Las puertas de la Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM) están cerradas. En el campus de Cuajimalpa, en el poniente de Ciudad de México, cuelgan cientos de carteles y pancartas de sus verjas: “UAM-C en paro por cubrir a violadores y acosadores”. “¡Alto! un violador está en tu unidad”. “Protejan a la víctima, no al agresor”. “No insistas amigo: no es no”. Un grupo de alumnas y alumnos con la cara cubierta impide la entrada. Desde la semana pasada los cinco campus están cerrados y los estudiantes en huelga. La resolución que las autoridades universitarias dieron a la denuncia de una alumna contra su expareja por violación fue el detonante para que el hartazgo de sus compañeras acabara en paro. La comisión evaluadora del caso se declaró incompetente para ejercer ninguna acción contra el estudiante, incluso cuando él mismo reconoció haber cometido la agresión “por accidente”. “Como este caso hay decenas sin resolver u olvidados”, dicen a través de redes sociales las chicas.
El caso no es un hecho puntual. Se trata de la punta de un iceberg que muestra años de desatención de la violencia machista que impregna las universidades y las preparatorias de todo el país. Desde Nuevo León a Oaxaca, pasando por San Luis Potosí, Zacatecas y Yucatán. En 2019, las alumnas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tomaron 11 facultades exigiendo lo mismo que piden estos días sus compañeras de la UAM: la universidad debe ser un espacio libre de violencias donde las mujeres no corran peligro por ir al baño, por caminar para tomar el camión o por ir a una fiesta con sus compañeros. En un país en el que la violencia de género impregna todos los rincones de la sociedad, la universidad no es una excepción. Mientras las estudiantes luchan por espacios más seguros, se vulnera su propio derecho a la educación. “Queremos vivir sin miedo”, responden las alumnas.
Acoso, hostigamiento, abusos sexuales, violaciones y feminicidios que durante años se metieron debajo de la alfombra y que el movimiento MeToo alentó a denunciar públicamente. “La violencia contra las mujeres es estructural y afecta no solo a las estudiantes, también a las profesoras y a las trabajadoras”, apunta la académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM, Aimeé Vega Montiel. Cuando el problema saltó por los aires, evidenció a unas autoridades universitarias ―en su mayoría omisas― que se vieron obligadas a desarrollar a marchas forzadas protocolos contra el acoso ―la UNAM creó el suyo en 2016 y la UAM en 2018―. También crearon unidades de atención a víctimas que han resultado deficientes a la hora de tratar el problema con toda su dimensión.
La presión generada por la huelga pusocontra las cuerdas a la Universidad para que tome medidas. Una nueva comisión encargada de analizar el caso de violación rectificó su dictamen y decidió expulsar al alumno. “Esa medida se queda muy corta ahora”, dice Ana, una alumna de 22 años, quien prefiere no revelar su verdadero nombre. Las demandas de las estudiantes se han hecho más amplias y la huelga se ha extendido a los cinco planteles autónomos de la Universidad: Cuajimalpa, Azcapotzalco, Xochimilco, Lerma e Iztapalapa. Desde allí también denuncian decenas de casos sin atender, por ejemplo, el de la propia Ana. “Fui víctima de abuso sexual y la unidad de género te revictimiza”, cuenta. “La psiquiatra del plantel me dijo que no tenía la facultad para tratar lo que me pasaba y la consulta solo duró 10 minutos porque tenía muchos alumnos. Me recetó clonazepam a libre demanda”, recuerda.
Las alumnas insisten en que los mecanismos de denuncia no funcionan o funcionan a medias. Se quejan de que denunciaron y no pasó nada. Las revictimizaron, no las creyeron, trataron de convencerlas para que no denunciaran y las obligaron a seguir en clase con sus violentadores.
Los cinco campus acordaron en asamblea compartir una serie de demandas en conjunto. Entre ellas, erradicar por completo la violencia de género y unificar los protocolos contra el acoso, reestructurar los órganos colegiados para que tengan una persona experta en perspectiva de género y reformar la oficina de Equidad de Género. “Estamos exigiendo que las autoridades nos aseguren que vamos a estar bien, que nos protegen, nos respaldan, que no se quede en falsas promesas”, dicen las estudiantes a través de un comunicado.
Entre las demandas también se recoge que los integrantes de la Comisión de Faltas tomen cursos de perspectiva de género, reformar el reglamento del alumnado para delimitar correctamente las faltas y amonestaciones, establecer las sanciones para el personal académico por cometer violencia sexual, crear medidas cautelares para que en el momento en que se reciba una denuncia por violencia sexual se atienda correctamente a la víctima y que se garantice el derecho a la educación de todos los implicados en el proceso. “Estamos mejorando los protocolos de las cinco unidades”, dice el rector general de la Universidad, José Antonio de los Reyes Heredia, en entrevista con este diario.
El rector reconoce que de acuerdo a la opinión emitida por la Oficina de la Abogacía de la institución y la Unidad de Género sobre el caso de violación de Cuajimalpa “quizá no se consideraron todos los elementos que debieron haber tenido para llegar al dictamen que hicieron la vez anterior” y apuesta por la creación de un protocolo único para toda la institución. En 2022, la UAM atendió denuncias contra 35 trabajadores y una trabajadora por violencia de género. De ese total, 26 casos fueron aceptados a trámite. También dieron seguimiento a las denuncias contra 28 alumnos por el mismo motivo que concluyeron con ocho expulsiones. “Cuatro de ellos fueron en la unidad Cuajimalpa y cuatro, en la Unidad Xochimilco”, dice De los Reyes Heredia. En nueve casos más se decretaron suspensiones de uno a tres trimestres para los alumnos, se dictaron cuatro amonestaciones y en cinco casos, no se encontraron elementos para aplicar medidas, según los datos proporcionados por la Rectoría General.
Las autoridades universitarias admiten que la violencia machista que vive la UAM es un problema sistémico que no se soluciona con la expulsión de un alumno. “Nos damos cuenta de que la estructura está rebasada y que la normativa que hicimos en 2018, que fue de buena fe y con el mejor espíritu, no está funcionando”, reconoce el vicerrector administrativo del campus de Cuajimalpa, Gerardo Kloss. “Que los aparatos y las instancias de la unidad de género, las asesorías que estamos dando por conducto de la abogacía de la Universidad no están siendo suficientes”, admite.
Esta falta de confianza en los cauces administrativos ha desatado el fenómeno de las denuncias anónimas en redes sociales y en tendederos, como puede verse en las verjas de la UAM Cuajimalpa. Las autoridades universitarias declaran que mientras no exista una denuncia formal no pueden hacer nada. “Hay varios casos que se han denunciado por un camino más amigable y los expedientes se pierden, hay una mala organización”, señala Ana. “Que haya estas estructuras no significa que se acabe el problema. Son necesarias medidas de prevención, atención y sanción; presupuesto suficiente y que se dé un seguimiento a los indicadores para que la universidad sea un espacio libre de violencias”, apunta Aimeé Vega Montiel, y agrega: “No basta con que las instituciones den respuestas inmediatas contingentes pensando que se quitan el problema de encima”. “Las universidades debemos avanzar y prevenir ese tipo de fenómenos mediante los la instrucción, la capacitación y todo lo que podamos para concientizar a nuestro alumnado, al profesorado y a los trabajadores y trabajadoras administrativas. Es una construcción colectiva que creo que en este caso sería la invitación a las personas que participan en estos movimientos para generar estos mecanismos y sobre todo, comprometerse todos y todas en construir esta paz que tanto añoramos”.
Las alumnas exigen un pronunciamiento público de las autoridades sobre su mal actuar y que no existan represalias para ninguna de las personas que están en el paro. El rector general se ha comprometido con este último punto, sin embargo, las estudiantes señalan que ni Lerma ni Iztapalapa han recibido por parte de sus autoridades la garantía de que no habrá represalias. Adicional a eso, dicen que les han cortado el agua, la luz y el internet para forzarlas a que cedan las instalaciones y que la rectora de su unidad, Verónica Medina Bañuelos, las calificó como “un grupo de choque”. “Son alumnas de la UAM como nosotras y ahora mismo tememos por su seguridad”, dice Ana.
Las personas consultadas para este reportaje consideran que aunque la violencia machista en las universidades es un fenómeno que ha existido “desde siempre”, como dice Vega Montiel, el feminismo ha impulsado que las alumnas se organicen y denuncien la desigualdad como no había sucedido hasta ahora. Este es el caso de la Preparatoria 6 de la UNAM que también se encuentra tomada por sus estudiantes por el mismo motivo que la UAM o la Universidad de Zacatecas que anunció paros en todas sus actividades desde este viernes. En Oaxaca hubo protestas en el Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios, del Colegio de Bachilleres y en escuelas del Sistema de Universidades Estatales y de la Universidad La Salle ; en la preparatoria 29 de Tixtla, Guerrero, se denunció al director por la instalación de cámaras de vigilancia dentro de los baños de mujeres y en San Luis Potosí, alumnas y exalumnas del CBTIS 131 acusaron a 10 profesores de acoso sexual. Todo en la misma semana.
Entre las pancartas del campus Cuajimalpa de la UAM, dos mensajes destacan entre los demás como un resumen de la revolución de las estudiantes: “No quiero tener miedo en mi propia institución”. “Ante la impunidad, no hay orgullo universitario”.
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