la red de corrupción de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón. Se trata de Sonia Vargas Terrero, que entre 2009 y 2011 se desempeñó como directora General de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal y otorgó cuatro contratos por 71,6 millones de dólares a las empresas Nice Systems Ltd. y Nunvav Inc., ambas relacionadas con el exfuncionario calderonista. Los contratos fueron para la instalación y mantenimiento de equipos y programas de espionaje telefónico. Ahora, Vargas Terrero fue contratada en abril de este año como directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la institución encargada de vigilar el desempeño y buena conducta de los jueces. Este caso ha sido utilizado por López Obrador para reforzar sus descalificaciones al Poder Judicial y en particular a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, que también preside el CJF.

La organización de derechos digitales R3D obtuvo los contratos asignados por Vargas Terrero desde la Policía Federal a la red corrupta de García Luna. En los documentos aparece la firma autógrafa de la funcionaria. Tres contratos fueron suscritos a lo largo de 2009 con la compañía israelí Nice Systems Ltd., perteneciente a miembros de la familia Weinberg, testaferros de García Luna. La intención era adquirir la plataforma de espionaje NiceTrack, que fabricaba a nivel mundial la compañía de los socios de García Luna. Luego, en 2011, Vargas Terrero adjudicó un contrato a Nunvav Inc., empresa de la que García Luna era beneficiario final, para dar mantenimiento a los equipos de intervención telefónica que fueron vendidos previamente a la Policía Federal por sus prestanombres. Negocio redondo. Esos contratos se dieron mientras García Luna era titular de la Secretaría de Seguridad y jefe de Vargas Terrero.

El excolaborador de Calderón fue declarado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada por un jurado de Nueva York en febrero pasado. Pero enfrenta una nueva demanda civil en el Estado de Florida por haberse enriquecido mediante una treintena de contratos asignados por dependencias gubernamentales a empresas suyas y de sus socios. A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Gobierno mexicano le reclama una fortuna de 750 millones de dólares obtenidos gracias a contrataciones amañadas con la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía de la Ciudad de México entre 2009 y 2018, durante los sexenios de Calderón y de Enrique Peña Nieto. En el recurso, la UIF agregó una lista de los contratos considerados corruptos e incluyó los cuatro suscritos por Vargas Terrero.

Este lunes, el director de la UIF, Pablo Gómez, ha informado de que la demanda se encuentra estancada debido a que los imputados —entre los que figuran García Luna y los Weinberg— han promovido recursos legales para frenar el reclamo del Gobierno mexicano. Gómez ha agregado que tanto Vargas Terrero como otros exfuncionarios que firmaron contratos están denunciados también ante la Fiscalía mexicana. “Es necesario decir que las personas que he mencionado están dentro de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, no son desconocidas, están sujetas a investigación, pero no solo por estos actos que están conectados a una gran trama de corrupción; estamos insistiendo que estas personas están involucradas, porque son quienes firmaron los contratos y por lo tanto quienes autorizaron las erogaciones”, dijo el funcionario durante la conferencia mañanera. Gómez ha agregado que los servicios contratados por Vargas Terrero con las empresas de García Luna no fueron entregados a la Policía Federal, por lo que se trata de un típico caso de desvío de recursos públicos.

López Obrador ha señalado que la ministra Norma Piña es responsable directa de la contratación de Vargas Terrero en el CJF. “Eso tiene que ver con el Consejo de la Judicatura, que también no sirve para nada, es un florero, está de adorno. Porque si funcionara el Consejo de la Judicatura del poder Judicial, pues ellos tendrían que estar viendo esto, de cómo se va a contratar en el poder Judicial a quien está acusada por firma de contratos ilegales, inmorales, en la época de García Luna. ¡Cómo el Poder Judicial va a contratar a esta señora! ¿Y qué hace el Consejo de la Judicatura, que es el órgano que debe de vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros? Ah, pero resulta que la presidenta de la Suprema Corte es también la presidenta del Consejo de la Judicatura, y hay otros miembros, pero todos se callan”, dijo el mandatario en su conferencia del viernes.

No obstante, la designación de la titular de la Coordinación de Administración del CJF no depende directamente de la presidenta Piña, sino de la Comisión de Administración, un órgano colegiado del que no participa la ministra. Este diario consultó al área de comunicación social de la Judicatura para cuestionarle si se abriría alguna investigación interna sobre Vargas Terrero o si esta sería separada del cargo, pero al momento de esta publicación la pregunta no había sido atendida.

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