La guerra en Ucrania, uno de los ejemplos más fehacientes de la nueva guerra fría, ha desplazado, en cierta medida, la atención sobre la situación de alrededor de 60 países que se encuentran en fragilidad institucional (económica, política, social y medioambiental). En ellos viven 1.900 millones de personas y el 73% de ellas están afectadas por pobreza extrema. Las consecuencias indirectas de esta guerra —escasez y aumento de los precios de los alimentos y de los fertilizantes, inflación, inestabilidad financiera— tienen un profundo impacto.
La primera Guerra Fría (1948-1989) supuso la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética y sus respectivos aliados. Se le denominó “fría” porque se libró en los frentes político, económico y de propaganda, con la amenaza de utilizar armas nucleares. Pero los conflictos violentos se desplazaron a países periféricos o del entonces llamado Tercer Mundo.
La situación actual es diferente. Las intervenciones del Norte en el Sur son más selectivas. Las invasiones militares son sustituidas por la guerra a distancia usando nuevas tecnologías, mercenarios, asesinatos selectivos y operaciones especiales puntuales. Los conflictos violentos y las guerras presentes tienen características diferentes, tanto por nuevos actores, por ejemplo, el crimen organizado, como por razones que las guían, menos políticas y más económicas.
La mayoría de las guerras actuales se libran en los Estados frágiles. En estos países hay actores armados no estatales y fuertes economías ilícitas. Prolifera la falta de control estatal en parte del territorio y la fragmentación conflictiva de identidades. En el medio centenar de Estados en guerra impacta, además, el cambio climático que produce crisis alimentarias, y acelera el movimiento de millones de refugiados.
En la nueva guerra fría, Moscú, Washington y Pekín tratan de ganar aliados políticos en África, Asia, Oriente Medio y América Latina y, a la vez, contar con recursos, mercados, y limitar la influencia de sus adversarios.
Las intervenciones del Norte en el Sur son más selectivas. Las invasiones militares son sustituidas por la guerra a distancia usando nuevas tecnologías, mercenarios, asesinatos selectivos, y operaciones especiales puntuales
Sin embargo, algo fundamental ha cambiado: la política de tratar de controlar todo el sistema internacional ha sido sustituida por una de tipo selectivo. Los Estados con más poder ya no tienen intereses políticos o ideológicos. Las empresas transnacionales trabajan con y en países, y en zonas de ellos, que les resultan de interés, como mercados, áreas de producción, circuitos para el tránsito de bienes e información, y acceso a recursos naturales claves para la producción de bienes, como minerales para alta tecnología.
Algunos países o zonas pasan a ser estratégicos. Pero a medida que el sistema internacional se ha vuelto selectivo, diversos países de África, Asia y América Latina carecen de interés económico. Aunque sean ricos en recursos, si su explotación es arriesgada o complicada, se les deja de lado.
Gastos militares versus cooperación
La tensión creciente entre las grandes potencias y las intermedias (como India, Pakistán o Turquía) ha disparado el aumento del gasto militar global (que superó los dos billones de dólares en 2022, según el Stockholm International Peace Research Institute). Las expectativas de que creciese la cooperación Sur-Sur han quedado en nada.
Todo esto resta recursos para proyectos de cooperación y fondos de emergencia humanitaria y pone en peligro el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-Agenda 2030 de la ONU. Igualmente, los países del Sur necesitan apoyo para la reconversión verde de sus economías, como se exigió en la reciente conferencia sobre cambio climático COP27.
Por otra parte, en la nueva guerra fría se fortalecen las políticas de seguridad nacional frente a las de cooperación, disminuyen los recursos para la diplomacia y las políticas de resolución de mediación y diálogo político. Los recientes recortes en los presupuestos de cooperación y acción humanitaria en el Reino Unido y Suecia, y la relocalización de fondos en diversos países de la OCDE para asistir a los refugiados ucranianos son ejemplos de esta tendencia.
Ya lo alertaba en septiembre el estudio del Peace Research Institute Oslo (PRIO): “Sobre la base de las tendencias relacionadas tanto con la pandemia de covid-19 como con la guerra en Ucrania, la entrega de ayuda oficial al desarrollo está amenazada en términos del tamaño de los fondos, y la asignación de fondos dentro de los presupuestos de ayuda y los tipos de fondos considerados de ayuda, incluidos los costos de alojamiento de refugiados de los donantes, la ayuda relacionada con la pandemia, los préstamos sobre subvenciones, y la cancelación de la deuda, socavan la calidad de los planes de ayuda.
“Los proyectos en el Sur global corren el riesgo de recibir fondos insuficientes o cancelarse debido a las prioridades renovadas causadas por la guerra, que también están influenciadas por las evaluaciones de la eficacia de los proyectos de desarrollo a largo plazo. Estas prioridades tienen consecuencias: al desviar la financiación para el desarrollo a largo plazo de regiones inestables como el Sahel, las causas profundas de la violencia seguirán sin abordarse”.
Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.
